Análisis
Censo, polarización y fascismo en Bolivia. 36 días de paro en Santa Cruz

Durante 36 días —del 22 de octubre al 26 de noviembre— la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra y algunas zonas aledañas, fueron tomadas por un “paro indefinido”, un eufemismo utilizado por las élites políticas de la región para nombrar a un conjunto de medidas, principalmente bloqueos de calles y carreteras, que afectaron con violencia y amenazas a la actividad cotidiana de importantes sectores de la población cruceña.

Este paro fue impulsado por el Comité Interinstitucional de Santa Cruz, una instancia de la sociedad civil que aglutina a los segmentos más conservadores y reaccionarios de la élite política y económica de esta región.

Es un grupo de poder que ha logrado relanzar su proyecto político de derecha radical durante los últimos años (en especial luego de la crisis política de 2019), en el marco de la exacerbación de la polarización que aqueja al país. Apoyando activamente a este paro se encuentra la Gobernación del departamento, a la cabeza de Luis Fernando Camacho.

El argumento que dio forma a esta medida es la postergación del Censo de Población y Vivienda, que debía realizarse el 16 de noviembre de 2022, según lo que el propio gobierno de Luis Arce Catacora decretó en 2021, ya que la Constitución Política del Estado establece que la encuesta censal deben realizarse cada 10 años.

Sin embargo, luego de una serie de situaciones poco regulares en los primeros meses del presente año, incluida la renuncia del presidente del Instituto Nacional de Estadística (INE), el pasado julio, el gobierno decidió postergar la realización de dicho empadronamiento hasta “mayo o junio” de 2024, pese a que un mes antes había vuelto a garantizar su realización en 2022 e, incluso, se habían aprobado millonarios préstamos con dicho objetivo.

Inmediatamente después de esta postergación, a nivel nacional, muchas instituciones de la sociedad civil, juntas barriales, municipios y gobernaciones se pusieron en alerta y amenazaron con medidas de presión para revertir este aplazamiento. Entre las principales instituciones estaba el Comité Interinstitucional de Santa Cruz.

¿Por qué un censo es un tema tan delicado?

Según la normativa de Bolivia, dos hechos fundamentales suceden —entre muchos otros— a partir de los datos que emergen de un censo. Primero, se definen los porcentajes de distribución de los recursos públicos que se destinarán a diferentes entidades políticas, que van desde las Organizaciones Territoriales de Base (OTB) —una forma de organización barrial— hasta los gobiernos departamentales. Más población en una entidad significa más recursos económicos.

Por otro lado, el censo permite que el Órgano Electoral Plurinacional reformule el nuevo rompecabezas de circunscripciones electorales que define la distribución de representantes a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Más población relativa implica tener un número mayor de representantes respecto a otros departamentos.

Es decir, el censo tiene profundas implicaciones políticas y económicas para el país.

Por ejemplo, entre otros sectores, se conoce que están muy interesados en este empadronamiento los barrios más pobres y nuevos de las ciudades. Una OTB que no tenga más de nueve o diez años de creación pero que ha tenido un rápido crecimiento poblacional, probablemente, en el presente, no se beneficie de ninguna transferencia de recursos debido a que su población no está empadronada. El censo se convierte, así, en una oportunidad para contar con recursos para alcantarillado, construcción de calles y otras medidas necesarias para el barrio. Lo mismo sucede con municipios y gobernaciones que, en términos relativos, han tenido un crecimiento poblacional superior a la media nacional.

Durante dos meses las grescas entre el gobierno y quienes estaban a la cabeza del paro en Santa Cruz escalaron

Así, la reivindicación en torno al Censo de Población y Vivienda tiene una dimensión de legitimidad que no puede ser desconocida. Responde a un principio básico de redistribución de recursos económicos y representación política en el marco de un Estado que se rige por un régimen democrático.

