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¿Renovación en Bolivia?

Las elecciones generales bolivianas de 2020 supusieron el regreso al gobierno del partido Movimiento al Socialismo (MAS), depuesto por un golpe de Estado de la derecha. Desde entonces, el gobierno izquierdista de Luis «Lucho» Arce Catacora ha intentado fortificarse contra otra eventual campaña antidemocrática de desestabilización, proyectando para ello una imagen de unidad y fortaleza. Sin embargo, durante el mandato de Arce, las componentes internas del MAS se han vuelto cada vez más discordantes, lo cual ha propiciado que todas y cada una de las disputas surgidas entre sus facciones hayan sido amplificadas por unos medios de comunicación hostiles. Los respectivos partidarios del presidente Arce, del vicepresidente David Choquehuanca y del expresidente Evo Morales compiten actualmente por el poder, intentando superar a sus oponentes ante las elecciones de 2025.

Mientras tanto, las tendencias centrífugas de la derecha se han acentuado y las distintas corrientes se culpan mutuamente del ascenso de la izquierda. El resultado es un proceso continuo de fragmentación entre los dos grandes bloques políticos de Bolivia, ninguno de los cuales es capaz de articular un proyecto ideológico coherente. Las líneas divisorias históricas del país —aquellas que separan las ciudades del campo; las masas indígenas de las élites no indígenas; el sur y el este del país del norte y oeste del mismo; los medios de comunicación, las universidades y las clases medias de las confederaciones campesinas y los sindicatos de trabajadores; los capitalistas de los sectores agroindustrial, petrolero-gasístico y financiero del creciente proletariado informal— ya no encuentran una articulación política evidente en los dos campos opuestos. Bajo la división superficial que corre entre partidarios y opositores del MAS se esconde un mosaico más complejo de rivalidades y centros de poder.

En muchos aspectos, la desunión existente en ambos bandos se remonta al golpe de Estado de 2019. Morales, que fue impulsado al poder por las convulsiones revolucionarias del nuevo milenio, se había convertido en el presidente más longevo de Bolivia y constitucionalmente no podía optar a la reelección. Sin embargo, en 2016 intentó saltarse estos límites mediante una serie de manipulaciones jurídicas y políticas. En febrero de ese año, convocó un referéndum para decidir si modificaba la Constitución a fin de poder presentarse a un cuarto mandato. Cuando el 51 por 100 del electorado votó «No», hizo caso omiso de los resultados y se presentó de todos modos a las elecciones presidenciales, basándose en un dudoso veredicto legal del más alto tribunal electoral del país. Este fiasco se convirtió en una llamada a las armas entre los rebeldes de clase media y los comités cívicos regionales empeñados en derrocar al MAS.

“Resulta simplista entender el golpe en Bolivia solo como una confabulación de la oligarquía”

Bruno Aste Leiva

América Latina

Albert Noguera “Resulta simplista entender el golpe en Bolivia solo como una confabulación de la oligarquía”

Bruno Aste Leiva

Albert Noguera es el autor de ‘El retorno de los humildes. El proceso de cambio en Bolivia después de Evo’ (Akal, 2022). Le entrevistamos con motivo de la publicación del libro.

El sistema electoral boliviano exige que el principal candidato a la presidencia obtenga más del 50 por 100 de los votos, o bien más del 40 por 100 de los mismos más un margen del 10 por 100 de ventaja sobre el segundo candidato para evitar una segunda vuelta. En la noche de las elecciones generales celebradas a finales de octubre de 2019, el recuento del «conteo rápido» indicaba que Morales había obtenido el 45 por 100 de los sufragios frente al 38 por 100 obtenido por el segundo candidato de centroderecha, Carlos Mesa. Después, tras un inexplicable retraso de veintidós horas, el recuento actualizado indicaba que Morales disfrutaba de una ventaja sobre Mesa de más de diez puntos, obviando la necesidad de la segunda vuelta.

