Servicios públicos
Las trabajadoras sociales denuncian la privatización y la saturación de los servicios públicos madrileños

Unas 500 personas se han concentrado este lunes en la Plaza de la Villa de Madrid para denunciar el deterioro de los Servicios Sociales municipales y el avance de la gestión privada en una red esencial para la atención a la infancia y a las personas en situación de vulnerabilidad. La movilización, impulsada por la Plataforma de Servicios Sociales Públicos y apoyada por los sindicatos CNT, CGT y CCOO, coincidió con la celebración de la Comisión de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento y la participación del delegado del área, José Fernández. En forma de respaldo también estaban otras empleadas de centros ya externalizados por el ayuntamiento que dependen de empresas privadas, las trabajadoras de los Espacios de Igualdad y las profesionales de educación infantil de cero a tres años que también están en lucha. 

Irene Beltrán, portavoz de la Plataforma de Servicios Sociales Públicos, explica a El Salto que la movilización surge para denunciar la situación de los centros de infancia y “las privatizaciones que el Ayuntamiento ha querido encubrir”. Actualmente, Madrid cuenta con 12 Centros de Atención a la Infancia (CAI), de los que solo tres mantienen una gestión pública directa. Esto podría dejar de ser así, según las trabajadoras, si se cumplen los planes del ayuntamiento: abrir el CAI número 13 en Vallecas y un centro especializado en la Declaración Administrativa de Riesgo. A este último se irían las 38 personas funcionarias que tienen actualmente los CAI 1, 2 y 3, que pasaría a estar gestionado por una empresa con empleados contratados.  

“Lo venden como una ampliación de los recursos públicos pero se externalizan los únicos CAI públicos que quedaban”, comenta Mónica Gamero, también de la plataforma. Para esta profesional ha habido, además, una falta de información sobre el proceso y muchas dificultades para abrir una negociación con el Ayuntamiento. “Es una realidad que hemos intentado abrir caminos de negociación, pero nunca nos han hecho una comunicación directa, nos hemos enterado por las noticias”, explica. Según relata, solo mantuvieron una reunión en mayo, después de que las propias trabajadoras acudieran a los despachos municipales, sin que se produjera una comunicación clara sobre los cambios previstos. “A día de hoy no sabemos cuáles serán nuestras funciones, cómo cerrar con las familias que llevamos, cómo va a ser el traspaso”, señala. 

Las profesionales, añade, tienen vocación por su trabajo y quieren que el cambio se haga “lo mejor posible”, pero reclaman información y garantías sobre el futuro de los centros y de las familias atendidas. En concreto, Gamero pone el foco en las consecuencias que la externalización puede tener sobre la atención a la infancia. “Repercute, en el caso de la infancia de los CAI, supone un maltrato institucional”, afirma y que “las rotaciones tan altas por las condiciones tan malas generan que el vínculo terapeuta, que es fundamental, no se garantice», advierte Gamero. La portavoz recuerda que muchas familias llegan a estos recursos con reticencias y que “sin un trabajador de referencia no se puede vencer” esa desconfianza. La estabilidad de las profesionales resulta así fundamental para poder desarrollar una intervención que requiere tiempo y acompañamiento.

Sin seguimientos y centros cerrados por la tarde

Además de reivindicar la remunicipalización de todos los centros, la concentración ha reunido a las trabajadoras de los servicios sociales generales, que constituyen la primera puerta de entrada al sistema de protección social. “No están cubriendo bajas, vacantes, ratios insostenibles y agendas saturadas, entre otras”, denuncia Beltrán. La portavoz señala que la situación de los CAI no puede entenderse de manera aislada, sino que forma parte de una tendencia de empeoramiento de los servicios sociales municipales. El deterioro de los servicios sociales también se manifiesta en la atención primaria, la puerta de entrada de muchas familias al sistema. Varias trabajadoras de este ámbito que prefieren no dar su nombre explican a El Salto que la falta de profesionales y la sobrecarga de expedientes dificultan realizar el acompañamiento que necesitan las personas usuarias.

“Se ve que estamos cada vez más saturados”, relata una de ellas. “Acompañamos a familias para lograr cambios que fomenten su autonomía, pero la falta de profesionales lo dificulta”, indica su compañera. Denuncian que las ratios, las listas de espera y la sobrecarga profesional impiden desarrollar adecuadamente esa labor y repercuten también en la salud de quienes sostienen el servicio. 

“Si no llegamos a la cita cuando se va a renovar un alquiler, la familia puede estar en situación de calle cuando podemos atenderla”, denuncia una trabajadora social

“Solo atienden las urgencias, la prevención no la trabajan y llegan tarde al día a día”, resumen las trabajadoras y explican que las consecuencias de esta situación es el agravamiento de las condiciones de vida de las personas atendidas, especialmente afectadas por la crisis de la vivienda, problemas de salud o incluso por la situación de la Educación en la Comunidad de Madrid. “Si no llegamos a la cita cuando se va a renovar un alquiler, la familia puede estar en situación de calle cuando podemos atenderla”, advierte. Las trabajadoras denuncian que la saturación no solo afecta a los tiempos de espera, sino también a la posibilidad de intervenir antes de que una situación de vulnerabilidad se convierta en una emergencia.

