Personas sin hogar
La plantilla del Centro de Acogida para Personas Sin Hogar Juan Luis Vives denuncia estar “al límite”

Mañana miércoles 17 de junio a las 13 horas, el personal del Centro de Acogida Juan Luis Vives (CAJLV) se concentrará ante el Área de Gobierno de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, situado en el Paseo de la Chopera, 41. El reclamo es claro: “Empresas que no cumplen, plantillas bajo mínimos, usuarios que lo sufren”, plantean en un cartel en el que instan al Ayuntamiento a actuar frente a las condiciones en las que se encuentra uno de los centros de la red de atención a personas sin hogar en la ciudad, sito en Vicálvaro. La protesta acompañará los paros convocado entre las 12 y las 15h en el mismo lugar por los Equipos de Calle, convocados por CNT y Cobas Madrid, también en conflicto con Grupo 5.

“El centro al límite”, la primera llamada de atención en las redes es de hace algo más de un mes, y su título es bastante elocuente. La cuenta de instagram @sosvives, que representa al comité de empresa del centro de acogida Juan Luis Vives, socializaba así una serie de problemas que vienen acuciando la cotidianidad de un recurso que atiende a personas en situación de extrema vulnerabilidad. Para empezar, el incumplimiento de los pliegos, por parte de la polémica Grupo 5.

La falta de una de las dos psicólogas incluidas en el pliego, dejando a 70 personas usuarias desatendidas, contar con dos enfermeras en lugar de las cuatro requeridas, carecer de una furgoneta necesaria para tareas logísticas, o el incremento de plazas sin un incremento de personal, estaban entre las situaciones denunciadas. Desde el comité de empresa señalan a El Salto que el problema de base es que el pliego lleva vigente desde 2017, ocho años en los que muchas cosas han cambiado: “cuenta con características que había entonces tanto en la red de personas sin hogar, como en lo económico, que ya no concuerdan con la realidad del día de hoy”.

No ayuda que la empresa responsable de gestionar el centro esconda detrás un fondo buitre, el fondo de inversión Corpfin Capital adquirió la empresa en 2018. “El dinero es el dinero”, lamenta la delegada sindical del centro, en conversación con El Salto. Con el paso de los años el equipo ha sido testigo de cómo se reducen costes y también derechos laborales. No es hasta hace poco más de un año y medio que se crea un comité de empresa en el centro.

La plantilla señala que cualquier derecho laboral o mejora es considerada una pérdida para la empresa. “Luego a nivel estructural, esto es una guerra que tiene la empresa y el Ayuntamiento desde siempre. Si se estropea algo, la empresa dice que no es suyo, lo tiene que arreglar el Ayuntamiento. El Ayuntamiento dice que es la Junta municipal y a día de hoy, arreglos, ninguno”, lamenta la delegada sindical, quien relata hechos graves, como que un techo se caiga sobre la cabeza de una usuaria. Un hecho que no se ha traducido en una denuncia, debido a problemas de salud mental de la persona afectada: “se aprovechan de la vulnerabilidad de la gente en ese sentido”, lamentan la sindicalista.

Espacios importantes a los que no se da uso por averías en la climatización, con las consecuencias que esto acarrea para las personas usuarias, se unen a otras carencias materiales: “en un centro de 140 plazas, solo hay una impresora, algo que puede parecer poco importante pero que tiene efectos en el funcionamiento del día a día y en el bienestar de las personas”, explica la delegada sindical. “Que un profesional tenga que estar recorriendo medio centro para fotocopiar un informe sanitario, implica que va a perder mucho tiempo”. Tampoco cuentan con una tarjeta para poder pagar tasas o incluso cubrir el abono transporte de los usuarios, denuncian. “Esa persona entonces no puede salir. Nos encontramos encima en un polígono que no está bien comunicado, ni cuenta con servicios cercanos”.

“Ya se ha abierto una comunicación entre compañeros de otros recursos, ya han empezado con paros, cada vez más largos”

Las trabajadoras y trabajadores de este centro no son las únicas que denuncian las prácticas de Grupo 5, presente en muchos otros centros. Una empresa que ostenta prácticamente el monopolio de los recursos para las personas sin hogar. “Ya se ha abierto una comunicación entre compañeros de otros recursos, ya han empezado con paros, cada vez más largos”. Equipos de Calle, Samur Social, el Centro de Acogida Puerta Abierta y el propio Juan Luis Vives son los centros que se están articulando. 

La delegada sindical explica que existe un quinto recurso, El Centro de Acogida la Rosa, sin embargo este cuenta con “unos derechos laborales muy sólidos. Ellos iniciaron una lucha mucho antes y todo eso con la subrogación lo han tenido que ir manteniendo. Entonces tienen unas condiciones mucho mejores que las que tenemos nosotros”.  Unas condiciones que lograron porque siempre han tenido un Comité de Empresa, argumenta la sindicalista. 

