Transición
Teófilo del Valle, la primera víctima de la violencia política de la Transición

En 1976, unos meses después de la muerte del dictador, el Estado español se vio atravesado por una serie de revueltas sociales y sindicales que fueron violentamente reprimidas por la Policía Armada, más conocida como ‘los grises’. El 24 de febrero de ese mismo año, en Elda (Alicante), un joven de 20 años  participaba en una movilización del sector del calzado. A la conclusión de la misma, sobre las diez de la noche, fue perseguido por la policía y, en la calle San Roque de la localidad, acabó abatido con seis tiros por la espalda. Era Teófilo del Valle, y su asesinato inauguraba el periodo de violencia política que acompañó la toma de posesión de Juan Carlos I.

Hoy, 48 años después de lo ocurrido, la familia de Teófilo busca hacer justicia con la presentación de una querella criminal por crímenes de lesa humanidad en concurso con asesinato contra toda la jerarquía policial, desde el ejecutor de los disparos hasta el entonces ministro Martín Villa, con el fin de que se realice una investigación en condiciones y se conozca la verdad de lo que pasó aquel 24 de febrero, apenas una semana antes de los conocidos como Sucesos de Vitoria, uno de los episodios más célebres de la violencia política de la Transición donde otros cinco trabajadores perdieron la vida a manos de la Policía Armada.

En el caso de Teófilo del Valle, la querella la interpone el hermano de la víctima, José Antonio del Valle, quien en videoconferencia desde Uruguay ha expresado este jueves, durante la presentación pública de la denuncia, que el objetivo de la misma es “reivindicar la verdad, la memoria de Teófilo y que se haga justicia”.

Durante la rueda de prensa de presentación de la denuncia, el querellante ha estado acompañado por el realizador del documental ‘Las tres muertes de Teófilo del Valle’, el realizador eldense Manuel de Juan Navarro; la abogada ponente de la denuncia, Aràdia Ruiz de la cooperativa El Rogle; el letrado de la Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA), Jacinto Lara; con la conducción de la periodista y activista alicantina Llum Quiñonero.

José Antonio del Valle, hermano de la víctima, asegura que el juicio que se celebró hace 48 años “fue una pantomima, no hubo justicia de ningún tipo y la familia quedó totalmente indefensa”

José Antonio del Valle asegura que el juicio que se celebró hace 48 años “fue una pantomima, no hubo justicia de ningún tipo y la familia quedó totalmente indefensa”. Al respecto, ha explicado que sus padres trataron de poner un abogado “para que defendiera los intereses familiares”, pero “no se aceptó en ningún momento, no supimos ni la fecha del juicio, ni la resolución, en ese momento nada, a mis padres no se les facilitó nada”, por lo que ha lamentado que “se fueron al otro mundo desconsolados”.

El hermano de la víctima explica que conoció las circunstancias de la muerte de su hermano y el procedimiento judicial posterior a raíz del documental del realizador eldense Manuel de Juan Navarro, quién se ha dedicado a bucear en los expedientes judiciales del proceso para reconstruir tanto el asesinato como el procedimiento judicial que concluyó con la impunidad de los responsables, pues el ejecutor de los disparos, el policía Daniel Aroca del Rey, apenas cumplió dos meses de prisión atenuada por lo ocurrido.

El ejecutor de los disparos, el policía Daniel Aroca del Rey, apenas cumplió dos meses de prisión atenuada por lo ocurrido

Manuel de Juan Navarro ha detallado durante la presentación de la querella que “las pruebas de lo que pasó aquella noche se han mantenido intactas gracias al tesón del juez Agustín Ferrer, el juez de instrucción”, el único magistrado que realizó una investigación forense recabando pruebas de lo ocurrido que le llevaron “a la convicción total de que no había habido un disparo al aire donde murió un manifestante, sino que verdaderamente había sido un homicidio”. Al respecto, Navarro ha asegurado que “a ese juez se le presionó para que esas pruebas fueran destruidas, y su tesón y profesionalidad nos han permitido conocer ahora la verdad y la realidad de aquella muerte”.

Por su parte, Aràdia Ruiz, abogada de la cooperativa El Rogle, quien ha participado en la redacción de la querella, ha matizado que la denuncia se presenta “contra toda la cadena de mando que entendemos que acabó desembocando en el asesinato de Teófilo”, y en ese sentido ha señalado a Daniel Aroca del Rey, que fue el policía armado con destino en la segunda compañía de la 32 bandera de las fuerzas de la Policía Armada en el momento de los hechos, que fue quien realizó los disparos; a Laureano Ballesteros Carbajo, que era sargento de la Policía Armada en el momento de los hechos; Carlos Holgado Marín, capitán de la Policía Armada, al frente de la segunda compañía de las Fuerzas de Policía Armada; Benito Sáez González-Elipe, el gobernador civil de Alicante y Autoridad superior de la Policía Armada en el momento de los hechos; y contra Rodolfo Martín Villa, ministro de Relaciones Laborales en el gobierno de Carlos Arias Navarro.