Con Morales y su círculo íntimo exiliados en México y Argentina, la tarea obvia de Áñez era desmantelar los elementos estatistas de la era del MAS, como la cuasi nacionalización de los hidrocarburos

El cambio tardío de votos a favor de Morales era plausible, dada la demografía de las regiones en las que las papeletas se contaron más tarde en el proceso de recuento, pero el retraso entre ambos creó la impresión de juego sucio. Aunque no pudo aportar pruebas, el conjunto de la oposición denunció fraude, al igual que la Organización de Estados Americanos. En todo el país estallaron violentas protestas contra Morales y la extrema derecha de las tierras bajas del este, respaldada por el ejército y la policía, lanzó un golpe blando que forzó su dimisión. El golpe era de composición pequeñoburguesa y mestiza, con algunas capas plebeyas arrastradas por la histeria desatada contra el MAS. Su grito de guerra era de pura negación: «Fuera Evo». Sus dirigentes nunca propusieron un programa alternativo positivo. Sin embargo, no había duda alguna en cuanto a los intereses que servían: los del capital agroindustrial, financiero y petrolero-gasístico.

Los golpistas consiguieron instalar en la presidencia del país a Jeanine Áñez, una senadora católica ultraconservadora de Beni, cuyo partido sólo había obtenido el 4 por 100 de los votos las recién celebradas elecciones. Con Morales y su círculo íntimo exiliados en México y Argentina, la tarea obvia de Áñez era desmantelar los elementos estatistas de la era del MAS, como la cuasi nacionalización de los hidrocarburos, y revertir los derechos colectivos indígenas. Dado el estupor momentáneo que embargó a las clases populares y el estado de debilidad de las fuerzas de izquierda tras años de integración clientelar en el Estado durante el mandato de Morales, Áñez tenía a su disposición las herramientas para la restauración oligárquica.

Sin embargo, su régimen se vio socavado desde el primer momento por sus propios excesos ideológicos y prácticos: sobre todo, la represión estatal —36 asesinados, 80 heridos, cientos de detenidos y exiliados— y la ineptitud burocrática frente a la pandemia de la covid-19. Añez no tenía plan alguno para construir un Estado de derecho, ni para crear una base de apoyo viable y gestionar así la inestabilidad económica del país. Por el contrario, su gobierno se caracterizó por el despliegue de una brutal violencia estatal, la corrupción descarada, la incompetencia administrativa y un colosal deterioro del nivel de vida de la población, ya que la tasa de crecimiento se desplomó en 2020 y más de tres millones de bolivianos y bolivianas no pudieron satisfacer sus necesidades nutricionales básicas. El gobierno también desató una nueva y virulenta ola de racismo antiindígena en el seno de la sociedad civil, con los silbatos para perros de los funcionarios estatales como banda sonora.

Elementos de la clase media «indecisa», que se habían escorado hacia la derecha en apoyo del golpe de Estado volvieron a apoyar a Arce, que se benefició de convertir la crisis económica en el tema central de su campaña

De este modo, Áñez propició de inmediato la creación de un conglomerado de trabajadores y campesinos articulado en una poderosa fuerza de oposición, al tiempo que perdía la lealtad de los estratos pequeñoburgueses que habían apoyado originalmente el golpe de Estado. En medio de las crisis económica y sanitaria en curso, sectores significativos de la nueva clase media, forjada durante el periodo de expansión económica auspiciado por Morales, se horrorizaron al verse devueltos a la condición de proletarios o de lumpen. Al mismo tiempo, los movimientos sociales y sindicales, que inicialmente tardaron en responder al golpe, consiguieron unir sus fuerzas, levantando barricadas en las calles e interrumpiendo las cadenas de suministro. Cuando llegaron las elecciones generales de diciembre de 2020, los golpistas, tras fracasar en su intento de impedir la candidatura del MAS, se habían dividido en tres campañas presidenciales rivales. La Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa, de centro-derecha, lideraba el pelotón, seguida de lejos por el ultraderechista Luis Fernando Camacho y tras ellos por Áñez, que vio las cosas claras y acabó retirándose de la contienda electoral.

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El covid-19, el pretexto para la represión de opositores políticos al Gobierno de Áñez en Bolivia

Lola Allen

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Bolivia

El covid-19, el pretexto para la represión de opositores políticos al Gobierno de Áñez en Bolivia

Lola Allen

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Jeanine Áñez se ha enfrentado a duras críticas nacionales e internacionales por utilizar la pandemia como una forma de consolidar su poder y reprimir a los rivales políticos.

