Trabajo sexual
Club de alterne Flowers: 90 euros al día por la habitación, hasta 15 horas diarias y una de descanso

Una hora de permiso para comer —asignada y previa petición—, limpiar la propia habitación —por la que pagan 90 euros al día a los que sumar los gastos por toallas y sábanas— y asumir la obligación de cobrar 5 euros extra a los clientes por cada media hora de más de uso de la habitación —y si no, pagarlo del propio bolsillo—. Son algunas de las condiciones de trabajo que soportan las trabajadoras sexuales del Club Flowers, un local de alterne ubicado en Las Rozas propiedad del Grupo Empresarial La Florida SL, y que el próximo viernes 16 de marzo se pondrán sobre la mesa en el juicio por la querella presentada por una de las trabajadoras, Evelyn Rochel.

La historia de Rochel en el Club Flowers duró 15 años. De origen colombiano y de 41 años de edad, Rochel trabajaba en este club como captadora de clientes y como camarera. Durante esos 15 años, también ejerció la prostitución en diferentes clubes del mismo grupo empresarial. El primero de ellos fue en Riviera de Castelldefels, la llamada “catedral del sexo de Catalunya”, también propiedad de los dueños del Flowers, según publicada en 2017 El Español. De ahí pasó a otro club más del mismo grupo, y ya, en 2014, al Club Flowers, en Madrid.

Las condiciones eran duras. Rochel vivía en la habitación 113 del club, pagando 90 euros al día de alquiler por su habitación, una suma a la que, además, se sumaban los gastos en toallas y sábanas —un mínimo de 2 euros por muda—. Los horarios que iban de las once hasta las 15 horas diarias de trabajo. “Hay muchas niñas que se drogan para poder aguantar tantas horas, yo no porque estaba muy centrada en el deporte”, explica Rochel a El Salto. “Pero ¿os obligaban a trabajar tantas horas?”, le preguntamos. Rochel explica que no, pero “te presionan: te llaman, te dicen que hay clientes; aunque no estés obligada, te sientes obligada”. 

Con los días libres, Rochel es tajante: “No existen”. ¿Por qué? “No existen días libres porque el día que no trabajas no ganas, y tienes que pagar igualmente la habitación. Pagábamos el derecho al coto de caza, tenemos que pagar para poder conseguir el cliente”, explica. 

Hay una conexión perversa entre estas normativas dirigidas a las chicas que trabajan en las calles y el impulso de los prostíbulos

Rochel señala que, aun así, prefiere trabajar en clubes de alterne por la sensación de seguridad. También apunta a las normativas municipales que en los últimos años se han enfocado en castigar a las trabajadoras sexuales de calle o a sus clientes. “Es una forma de empujarnos a que vayamos a trabajar a un club y paguemos al empresario, hay una conexión perversa entre estas normativas dirigidas a las chicas que trabajan en las calles y el impulso de los prostíbulos”. 

Organizadas contra el endurecimiento de las condiciones

El conflicto laboral comenzó en 2016, cuando los propietarios del club decidieron endurecer las condiciones laborales. A partir de entonces, las trabajadoras solo podrían ausentarse durante una hora para comer, y previa petición de un ticket en el que se le asignaba la hora de ausencia. También se disminuyeron las horas que la empresa pagaba por la limpieza del espacio, exigiendo que cada trabajadora limpiara su propia habitación tras cada servicio. La última modificación en las condiciones suponía obligar a las trabajadoras a que cobraran 5 euros extra al cliente por cada media hora de más en la habitación, poniendo la cantidad de su bolsillo si no lo hacían.

Rochel reunió a las cerca de 50 trabajadoras del club para pedir juntas que revocara las nuevas normas impuestas por el club

Rochel reaccionó ante las nuevas condiciones laborales reuniendo a las cerca de 50 trabajadoras del club para pedir juntas que revocara las nuevas normas, lo cual hizo, aunque sí comenzó a aplicarlas a las nuevas mujeres que llegaban a la empresa. Pero Rochel ya tenía los días contados en el club.

A mediados de febrero de 2017, a raíz de una discusión con un cliente, invitaron a Rochel a abandonar el club. La invitación la hicieron los gerentes del Club Flowers, Julián Cidoncha Ríos y Antonio Herrero Lázaro, condenado en mayo de 2014 por la Audiencia Provincial de Barcelona por inducción a la prostitución, asociación ilícita, cohecho continuado y uso de información privilegiada en relación al caso de Club La Riviera, en Castelldefels, que fue cerrado por orden judicial; condena que el Tribunal Supremo rebajó a una multa de 960 euros por hacer regalos a policías encargados de la inspección del prostíbulo. Rochel se atrincheró en su habitación hasta durante una semana, y lo abandonó escoltada por la Guardia Civil.