Sin embargo, en Bolivia existe una gran susceptibilidad respecto a esta temática. Hace 10 años se realizó un controvertido censo que fue duramente cuestionado por no haber cumplido una serie de criterios técnicos imprescindibles para garantizar la rigurosidad de una encuesta de esta naturaleza. Recientemente, el propio presidente Arce confirmó que aquel censo fue realizado sin una actualización cartográfica, lo que pone en duda su credibilidad.

Estos cuestionamientos técnicos, sin embargo, tienen un trasfondo político, ya que se acusó al gobierno de Evo Morales de generar un manto de opacidad sobre el censo de 2012 con el fin de beneficiar a municipios y gobernaciones en los que este partido tenía más apoyo electoral.

Por este precedente, distintos actores sociales reaccionaron inmediatamente frente a la postergación de la fecha del censo que debía realizarse este 2022, ya que no quedaba claro si los resultados censales finales estarían disponibles con suficiente antelación para modificar la distribución de los escaños electorales en las elecciones generales de 2025, lo que podría entenderse como una medida de manipulación electoral. Además, se retrasaría la redistribución de recursos económicos para las entidades políticas por más de dos años.

Es en este contexto que el Comité Interinstitucional de Santa Cruz logró sintetizar un reclamo en torno al proceso censal, lo que le permitió monopolizar la demanda e instrumentalizarla en función del poder de las élites regionales.

El paro promovido por la derecha cruceña

El lunes 8 y martes 9 de agosto de 2022, Santa Cruz paró por 48 horas. Esta medida se presentó como una amenaza de lo que vendría después: un “paro indefinido” si es que el gobierno no fijaba la fecha del censo, a más tardar, antes de finalizar el año 2023.

Eso no sucedió, y durante dos meses las grescas entre el gobierno y quienes estaban a la cabeza del paro en Santa Cruz escalaron. En ese periodo, el gobierno no hizo ningún esfuerzo real por desarmar esta medida que se presentaba inminente.

Esta situación acrecentó la sensación de polarización política que se ha establecido con mucha claridad en el país desde 2019, luego de la caída de Evo Morales en la crisis poselectoral y de la configuración de un escenario político regido por el discurso binario de golpe/fraude, que ha sido capitalizado, por un lado, por el gobierno de Morales y, por el otro, por todas las facciones liberales y de derecha del país, entre ellas la élite de Santa Cruz.

El día 4 de octubre, en un cabildo convocado por el Comité Interinstitucional, cientos de miles de personas se congregaron a los pies de la estatua del cristo en la ciudad de Santa Cruz, en respaldo a la propuesta de dicho comité, para iniciar un “paro indefinido” desde el 22 de octubre, con la consigna de que el censo se realice el año 2023.

La gente se ha encontrado en la obligación de trasladarse hasta sus fuentes laborales a pie o simplemente ha visto disminuir dramáticamente sus ingresos

Si bien estos cabildos no son espacios reales de deliberación, ya que las decisiones son tomadas de manera previa por las cúpulas que dirigen el Comité Interinstitucional, se convierten en una puesta en escena del músculo político que, en este caso, tenía este comité y los sectores allegados.

Desde los primeros días del paro, distintos sectores seguidores del Comité Interinstitucional —principalmente “clases medias” hacia arriba— tomaron las calles, avenidas y rotondas de la ciudad de Santa Cruz y de varias regiones en las que este comité ejerce algún tipo de influencia.

En muchos casos estas medidas se impusieron con violencia, improperios racistas y amenazas hacia los peatones, ciclistas y motociclistas. Algunos puestos de bloqueo se convirtieron en espacios de fiesta o rezos colectivos, mientras que muchos otros, con el pasar de los días, degeneraron en lugares de extorsión, que cobraban por el paso de vehículos y personas.

También se conoce que, en barrios residenciales, los vecinos encargados de sostener los puntos de bloqueo pagaban a otras personas —probablemente muchas de ellas sin trabajo por el mismo paro— para que se hagan cargo de estos bloqueos durante la noche, y así poder descansar.