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La totalidad de quienes habían participado en el desastre del gobierno de Áñez fueron debidamente castigados por el electorado. Arce devolvió al MAS a la presidencia con un decisivo 55 por 100 de los votos, mientras Mesa obtenía un mísero 29 por 100. El MAS ganó en cinco de los nueve departamentos, con mayoría en ambas cámaras de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Elementos de la clase media «indecisa», que se habían escorado hacia la derecha en apoyo del golpe de Estado volvieron a apoyar a Arce, que se benefició de convertir la crisis económica en el tema central de su campaña. Admitió los errores de los gobiernos previos del MAS, exigió la «renovación» nacional y prometió restaurar la estabilidad.

La nostalgia por los años de bonanza económica del primer periodo de gobierno de Morales (2006-2014) fue un fuego fácil de avivar. Arce podía traer a colación su mandato relativamente ortodoxo como ministro de Finanzas del MAS durante una época de altos precios de las materias primas, acumulación capitalista dinámica, beneficios históricos en los sectores extractivos y modestas mejoras en los niveles de vida de la clase trabajadora urbana y del campesinado. Al final, Arce obtuvo mejores resultados en todo el área occidental del país que Morales en 2019 e incluso en el departamento oriental de Santa Cruz, donde Camacho obtuvo el 45 por 100 de los votos, el nuevo presidente superó la cuota de votos previamente obtenida por Morales. Las encuestas habían indicado una modesta ventaja para el MAS en la primera vuelta, pero nadie anticipó esta rotunda victoria.

Morales seguía en el extranjero durante la votación de 2020, pero había elegido personalmente a Arce como candidato después de que David Choquehuanca hubiera sido propuesto por las bases, incluida la coalición de movimientos sociales conocida como Pacto de Unidad. Morales aceptó a regañadientes incluirlo en la candidatura ante la insistencia del Pacto de Unidad, mientras el eslogan de la campaña del MAS —«Lucho y David, un solo corazón»­— delataba cierta inquietud por las divisiones que se estaban produciendo en el partido. A diferencia de Choquehuanca, Arce no era indígena, nunca había mostrado ambiciones de liderazgo y carecía de base social propia, por lo que su capacidad para ocupar el lugar de Morales era cuestionable. Sin embargo, los resultados electorales dejaron claro que el masismo no podía reducirse al evismo. Su victoria demostró que era posible ganar sin el caudillo histórico del partido, al tiempo que evidenciaba la duradera popularidad del modelo plurinacional neodesarrollista del MAS.

Arce cumplió sus primeros compromisos políticos nada más asumir el cargo, incluidas la transferencia de aproximadamente 140 dólares mensuales a un tercio de la población

Arce se creció en La Paz, hijo de maestros, y se licenció en la Universidad Mayor de San Andrés, especializándose en contabilidad. Durante sus años universitarios estuvo brevemente afiliado al Partido Socialista-1, cuya estrella intelectual y política, Marcelo Quiroga Santa Cruz, había sido asesinada por la dictadura de Luis García Mesa en 1980, cuando Arce tenía 17 años. Pero, a diferencia de casi todas las demás figuras destacadas del MAS, Arce no tiene un historial real de participación en la política de liberación indígena, los movimientos sociales o la lucha sindical. Después de graduarse, trabajó en varios puestos en el Banco Central, haciendo un breve paréntesis para obtener un máster en Economía por la Universidad de Warwick.

Arce se convirtió en el primer ministro de Finanzas de Morales en 2006 y permaneció en el cargo durante casi toda la periodo de Morales, abandonando su cargo únicamente entre 2017 y 2019 para recibir tratamiento por un diagnóstico de cáncer de riñón. Como ministro de Finanzas, dirigió un barco hermético, aislando su Ministerio de la presión de los movimientos sociales y adhiriéndose rígidamente a los objetivos de lograr una baja inflación. Christopher Sabatini, investigador senior de Chatham House, lo describió como «una fuerza tecnocrática y moderada dentro del gobierno de Morales», que «mantuvo buenas relaciones con las instituciones financieras internacionales y con los inversores». Ni siquiera durante el periodo de los altos precios de las materias primas registrado entre 2006 y 2014 se produjo una transformación profunda de la estructura productiva del país, gracias en parte a las precauciones mostradas por Arce; sin embargo, la riqueza se distribuyó entre los más pobres mientras los precios de las materias primas se mantuvieron altos.

