Trabajo sexual
Trabajadoras sexuales advierten en una carta a la ONU de que la ley de libertad sexual las criminaliza

Con el Anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual (APLO-LS), elaborado por el Ministerio de Igualdad, en trámite previo a su presentación al Congreso de los Diputados, diversos colectivos de trabajadoras sexuales de Estado español han dirigido una carta a la relatora sobre Derecho a la Salud de la ONU, Tlaleng Mofokeng, en la que muestran su preocupación por la amenaza a sus derechos que supone el Anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual (APLO-LS).

En la misiva, los colectivos —que recuerdan que muchas de estas trabajadoras están en situaciones especialmente vulnerables por ser mujeres transgénero o migrantes— reflejan su preocupación por cómo se ha desarrollado el texto de la ley, conocida como la ley del “solo sí es sí”, de la que salió a la luz un segundo borrador tras el proceso de audiencia pública que incluía algunos cambios, entre ellos la penalización de la llamada “tercería locativa”, un cambio que prohibiría que un tercero, el proxeneta o el dueño de un local, se lucre con la prostitución, según explicó el Ministerio de Igualdad cuando dio a conocer este segundo texto.

Las firmantes de la carta a la relatora —Prostitutas de Sevilla (CPS), Las Putas Libertarias del Raval (Barcelona) y la Sección de Trabajadoras Sexuales de la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC)— quieren llamar la atención de la relatora internacional sobre este y otros aspectos que les afectan directamente. Se trata, explican, de “diversas disposiciones que pueden llevar a la criminalización de las trabajadoras sexuales, con impactos graves en su derecho a la salud, vivienda y a la no discriminación, cuestiones que nos preocupan directamente si llegara a ser el texto final de la ley”. Además, muestran su preocupación por la introducción de estos cambios después del período de participación, lo que les impide hacer observaciones o recomendaciones al nuevo texto como colectivo afectado.

La disposición del anteproyecto de ley que más preocupa a los colectivos es la llamada tercería locativa

La disposición del anteproyecto de ley que más preocupa a los colectivos es la llamada tercería locativa, que propone introducir un nuevo artículo 187 bis del Código Penal a través del cual el alquiler de inmuebles o establecimientos para el ejercicio de la prostitución será castigado con la pena de prisión de uno a tres años. Argumentan que las trabajadoras sexuales que desarrollan su actividad por su cuenta suelen alquilar pisos o habitaciones como una manera de ejercer de manera segura, por lo que, indican, esta disposición está fuera de la realidad: “Ya existió en el pasado con el Código Penal de 1973 cuando la prostitución se consideraba una actividad inmoral, y se despenalizó con la aprobación del llamado Código Penal de la democracia en el año 1995”. Por tanto, consideran la propuesta del anteproyecto de ley que “lejos de ser una propuesta novedosa, es una vuelta al pasado y una regresión de derechos para las trabajadoras sexuales”.

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Kenia García, portavoz de la campaña por la regularización de las personas migrantes en el Estado español y miembro del Colectivo de Prostitutas de Sevilla, explica cómo ha afectado la emergencia sanitaria al colectivo al que pertenece y de los avances de la campaña en la última semana.

Alertan también sobre la definición de la explotación de la prostitución ajena, que entiende que “hay explotación cuando exista aprovechamiento de una relación de dependencia o subordinación”. Las firmantes consideran imprecisa esta definición, porque daría lugar a excluir el consentimiento de las trabajadoras sexuales, al parecer irrelevante para el Ministerio, cada vez que se establece el consentimiento de la persona que ejerce la prostitución y que se encuentra en situación de gran precariedad y dependencia, como podría ser las trabajadoras migrantes indocumentadas.

Además de que cualquier persona con responsabilidad en el uso de un inmueble para el ejercicio de la prostitución podría ser imputada con un delito, de la misma manera afectaría a “cualquier articulación entre mujeres para el uso de un espacio laboral compartido, pudiendo llegar a investigarse cada contrato de alquiler como un presunto delito por favorecer la explotación sexual de otra persona de acuerdo a la propuesta del anteproyecto”.

Esto también podría dar lugar a exponerlas ante posibles hostigamientos vecinales, o de arrendadores, aparte de lo que pudiera significar como antecedentes para abrirles expediente de desahucio “reforzando así, exponencialmente, la estigmatización y la clandestinidad de las trabajadoras sexuales, como ha ocurrido también en Noruega y en Argentina”, señalan en su carta.

Con todo ello, advierten los colectivos de TS a la Relatora Mofokeng, se está reforzando su estigmatización así como la precarización y violencia contra ellas “todo lo cual impacta directamente en nuestro derecho al nivel más alto posible de salud física y mental”. Observan que el estigma impide también el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva y para ello se apoyan en la confirmación que en su momento hizo el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (CESCR, por sus siglas en inglés) sobre que “la penalización de las actividades sexuales consentidas entre personas adultas viola la obligación de los Estados a respetar el derecho a la salud sexual y reproductiva”. El CESCR incluye referencias también a inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho a no padecer injerencias, así como  garantizar un sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud

Las trabajadoras reiteran que hasta hoy el Ministerio de Igualdad no les ha respondido a pesar de haber solicitado un encuentro en el cual poder transmitirle sus propias demandas

Los colectivos de trabajadoras sexuales reconocen en su carta algunos aciertos del anteproyecto de ley como el incorporar disposiciones relativas al consentimiento explícito en relación a la libertad sexual, así como eliminar las diferencias entre los delitos de agresión y abuso sexual, y establecer la creación de diversos servicios especializados de atención para las víctimas de violencia sexual.

Sin embargo, ven una deriva punitivista por parte del actual Gobierno de España “en medio de una iniciativa que debiera tener en el centro el reforzar el consentimiento y la autonomía de todas las mujeres”.  Insisten que “las políticas criminalizadoras que afectan directa o indirectamente al colectivo de personas que ejercemos el trabajo sexual vulneran nuestros derechos y nos exponen a mayores peligros de abusos, explotación y clandestinidad en todos los ámbitos de su vida, poniendo en riesgo, entre otros, nuestra salud física y mental y nuestro derecho a la vivienda”.

Por todo ello, los colectivos de trabajadoras sexuales piden a la Relatora Mofokeng y a otras expertas independientes instar al Ministerio de Igualdad “no solo a suprimir el Artículo 187 bis del Código Penal del APLO-LS sino también a diseñar políticas que garanticen nuestros derechos humanos y laborales como trabajadoras sexuales y como mujeres, políticas que han de ser diseñadas conjuntamente con los colectivos a quienes afectan”. Reiteran que hasta hoy el Ministerio de Igualdad no les ha respondido a pesar de haber solicitado un encuentro en el cual poder transmitirle sus propias demandas, reivindicaciones y propuestas.

Confían en la buena acogida de la Relatora sobre Derecho a la Salud de la ONU a esta petición porque reconocen en su trabajo un enfoque proderechos y de no criminalización del trabajo sexual y que ha hecho expreso en diversas ocasiones. Tlaleng Mofokeng es médica y fundadora de una organización por justicia en derechos reproductivos. El Ministerio de Igualdad, preguntado por este periódico, ha preferido no pronunciarse.

Carta a relatora de Salud ... by El Salto periódico