En estos últimos años, y en especial estos meses que pasaron, el poder económico de Santa Cruz se ha actualizado en torno al núcleo político más rancio de las élites cruceñas

Como era de esperar, los sectores populares fueron los más golpeados, ya que su actividad laboral se ha visto afectada de manera significativa. La gente se ha encontrado en la obligación de trasladarse hasta sus fuentes laborales a pie o simplemente ha visto disminuir dramáticamente sus ingresos.

Por otro lado, es importante destacar que durante el paro operaron muchas actividades económicas destinadas a la dispersión de clases medias-altas, como cafés, restaurantes y otros establecimientos de este tipo.

También, las grandes empresas de Santa Cruz, así como la agroindustria, continuaron operando con bastante normalidad, muchas de éstas contaban con permisos específicos para ello, además que muchas de las zonas productivas están situadas fuera de las áreas de bloqueo. Así pues, los grandes intereses de las élites se han visto afectadas en menor medida.

Cuando el paro se levantó, la ciudad estaba devastada. No solo por las calles llenas de basura y obstáculos que sirvieron para los bloqueos, sino por la desesperación debido a las condiciones económicas que dejaron esos 36 días.

El paro terminó principalmente por la gran presión popular. Era insostenible. El Comité Interinstitucional no logró que el censo sea en 2023, aunque sí se aprobó en la cámara de diputados una normativa que establece que, aunque el censo será en 2024, se garantiza una redistribución de escaños antes de las próximas elecciones generales, así como una pronta reorganización del esquema de distribución de recursos económicos para las entidades políticas.

La actualización la derecha fascista de Santa Cruz

Este paro tuvo un trasfondo que va mucho más allá del censo: su impronta fascista. En estos últimos años, y en especial estos meses que pasaron, el poder económico de Santa Cruz se ha actualizado en torno al núcleo político más rancio de las élites cruceñas. Un núcleo que muchos pensaban como debilitado y/o marginado.

Luis Fernando Camacho y Rómulo Calvo (presidente del Comité Interinstitucional), que representan la veta más conservadora de estos grupos de poder, hasta hace unos años eran actores insignificantes en el escenario público nacional. Las dirigencias más “moderadas” –muchas aliadas explicitas del Movimiento Al Socialismo– habían ganado terreno.

Por tanto, vale la pena comprender cómo estas élites más conservadoras se han recreando y actualizando en los últimos tiempos, adquiriendo una dimensión fascista acorde al escenario de las derechas que emergen en toda la región latinoamericana

Las luchas sociales que se suscitaron a principio de este siglo debilitaron a la élite del oriente del país, una élite blanca, gamonal [cacique] y latifundista que operaba en una región de la cual se sentían dueños absolutos, y así lo hicieron hasta muy entrado el siglo XX. Luego, desde los años 80 y 90 mutaría hacia el gran desarrollo agroindustrial y a un conjunto de actividades derivadas de ella.

Para ello, estos grupos produjeron un discurso autonomista —e, incluso, secesionista—, promocionando una identidad camba-oriental, que articulaba también a las élites del departamento de Pando y Beni y, en menor medida, de Tarija.

Pero el ciclo de luchas populares que entre 2000 y 2005 cimbró el escenario nacional frente al neoliberalismo, también arrinconó a estas élites y devaluó su legitimidad simbólica en el interior de la sociedad boliviana.

Luego, en el marco de la negociación y disputa por la Asamblea Constituyente, en 2008, el sector más pragmático del empresariado cruceño pactó con el gobierno, desplazando a los sectores más ideologizados de esta derecha conservadora.

Este pacto con el MAS, que se consolidó progresivamente, marcó un punto de inflexión, ya que determinó que el partido de gobierno asumió como suyos los intereses de este sector, como se hizo evidente en la Cumbre Agropecuaria “Sembrando Bolivia” en 2015.