Ahora, dos años después del inicio de su mandato, ¿cómo podemos caracterizar la trayectoria de Arce? El presidente cumplió sus primeros compromisos políticos nada más asumir el cargo, incluidas la transferencia de aproximadamente 140 dólares mensuales a un tercio de la población, la creación de un impuesto simbólico sobre las grandes fortunas nacionales y la investigaciones sobre la represión del régimen de Áñez. Sin embargo, en general, su gobierno responde al patrón de una tecnocracia ordinaria carente de las aspiraciones transformadoras que el primer periodo de Morales despertó entre los pobres y los desposeídos bolivianos. Como ha señalado el sociólogo Vladimir Mendoza Manjón, la opinión predominante en el gabinete de Arce es que la era de la transformación se ha acabado. El período actual exige, por el contrario, una postura defensiva y administrativa: en el mejor de los casos, la consolidación de los logros anteriores en un contexto de condiciones materiales más complicadas.

El objetivo es otorgar prioridad a la estabilidad política y reactivar lentamente el proyecto de modernización capitalista neodesarrollista. Este es probablemente el único horizonte de posibilidad contemplado por Arce en ausencia de una presión seria de los movimientos sociales, cuyos partidarios han quedado aislados dentro del gobierno, dado que controlan únicamente los Ministerios de Educación y Cultura y de Desarrollo Rural. Mientras tanto, el Ministerio de Finanzas sigue sometido a la supervisión personal de Arce. Funcionarios de bajo nivel de la era Morales han sido ascendidos, mientras que prácticamente ningún responsable de la vieja guardia permanece en su puesto. Los evistas están totalmente ausentes del círculo íntimo de Arce. Al menos en este sentido, la «renovación» prometida ha comenzado en serio.

El líder de la ola democrática latinoamericana de las últimas décadas al que más se parece Arce es quizá el ecuatoriano Rafael Correa. Aunque carece de la inclinación represiva de este respecto a sus oponentes de izquierda, el planteamiento de Arce sobre el Estado es igualmente verticalista y economicista. Se basa en una planificación socialmente aislada, en concesiones pragmáticas al equilibrio de fuerzas (entendido estáticamente) y en soluciones técnicas a los problemas políticos. Sin embargo, Arce gobierna sin contar con nada parecido a la hegemonía disfrutada por Correa durante el periodo de auge de los precios de las materias primas. El descenso del precio de estas comenzó en Bolivia en 2014, impulsado por el desplome de los precios del gas natural, y su economía no dejó de decrecer hasta 2019, antes de contraerse drásticamente el 8,7 por 100 en 2020. Esta crisis no fue simplemente un efecto coyuntural de la pandemia; también fue el resultado de problemas estructurales subyacentes, incluido el fin del ciclo del gas. Los ingresos procedentes de las rentas del gas obtenidos por el Estado ascendieron a 3,5 millardos de dólares en 2013, pero a apenas 1,5 millardos en 2017. Los problemas estructurales de inversión en el sector gasístico han persistido desde la era Morales hasta la actualidad, registrándose déficits fiscales y comerciales crecientes durante los últimos años. Las reservas de divisas alcanzaron un máximo de 15 millardos de dólares en 2014, pero desde entonces se han reducido paulatinamente para financiar los compromisos de gasto público en un contexto de menores ingresos públicos.

Álvaro García Linera, que fue vicepresidente, afirma que Morales sigue siendo el «líder social y político» indispensable del partido, mientras que Arce es sólo el «líder político y gubernamental»

La reciente dinámica del mercado mundial ha tenido consecuencias negativas para América Latina y el Caribe, pero, por diversas razones, Bolivia ha sido hasta ahora un caso atípico. A escala regional, predominan las fuertes presiones inflacionistas, el débil crecimiento del empleo y la caída de la inversión. La guerra rusa contra Ucrania ha limitado el suministro internacional de alimentos y ha disparado los precios de la energía, agravando los problemas desencadenados por la pandemia y las secuelas del crac financiero de 2008. Como exportador de gas, sin embargo, Bolivia se ha beneficiado de la subida de los precios, transformando temporalmente su déficit comercial en superávit. Y como el país sigue produciendo internamente la mayor parte de sus alimentos y cuenta con controles selectivos de las exportaciones de determinados productos agrícolas, Bolivia ha logrado moderar las presiones sobre los precios de los productos alimentarios. Todo ello, junto con el antiguo subsidio público para el consumo doméstico de gas, ayuda a explicar por qué la tasa de inflación boliviana en 2022 fue la más baja de la región y por ende los índices de aprobación relativamente altos disfrutados por Arce. Durante la próxima década, la economía política del país y la lucha de clases de corte ecológico se verán condicionadas por la incipiente industria minera del litio. Pero este proceso está aún en sus inicios y es poco probable que desempeñe un papel importante en el actual gobierno.