“En atención primaria nos faltan compañeras con el número de expedientes que tenemos”, señala otra de las profesionales a este medio. La acumulación de casos genera un tapón en la entrada al sistema y dificulta la coordinación posterior con otros recursos: “Es muy difícil llevar luego un trabajo fluido con los demás recursos, hacer un plan de seguimiento cuando la siguiente cita es a cuatro meses”. Esta falta de personal ha hecho que en centros como Eduardo Minguito de Villaverde o Loyola de Palacios en Usera han tenido que cerrar por las tardes por falta de personal para cubrir ese turno. 

“Almeida siempre decide privatización, lo que supone una precarización de los servicios y de las trabajadoras”, denuncia Lucía Lois, de Más Madrid

Por su parte, el Ayuntamiento argumenta que el nuevo centro responderá a la Ley 4/2023 de la Comunidad de Madrid y que, por su relevancia, estará atendido exclusivamente por personal funcionario. Lo que sí reconoce el consistorio es que los tres centros que actualmente cuentan con gestión directa pasarán a un modelo de gestión indirecta. Para justificar esta decisión, recuerda que también se recurrió a esta fórmula durante el Gobierno de Ahora Madrid, bajo la alcaldía de Manuela Carmena, para los cuatro CAI abiertos entre 2016 y 2017. “Han venido a decir que de qué nos quejamos, que esto venía de Carmena, balones fuera”, denuncia Beltrán, que asegura que “dicen que no son los responsables”, en referencia a las explicaciones recibidas por parte del Gobierno municipal en la única reunión que han mantenido. 

Precisamente, esta concentración ha coincidido con la reunión de la Comisión donde estos los partidos de oposición han preguntado por la situación de los servicios sociales al responsable de área del Gobierno de Jose Luis Martinez Almeida. Según explica Gonzalo Maestro, delegado de la sección sindical de CNT en Servicios Sociales, las respuestas del Gobierno municipal se desviaron hacia la crisis de Ceuta. Lucía Lois, concejala de Más Madrid, ha participado en la denuncia de la privatización y ha asegurado que “Almeida siempre decide privatización, lo que supone una precarización de los servicios y de las trabajadoras”. 

Desde Más Madrid sostienen que el Gobierno de Almeida ha decidido sumar los tres centros públicos a los nueve de gestión privada que ya existían en la capital. La formación denuncia que el cambio puede implicar “salarios bajos, rotación constante de profesionales y un peor servicio” y critica que el Ayuntamiento presente la reorganización como una mejora mientras, a su juicio, se pierde continuidad en la atención a menores vulnerables.

La lucha por unos servicios públicos de calidad lleva meses en pie con la denuncia de los pliegos de los servicios ya externalizados o con las políticas que no favorecen el bienestar de las personas más vulnerables. Ese fue el caso de los desalojos y la llamada “limpieza” de las zonas donde permanecen las personas sin hogar. Los trabajadores denunciaron que el Ayuntamiento no contaban con los profesionales del área de social para hacer estas limpiezas de forma coordinada con las personas vulnerables y que tiraban sus pocos enseres a la calle, sobre todo en barrios adinerados. 

Trabajadores que muchos están contratados directamente por el Grupo 5 y otras empresas que denuncian “maltrato” tanto por parte de las subcontratas como por el Gobierno municipal de Almeida. “Tenemos por un lado, la empresa que se salta acuerdos que tenemos firmados con ellos incluso los que han acabado judicializados, y, por otro lado, está el Ayuntamiento De Madrid que siempre hace pliegos a la baja”, indica a El Salto uno de los miembros del comité de empresa. 

“Es el primer paso y es de las convocatorias más grandes que se han hecho”, explica Maestro que se ha mostrado muy satisfecho con la respuesta de las trabajadoras. La plataforma, que nació en junio cuando se conocieron las intenciones del Ayuntamiento de destinar un pliego de 40 millones con la remodelación de los CAI, quiere frenar una escalada de empeoramiento de los servicios. “Las trabajadoras hacen un llamamiento y se empieza a participar también desde los centros primarios”, explica Maestro, y esta concentración es el primer paso para un objetivo más amplio: trasladar al Gobierno local el malestar de unas plantillas que denuncian el empeoramiento de sus condiciones laborales y de la atención a la ciudadanía. Una próxima asamblea decidirá los pasos siguientes para seguir con el propósito de frenar la externalización y mejorar la falta de personal.