Aunque ya desde antes el gobierno venía aprobando una serie de normativas que beneficiaron a este sector, como la postergación de la Función Económica y Social de la tierra (que garantiza el latifundio en el país), o la legalización de desmontes ilegales (lo que convierte a Bolivia en uno de los países con la mayor tasa de deforestación per cápita del mundo), pasando por una serie de leyes y decretos contrarios a las aspiraciones históricas de los pueblos indígenas y sectores populares, así como contra los ecosistemas del país.

Era el momento en que el gobierno fue totalmente complaciente con la agroindustria oriental y se dirigía a ésta de la siguiente manera: “díganos que hay que hacer, que ley hay que cambiar, que procedimiento hay que modificar, que decreto hay que corregir”. No por nada, Julio Roda, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), en 2016, señalaba que Evo Morales había favorecido más a Santa Cruz que el mismo exdictador Hugo Banzer Suárez.

Sin embargo, por el otro lado, en un plano discursivo y en la búsqueda de legitimidad, el gobierno del MAS ha propiciado un juego peligroso. Desde el pacto con estas élites, recreó un discurso antagónico ante ellas, evocando heridas históricas, lo que le ha servido para reproducir imaginarios de lucha que, a su vez, han sido anulados y/o devaluados por el propio gobierno en ese momento.

Esta es una derecha cuyos rasgos fascistas van desde el hecho de que sus seguidores enaltecen símbolos y prácticas nazis, hasta la misoginia, el clasismo y el racismo con el que desprecian a los que consideran “collas”

Esta es la base de la polarización política sobre la que se ha sostenido la conflictividad social del país en los últimos años, y en especial en Santa Cruz. Ya que es en la acentuación de estos ataques discursivos –de ida y vuelta– que el núcleo conservador de Santa Cruz encontró la posibilidad de actualizarse y reafirmarse en el escenario local. Es decir, un juego de dos polos que se hostigan mutuamente frente a sus seguidores, pero que en el plano económico pactan sistemáticamente, recreándose estos extremos políticos como una estrategia de poder.

Pero lo anterior no sería posible sin la desarticulación de las resistencias y luchas populares.

Frente a la alianza del gobierno con las élites regionales de Santa Cruz, era de esperar que organizaciones como la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) o la Central de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC), entre otras, impugnaran estos pactos. Es por ello por lo que el gobierno arremetió contra las formas orgánicas de estas organizaciones. Lo hizo a través de la represión o de la generación de estructuras paralelas, como sucedió con la CIDOB luego del conflicto por el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). Con ello, el gobierno no solo se quitó un peso de encima, sino también se lo quitó a las élites del oriente boliviano que se habían visto presionadas por las luchas de estos sectores.

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Bolivia

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El discurso racista y la quema de whipalas, la bandera de los pueblos originarios bolivianos, eleva la tensión y los enfrentamientos tras la dimisión del Gobierno de Evo Morales. 

Con un poder económico creciente, con la desarticulación de las fuerzas populares que oponían resistencia y con la actualización simbólica y discursiva de un núcleo político que, finalmente, tiene rasgos fascistas y que se mantuvo latente gracias a la misma estrategia del gobierno del MAS, era de esperar que cuando el gobierno perdiese legitimidad —como sucedió cuando desconoció el referéndum de 2016, en el que ganó el No a la reelección indefinida—, este núcleo comenzaría a desplegarse paulatinamente y a capitalizar el malestar que fue generando el creciente autoritarismo del MAS. Ya para 2019 logró capitalizar la crisis política derivada de las fallidas elecciones generales.

Esta es una derecha cuyos rasgos fascistas tienen que ver con distintos elementos, que van desde el hecho de que sus seguidores enaltecen símbolos y prácticas nazis, hasta la misoginia, el clasismo y el racismo con el que desprecian a los que consideran “collas”. Pasando por un conjunto de prácticas autoritarias y violentas.