Triángulo del litio: contaminación, colonialismo y excesos en la diagonal árida sudamericana

Cecilia Valdez

Extractivismo

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El área fronteriza entre Bolivia, Chile y Argentina contiene la mayor reserva de litio del planeta. La explotación de los yacimientos ha provocado un desembarco de multinacionales extractivistas que está dejando un reguero de problemas sociales y medioambientales en la zona.

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Aunque Arce se comprometió inicialmente a un solo mandato, todo parece indicar que intentará presentarse de nuevo en 2025, como permite la Constitución. Pero Morales, a pesar de tener índices de aprobación inferiores a los de Arce y Choquehuanca, conserva una poderosa capacidad de movilización social, sigue controlando el MAS y no excluye convertirse en su candidato en 2025. Cuando regresó del exilio en noviembre de 2020, cientos de simpatizantes indígenas salieron a las calles para recibirle. Al año siguiente organizó la espectacular Marcha por la Patria: una movilización que fue a la vez una defensa real del gobierno de Arce frente a las amenazas de desestabilización de la oposición y una señal al país —incluidos Arce y Choquehuanca— de que el expresidente todavía ejerce el tipo de poder social que es imposible tabular en los datos de las encuestas.

Álvaro García Linera, que fue vicepresidente del gobierno boliviano entre 2006 y 2019, afirma que Morales sigue siendo el «líder social y político» indispensable del partido, mientras que Arce es sólo el «líder político y gubernamental». Para García Linera el proyecto del MAS exige que ambos estadistas se articulen entre sí y con la laxa federación de organizaciones sociales ligadas al partido. Entre estos tres elementos, dice, «tiene que existir un conjunto de articulaciones, que no siempre son fáciles». No siendo ya presidente, Morales ha recuperado la retórica militante de los inicios de su carrera política, pero en términos políticos es dudoso que un nuevo gobierno de Morales difiera significativamente del de Arce. Después de todo, Morales prácticamente entregó la economía a Arce durante su mandato y dada la actual situación material implementar cualquier inclinación populista de izquierda constituiría una ardua batalla.

Desde su regreso a Bolivia, Morales ha trabajado diligentemente para recuperar la autoridad perdida. Superando la resistencia local, ha utilizado su posición como líder del MAS para dictar las listas de los candidatos del partido a las alcaldías municipales y a los puestos de gobernadores departamentales en las elecciones regionales. Durante este proceso, varias figuras de alto nivel han sido expulsadas del partido, entre ellas Eva Copa, presidenta masista del Senado durante el gobierno de Áñez, y Rolando Cuéllar, antiguo líder del Bloque Oriental del partido en Santa Cruz. (Copa se presentó en cambio bajo la bandera del partido Jallalla y obtuvo un mandato abrumador como nueva alcaldesa de El Alto). Aunque intenta evitar la impresión de una neta ruptura con el propio Arce, Morales ha criticado abiertamente a algunos de los ministros de su gabinete y ha hecho declaraciones crípticas sobre la presencia de una ostensible facción derechista dentro del gobierno a la que acusa de planear su marginación con la ayuda de elementos de las Fuerzas Armadas. Hasta ahora Arce ha hecho caso omiso de tales provocaciones, consciente de que, aunque el expresidente conserva una base de apoyo activa, su popularidad general ha disminuido considerablemente.

Choquehuanca fue anteriormente uno de los más cercanos confidentes personales y leales políticos de Morales; sin embargo, la pareja está ahora amargamente enfrentada. Tras la derrota en el referéndum de 2017, Choquehuanca insistió en la necesidad de encontrar un nuevo líder del partido, un puesto que solo él podía ocupar. Cuando se hizo evidente su ambición de sustituir a Morales, fue degradado de los escalones más altos a los más bajos del partido, siendo relegado de su cargo de ministro de Asuntos Exteriores a un puesto diplomático marginal. Morales también actuó contra otros antiguos aliados que habían apoyado la candidatura de Choquehuanca, quien ahora sabe que su carrera política está acabada si Morales logra volver a la presidencia. Está desesperado por evitarlo, ya sea reuniendo a las fuerzas de la «renovación» para bloquear la candidatura de Morales o, lo que es más probable, ayudando a dividir el partido una vez que Morales se haya asegurado la nominación.