Sin embargo, apunta la delegada sindical, esto contrasta con su centro, donde el comité tardó en llegar, pues “se ha impedido que hubiese organización entre la gente y además hay mucha movilidad entre las trabajadoras”. La entrada de Grupo 5 ha supuesto un incremento en la rotación, desistiendo las personas con experiencia, e introduciendo perfiles más jóvenes, a quienes es más difícil articular para organizarse. “Los fijos y los veteranos tiran a las movilizaciones. Pero la mayoría de la plantilla es temporal y eso no nos favorece”. 

Y es que, aunque denuncien al Ayuntamiento el incumplimiento de pliegos, tienen claro que el objetivo primordial de la empresa es no gastar, lo que se traduce en que nada cambie. La delegada pone varios ejemplos: aunque la empresa esté obligada a cubrir todas las vacaciones, eso no sucede. Tampoco cuentan con una enfermera los fines de semana, cuando según el pliego deberían disponer de dos, una carencia que “como es algo muy común en las redes privadas, la empresa justifica argumentando que no encuentran enfermeros que acepten sus condiciones”.

Ahora están pendientes de que, después de diez años, salga un nuevo pliego: “la empresa nos dijo que le mandáramos nuestras propuestas para el pliego, que se las iban a hacer llegar al Ayuntamiento. No confiamos absolutamente en eso y les estamos haciendo nuestras propias propuestas al Ayuntamiento”.  Desde el comité de empresa se están articulando con otros centros en exigir conjuntamente unas condiciones básicas: “por ejemplo el que se nos garanticen los 14 festivos anuales, que se nos reconozca un plus de peligrosidad que aunque no lo ponga en convenio, nosotros seguimos teniendo incidencias día tras día, peligros de contagios biológicos, peligro de agresiones”. La sindicalista recuerda que el suyo se trata de un sector donde existe el riesgo, algo que sí se reconoció en el Centro Municipal de San Isidro tras un acuerdo con el Ayuntamiento.

Para transformar la situación, desde el comité de empresa están desplegando cartelería que visibilice el problema, que consideran que no afecta solo a las trabajadoras sino principalmente a los usuarios. Movilizaciones como la que tendrá lugar durante la mañana del miércoles, y presión al Ayuntamiento para que asuma unos mínimos en los pliegos que están por salir, complementan su estrategia. Aunque el consistorio no se esté comunicando con ellos, la delegada sindical considera que sus acciones sí tienen efecto: “cuando nosotros hacemos comunicaciones de incumplimientos de pliego, vemos acciones en la empresa”.  

¿Ganará Grupo 5 el nuevo pliego? Los hechos recientes demuestran que el grupo no es imbatible

¿Ganará Grupo 5 el nuevo pliego? Los hechos recientes demuestran que el grupo no es imbatible, otra empresa, La Fundación Salud y Comunidad, acaba de ganar un recurso por delante de este grupo, que hasta ahora parecía ostentar el monopolio de la red, explican desde el Comité. “Esta empresa tiene otra naturaleza, lleva dos recursos y acaba de ganar este tercero”, explican. La delegada sindical apunta a que no saben qué otras empresas se podrían presentar a la gestión de un Centro que ya viene con muchos problemas estructurales. Todo queda sujeto en cierto modo a cómo se defina el pliego. 

Las movilizaciones organizadas para mañana parecen formar parte de un cierto movimiento dentro del Sector Social en los últimos tiempos. “Creo que es un sector que está muy paralizado desde hace tiempo y se ha empezado a movilizar cuando por desgracia ha habido fallecimientos —explica la delegada sindical, en referencia a la educadora que murió a manos de dos usuarios en un centro de menores en Extremadura el pasado año—.  Cuando fallece una educadora social todos nos llevamos las manos a la cabeza. Pero es que esa desprotección está en los recursos con menores, está en los recursos con discapacidad, está en los recursos de personas sin hogar...  al final, el tercer sector es muy amplio, somos muy poco valorados y por fin empieza a haber una cohesión”. 

Además, no se trata solo de señalar a empresas como Grupo 5, sino también a los Ayuntamientos que redactan los pliegos: los municipios, pueden favorecer la mejora de las condiciones laborales más allá de los convenios, o puede actuar contra las negligencias que suceden en los centros, defiende la portavoz del Comité de Empresa del Juan Luis Vives. “Es una cuestión de voluntad política. No solo de empresas buitres. Si hubiese voluntad política, pues igual hay ciertas empresas ya no entrarían, se emprendería un camino más coherente para dar un buen servicio”. Por eso, insiste, el primer responsable es un Ayuntamiento que diseña pliegos para empresas privadas, y “no tanto hacia empresas con fines más sociales, lo que acaba mostrando desprecio y generando desprotección tanto a las trabajadoras como a los usuarios”.