Llama la atención, además, cómo utilizan la religión como mecanismo de cohesión social. Desde pastores evangelistas hasta las vertientes más conservadoras de los grupos católicos, se unen a los cabildos y azuzan a la población a participar activamente de los mismos y de los bloqueos y actos promovidos por el Comité Interinstitucional, que, dicho sea de paso, también se auto considera como un “Gobierno Moral” de los cruceños.

Durante las semanas previas al inicio del “paro indefinido”, el MAS no hizo otra cosa que agravar el clima de confrontación

Por otro lado, también se debe tener en cuenta que este comité, en medio del paro por el censo, ha renovado la noción de federalismo o secesionismo, a partir de reposicionar la idea de que el departamento de Santa Cruz, al igual que Beni y Pando, han sido históricamente abandonados y menospreciados por el resto del país.

Es esta derecha, para nada democrática y profundamente violenta, la que se ha apropiado y posicionado sobre una demanda que tiene razón de ser y legitimidad social, pero que ha instrumentalizado con el fin de fortalecer la postura más conservadora de las élites cruceñas.

Para ello, nada le sirve más que la exacerbación del clima de polarización. Ya que eso también le permitió alargar este paro más allá de la demanda inicial de la fecha del censo. Eso es lo que ha venido sucediendo en las últimas semanas, cuando de una demanda se pasó a otras, dando continuidad a un clima de violencia y confrontación.

El cálculo político del MAS y su disputa interna

Durante las semanas previas al inicio del “paro indefinido”, el MAS no hizo otra cosa que agravar el clima de confrontación. Por un lado, no dio ninguna respuesta técnicamente aceptable que explicase por qué el censo debía realizarse en 2024 y menos por qué se garantizó un censo en 2022 que no podía ser realizado. Tampoco aclaró que la redistribución de recursos económicos sería rápida y menos que la nueva repartición de escaños se concretaría antes de las elecciones generales de 2025.

Es más, después de unas semanas, el propio expresidente Evo Morales confirmó que en su partido se consideraba problemática la redistribución de escaños antes del 2025, politizando un tema que debería ser considerado estrictamente técnico, lo que generó más tensión.

De la misma manera, llama la atención como, en distintos momentos, el MAS apostó por acentuar la confrontación a través de la movilización de sectores sociales afines al gobierno, para enfrentarse a quienes organizaban los bloqueos del paro. La policía operó como una instancia complementaria, que apoyó a estos sectores afines al partido de gobierno.

Esta es una estrategia utilizada por el gobierno del Movimiento Al Socialismo en varias oportunidades, propiciando enfrentamientos entre sectores de la sociedad civil o no haciendo nada por evitarlos, como lo sucedido en Cochabamba en enero de 2007, en El Porvenir (Pando) en 2008 y en varias regiones del país en 2019. O lo que pasó con el asesinato del viceministro Illanes, en 2016, cuando mineros cooperativistas lo secuestraron en medio de una movilización de dicho sector.

En estos casos, el gobierno ha buscado victimizar a algún movimiento social afín –aunque ello haya implicado muchos muertos– o victimizarse a sí mismo, para utilizar ese hecho como una excusa de intervención militar y policial, o como moneda de cambio para una negociación posterior.

Un día antes del paro indefinido (21 de octubre), sectores afines al MAS convocaron al “Cabildo del Pueblo”, que rechazaba las resoluciones del cabildo convocado por el Comité Interinstitucional y llamaba a la movilización social para enfrentar en las calles a los bloqueos. Al día siguiente, ni bien empezó el paro, los enfrentamientos civiles ya habían dejado un muerto en la localidad cruceña de Puerto Quijarro

Asimismo, el 25 de octubre, tres días después de iniciarse el paro indefinido, sectores cercanos al gobierno realizaron un cerco a Santa Cruz, es decir, un bloqueo a los bloqueadores, lo que incrementó aún más la tensión y los episodios de violencia, además que principalmente afectó al abastecimiento de los sectores más empobrecidos.