Argumentación de la querella

Respecto a la argumentación de la querella, la abogada ha remarcado que “trata de rebatir todos los argumentos que sabemos que ya nos van a decir de antemano” para intentar archivarla, señalando como primer óbice la existencia de la Ley de Amnistía, una ley que “entendemos que es una ley que ya nació nula de pleno derecho” al ser posterior a la ratificación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, un acuerdo que “no contempla que un estado democrático pueda tener leyes de amnistía”, ha expresado.

En el mismo sentido, Aràdia Ruiz ha indicado que, pese a que la Ley de Amnistía sigue vigente hoy en día, “esta ley no prohíbe la investigación, como mucho prohibiría la condena”, por lo que, a pesar de que un procedimiento así llevaría igualmente a la absolución de los acusados, “el simple hecho de que ya hubiera habido una investigación de la verdad judicial en los juzgados ya sería una gran reparación para las víctimas”, ha señalado la abogada.

La querella tratará de rebatir el principio de legalidad penal, dado que en el momento en que se produjeron los hechos los crímenes de lesa humanidad no estaban tipificados, y atendiendo al principio de retroactividad penal no es posible condenar a nadie

Además, la abogada ha indicado que la querella tratará de rebatir el principio de legalidad penal, dado que en el momento en que se produjeron los hechos los crímenes de lesa humanidad no estaban tipificados, y atendiendo al principio de retroactividad penal no es posible condenar a nadie por estos crímenes. No obstante, Ruiz ha remarcado que “la judicatura está obviando que España sí que estaba vinculada a la costumbre internacional desde el año 1899 y a los principios de Núremberg desde 1946, los cuales sí que regulan los crímenes de lesa humanidad, con lo cual hay derecho, existe ley para poder utilizar esta vía jurídica en nuestras querellas”.

Respecto al argumento relativo a la prescripción del delito, la abogada ha señalado que “se está obviando que son crímenes de lesa humanidad”, por lo que en virtud de legislación como la recogida en el artículo 29 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, los crímenes de lesa humanidad nunca prescriben.

Otra peculiaridad de este proceso respecto a otros similares es que en este caso ya hubo un procedimiento judicial. “Esto es una traba más que se nos pone, porque hay un principio que se llama non bis in ídem, que dice que no se puede juzgar dos veces lo mismo por los mismos hechos”, ha indicado la abogada, matizando no obstante que “tenemos de momento una Ley de Memoria Democrática estatal aprobada, esta ley declara nulos todos los juicios producidos en etapa franquista”, por lo que “aplicando esta ley todo el procedimiento judicial lo podemos declarar como nulo”, estando todavía “a tiempo para iniciar una investigación por asesinato desde cero”, ha señalado la letrada.

“Clama al cielo y llama realmente la atención que el Estado español, por exactamente los mismos crímenes producidos en otros sitios del mundo, sí que hubiera condenado a Pinochet y Scilingo por crímenes de lesa humanidad e incluso desestimó el Decreto Ley de Amnistía chileno”, ha explicado la abogada de El Rogle, al tiempo que se ha preguntado “por qué en unos casos sí que lo juzgan y en casa decidimos no juzgarlo”, señalando que “esto demuestra que no es un tema de que falten leyes, no hace falta aprobar nada, no hace falta modificar nada”, pues a su juicio se trata de “una cuestión de voluntad política el hecho de que los crímenes del franquismo, aún hoy en día, queden impunes”.

Recorrido de la querella

En cuanto al recorrido que puede tener esta nueva querella, Aràdia Ruiz ha señalado que las perspectivas son “complejas”, pues este tipo de procedimientos suelen concluir con el archivo de las diligencias, no obstante Ruiz ha indicado que en el Tribunal Constitucional hay magistrados que “emanaron sus votos particulares diciendo que si hubiera sido por ellos sí que se investigarían estos crímenes de lesa humanidad”, con lo cual, “poco a poco la brecha de la impunidad parece que la vamos abriendo”, ha indicado la abogada, expresando a su vez su esperanza de que “el caso de Teófilo del Valle sea un martillazo más”.

Por último, a preguntas de la prensa sobre cuántas querellas de este tipo han prosperado, el abogado de CEAQUA, Jacinto Lara, ha explicado que de momento “está admitida a trámite inicialmente una única querella, la de Julio Pacheco, el resto están inadmitidas a trámite todas las querellas que se presentaron con posterioridad”, por lo que ante la pregunta de si ha prosperado alguna, el letrado ha indicado que “no, en realidad ninguna”.

Jacinto Lara: “quizás si durante estos últimos diez años hubiésemos tenido unas resoluciones judiciales donde los crímenes franquistas fueran calificados como crímenes contra la humanidad, se hubieran incoado diligencias de investigación

Al respecto, Lara ha subrayado que “quizás si durante estos últimos diez años hubiésemos tenido unas resoluciones judiciales donde los crímenes franquistas fueran calificados como crímenes contra la humanidad, se hubieran incoado diligencias de investigación y se hubiesen dictado resoluciones conforme al Derecho Internacional, los Derechos Humanos y el Derecho Penal Internacional”. Y en el mismo sentido ha remarcado que, de haberse dictado dichas resoluciones “no estaríamos hablando ahora mismo de proposiciones de ley como las leyes de Concordia o la derogación de leyes de memoria autonómicas”.