Choquehuanca tiene una base social galvanizada en el altiplano aimara. Jugó un papel menor en la campaña electoral de 2020, pero según Pablo Stefanoni, uno de los observadores más agudos de la política boliviana, sus intervenciones ocasionales fueron decisivas para asegurar la lealtad de la base indígena del MAS y para recuperar a una parte de quienes se habían desilusionado con Morales. Choquehuanca es popular entre la generación más joven de militantes del MAS y entre los cargos intermedios del partido que, por una u otra razón, se han visto preteridos por la dirección nacional dominada por Morales. Choquehuanca formó parte del gabinete de Morales durante más tiempo que nadie, excepto Arce. Al principio, desempeñó el papel del antiintelectual, jactándose de que no había leído un libro desde hacía dieciséis años cuando asumió el cargo de ministro de Asuntos Exteriores. Ideológicamente, sin embargo, se adaptó más o menos plenamente al pragmatismo de la era de Morales. Si su política difiere de la de su antiguo jefe, es en su mayor simpatía subyacente por el nacionalismo aimara; sin embargo, en términos electorales, esto es en cierto modo un lastre, que restringe el núcleo de su base potencial al altiplano occidental. Es poco probable que su posible candidatura a la presidencia tenga éxito, siendo más plausible que asuma el papel de segundo de abordo en una eventual escisión del MAS liderada por Arce.

Como ha escrito el periodista Fernando Molina, la historia política boliviana está plagada de fragmentación social y conflictos caóticos, especialmente tras la salida de un caudillo importante, momento en el que se desatan las batallas por sucederle. La novedad del momento actual es que Morales fue excluido coactivamente del poder gubernamental y, sin embargo, sigue siendo un vector interno crucial, que define las coordenadas sociopolíticas generales del país.

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Si el MAS está, pues, dividido internamente, ¿qué ocurre con la oposición de la derecha boliviana? La escena política durante el mandato de Arce sigue acechada por los fantasmas del golpe de Estado de 2019. Decenas de exoficiales militares han sido encarcelados por su papel en el derrocamiento de Morales, incluidos los jefes de las Fuerzas Armadas y la policía. Áñez fue condenada a diez años de prisión, aunque sólo se la responsabilizó de los sucesos de noviembre de 2019 y no de las masacres de Estado que siguieron. Marco Pumari, expresidente del Comité Cívico del departamento de Potosí, está en la cárcel a la espera de juicio, acusado de provocar la quema y saqueo del Tribunal Electoral de su departamento en los prolegómenos del golpe. Mesa permanece judicialmente indemne, aunque su marca de centrismo desvaído se ha hecho cada vez más impopular.

Hasta hace muy poco tiempo, el ultraderechista Camacho había logrado evitar los cargos judiciales y fortalecer su posición. Fue elegido gobernador de Santa Cruz en marzo de 2021 y se convirtió en el rostro de un creciente movimiento de extrema derecha, que tiene especial peso político en Santa Cruz, Beni, Potosí y Tarija. Sin embargo, pocos días después de navidad, Camacho fue finalmente detenido por su papel en el golpe de Estado de 2019. Pasará los próximos meses en prisión en La Paz a la espera de juicio. Arce programó el arresto para acallar las críticas de Morales de que su gobierno se mostraba laxo en el trato a la oposición de derecha y para aprovechar las incipientes fracturas surgidas en la derecha local cruceña entre el conservadurismo tradicional de las tierras bajas y el radicalismo de Camacho.