De la misma manera, cuando el paro ya venía desinflándose, el 11 de noviembre, grupos de choque afines al gobierno se enfrentaron con los bloqueadores del paro en zonas céntricas de Santa Cruz. Esta situación derivó en una gran escalada de violencia, incrementando los ánimos beligerantes del bando afín al Comité Interinstitucional, que se volcaron con mucha violencia a las calles e incendiaron las oficinas de la Federación Sindical de Campesinos de Santa Cruz.

Así pues, la violencia ha sido resultado también de la postura asumida por el gobierno central, que no intentó resolver este conflicto, sino instrumentalizarlo, mostrándose como la única opción contestataria a la postura de las élites cruceñas. De esta manera, sus acciones también pueden asumirse en muchas ocasiones como procesos de fascistización social, ya que se sostienen en la exacerbación de la violencia civil como un recurso de legitimación y gestión política.

Pero hay otro elemento con el MAS y que tuvo repercusiones importantes en este conflicto: la disputa al interior de este partido.

Es evidente que dentro del Movimiento Al Socialismo existen importantes contradicciones entre el bloque cercano al expresidente Morales y el otro que es afín al actual presidente, Luis Arce, y a su vicepresidente, David Choquehuanca.

Sin mucha claridad de lo que está en juego y cómo se están moviendo las fichas al interior del partido de gobierno, las acusaciones van en ambos sentidos, señalando que la “otra” facción habría negociado con la “derecha camachista”, además de otras acusaciones, como la que ambos bandos estarían vinculados al narcotráfico. Es decir, se observa una lucha intestina con una importante descomposición interna.

El problema es que el “paro indefinido” de Santa Cruz se ha convertido en una ficha más de esta disputa, lo que ha significado que, al interior del MAS, se antepongan los intereses partidarios a la situación de zozobra que afecta a la gente que vive las consecuencias del paro en su día a día.

Una situación política que busca silenciar voces críticas

Lo que hace la polarización política es producir una ilusión y una sensación de que la realidad se reduce únicamente a dos polos aparentemente antagónicos e irreconciliables entre sí.

Es un reduccionismo violento, que intenta obligar a que toda lectura sobre lo que sucede deba interpretarse desde un tamiz relativo a uno de los dos polos. Así, se silencian las voces que critican está lógica binaria, se las trata de situar en uno de los polos y cuando no logran hacerlo, se las oprime.

Complejizar el análisis permite comprender que lo que sucede en realidad es una situación de violencia y polarización derivada de la disputa por el poder estatal entre partidos y grupos de poder. A ellos, en realidad, lo último que les importa es lo que les pasa a las personas en su diario vivir.

Al final de cuentas —como la historia lo demuestra—, son los sectores más empobrecidos quienes ponen la vida y el hambre, mientras que quienes toman las decisiones terminan pactando sobre los muertos, heridos y la pobreza de la gente.

Lo llamativo ha sido cómo muchas voces críticas, gran parte de ellas cercanas al MAS, han perdido fuerza debido a la propia disputa interna de este partido. En muchos casos, solo han atinado a criticar al paro y al Comité Interinstitucional, sin nombrar la responsabilidad que tiene el Movimiento Al Socialismo en todo este conflicto.

Ahora bien, se debe tener en cuenta que una vez que el paro fue levantado, el núcleo fascista de las élites de Santa Cruz ha retomado mucho terreno y se encuentra con más vigor que hace unos meses atrás.

Este motivo de preocupación va mucho más allá de la miope disputa interna del MAS y de sus aspiraciones electorales. Este partido está jugando a ganar una elección en 2025 y a posicionar a un candidato –cualquiera que sea–, pero lo hace sobre la base de que el pueblo boliviano pague un alto precio: el reposicionamiento de una derecha rancia cada vez más fuerte que va tomando forma no solo en el departamento cruceño, sino también en el resto del país.