“Para Evelin, abandonar el club le suponía abandonar también el espacio en el que vivía. Esto es lo habitual en la prostitución, algo impensable en cualquier otra actividad económica”, señalan desde Hetaira, colectivo que subraya que, “además de quedarse sin trabajo y sin vivienda, su despido no vino respaldado por un finiquito, una indemnización o el derecho al paro” y que “por todos los años ejerciendo la prostitución en los clubes de las mismas personas, nunca, nadie, cotizó por ella a la Seguridad Social”.

Desde Hetaira explican que, desde hace unos años, y para “sortear” la Inspección de Trabajo, los propietarios de clubes de alterne siguen su propia estrategia para no tener que dar de alta a las profesionales como camareras de alterne. “No se abonan comisiones por las consumiciones que las trabajadoras propician que el cliente se pida en la barra y no se pueden acercar a ningún cliente a menos que éste haya encargado ya alguna consumición en la barra del local, con el fin de que el cliente tenga forzosamente que consumir para poder acceder a los servicios sexuales de las trabajadoras”, explican desde el colectivo en defensa de los derechos de las trabajadoras sexuales. “Los propietarios de clubes ganan, las y los profesionales del sexo continúan sin derechos laborales y, supuestamente, sin relación laboral con un empresariado que impone sus propias condiciones laborales empeorándolas cada día más, continúan.

Durante la semana de encierro en su habitación, Rochel llamó a la policía y Guardia Civil para informarles sobre su caso, pero le respondieron que “no valía la pena denunciar al dueño porque iba a quedar en nada”. Pero en 2017, apoyada por el colectivo Hetaira, denunció al grupo empresarial por violación a la dignidad, a la integridad física y psíquica y a la intimidad durante los años que trabajó en los distintos clubes de esta empresa.

Esto supone romper con esa puerta que parecía imposible de traspasar en cuanto a las condiciones laborales en los clubes de alterne en este país

“Lo más complicado y difícil en la prostitución es poder tener en tus manos un caso como el de Evelin”, señala Mamen Briz, portavoz de Hetaira. “Evelin es una prostituta que ha decidido plantar cara a este grupo empresarial en concreto, pero para nosotras supone romper con esa puerta que parecía imposible de traspasar en cuanto a las condiciones laborales en los clubes de alterne en este país, y si esta situación pueda cambiar será por la presión de las propias trabajadoras de estos clubes”.

Briz señala la fuerza de estos grupos empresariales. “Sabemos la cantidad de influencias que pueden tener, también la influencia que ejercen sobre las testigos. Estamos en una situación de espera, sin saber cuál puede ser la resolución, pero este juicio sí va a ir sentando precedentes en cuanto a que mujeres y hombres trabajadoras del sexo se animen a presentar este tipo de denuncias, ya que si no, será imposible romper con esta situación”.

Este juicio, según subrayan desde Hetaira, “virtualmente puede tener gran trascendencia jurídica y práctica sobre los derechos laborales de las prostitutas de clubs de alterne en el Estado español”. El colectivo explica que algunos de los temas que este juicio pondrá sobre la mesa es si existe relación laboral entre la trabajadora sexual y la empresa, si la actividad de alterne puede encuadrarse o no dentro de alguna categoría profesional del Convenio de Hospedaje de la Comunidad de Madrid —si se entiende que sí existe relación laboral— y si el empresario abuso de su superioridad para vulnerar los derechos fundamentales de la trabajadora al no haber al no haber una legislación clara que ampare sus derechos laborales.

“La piedra angular será el reconocimiento de la prostitución como trabajo, y cuando pasemos a esa fase y se entienda que se necesitan de derechos laborales y las trabajadoras del sexo se puedan incorporar al Estatuto de los Trabajadores, se pondrá freno a estas situaciones”, concluye Briz.

“Yo sé que este juicio no lo voy a ganar —señala por su parte Rochel—, pero al menos que la sociedad sepa lo que pasa debajo de su casa. Eso es lo que me interesa, que conozcan las condiciones de vida de miles y miles de mujeres que trabajan en estos locales”.