Los disturbios en Santa Cruz revelaron el persistente poder territorializado de la extrema derecha en las tierras bajas orientales y su inquietante capacidad para organizar la violencia callejera

En octubre y noviembre de 2022 la extrema derecha lanzó un «paro cívico» de treinta y seis días contra el calendario del próximo censo nacional, paralizando de hecho la ciudad de Santa Cruz, motor económico de Bolivia. Varios meses antes, Arce anunció que retrasaría el censo dos años por incapacidad técnica. Desde el último censo de 2012, la población del departamento y de la ciudad de Santa Cruz ha crecido rápidamente, impulsada en parte por una importante migración desde el altiplano occidental. Como resultado, un nuevo censo conduciría invariablemente a un desplazamiento sustancial hacia el este de los recursos estatales y de los escaños legislativos. Las protestas de los cruceños estallaron al considerar que el retraso del gobierno era en realidad una toma de poder encubierta, diseñada para evitar alteraciones de recursos y escaños, que perjudicarían al partido gobernante en las elecciones de 2025.

Censo, polarización y fascismo en Bolivia. 36 días de paro en Santa Cruz

Huascar Salazar Lohman

Análisis

Censo, polarización y fascismo en Bolivia. 36 días de paro en Santa Cruz

Huascar Salazar Lohman

El censo de población tiene profundas implicaciones políticas y económicas para Bolivia, puesto que determina el equilibrio de poder de los territorios y las posibilidades de optar a recursos del Estado. En el departamento de Santa Cruz, controlado por la reacción, se ha levantado en una protesta por la postergación del censo.

El paro cívico fue organizado por el Comité Interinstitucional de Santa Cruz. Sus tres figuras principales eran Camacho, Rómulo Calvo, presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, y Vicente Cuéllar, rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Desde principios de la década de 2000, el departamento de Santa Cruz ha sido el centro de las luchas autonómicas regionales contra el poder centralizado del Estado, protagonizando constantes desafíos a Morales desde la derecha en forma de huelgas, concentraciones masivas y estallidos de violencia. (El intento de «golpe cívico» de 2008 marcó el punto álgido de esta tendencia.) En esta ocasión, la aplicación de la huelga en los mercados informales de la ciudad, predominantemente indígenas, corrió a cargo de bandas itinerantes de motoristas armados con machetes y garrotes —una característica de la política callejera de derecha practicada por Camacho—, así como de asaltos y robos coordinados por la protofascista Unión Juvenil Cruceña. Los pequeños vendedores opuestos a la huelga mostraron su resistencia allí donde pudieron, sobre todo en el distrito municipal obrero de Plan 3000, lo que provocó feroces enfrentamientos nocturnos, que contribuyeron a debilitar la huelga a finales de noviembre. Arce ha aceptado ahora adelantar el censo al 23 de marzo de 2024, garantizando que los resultados se tendrán en cuenta en las próximas elecciones.

Los disturbios en Santa Cruz revelaron el persistente poder territorializado de la extrema derecha en las tierras bajas orientales y su inquietante capacidad para organizar la violencia callejera. Sin embargo, también puso de manifiesto su incapacidad a la hora de proyectar su poder a escala nacional uniéndose a las fuerzas conservadoras más amplias del país o ganándose el apoyo del aparato de seguridad del Estado. A pesar de la retórica de algunos exponentes de la izquierda y de las ilusas fantasías de determinados representantes de la derecha cruceña, las movilizaciones cívicas de octubre y noviembre de 2022 nunca amenazaron con convertirse en otro golpe de Estado a gran escala. Las asociaciones empresariales de Santa Cruz sólo prestaron un tibio apoyo al paro cívico, cuando este se prolongó y la impredecible política callejera de Camacho se convirtió más en una carga que en una expresión de fuerza. La efímera unidad que permitió el derrocamiento de Morales en 2019 es ahora un recuerdo lejano. Sin la figura de Morales para proporcionar un objetivo y claridad de acción, la miríada de agrupaciones que componían la coalición golpista se fracturó de inmediato, persiguiendo cada de ellas sus propias prioridades particulares y específicas. Con la detención de Camacho, la élite cruceña tendrá que embarcarse en una nueva ronda de recomposición.

Sin embargo, aunque la derecha carece de un proyecto nacional viable, los masistas no deben subestimar a sus adversarios. Sus bases de poder territorial les permitirán lanzar acciones más desestabilizadoras. Cuentan con el apoyo del capital nacional e internacional y controlan los medios de comunicación y las universidades. Dadas las actuales condiciones de estancamiento y crisis, que el MAS no puede eludir fácilmente, sería imprudente suponer que la pequeña burguesía, la policía y los militares seguirán apoyando el orden constitucional. Sus lealtades son volubles y, a medida que cambien, también lo hará Bolivia.