Sanidad
El protocolo de vacunación extremeño equipara altos cargos con sanitarios de primera línea

El protocolo de vacunación publicado el 22 de diciembre por el Servicio Extremeño de Salud (SES), en su apartado número 2, afirmaba literalmente que se priorizaría en la administración de las dosis “al personal sanitario de Salud Pública en la gestión directa de la pandemia en función de su riesgo de exposición”. Con posterioridad, el 26 de enero, se hizo pública una modificación del mismo (con fecha de 18 del mismo mes) en el mismo epígrafe, quedando éste reducido en los siguientes términos: “a personal sanitario de Salud Pública que trabaja en la gestión de la pandemia”.

Con el cambio, leve pero sustancial en su alcance, desapareció por completo la referencia a la gestión directa de la pandemia y al riesgo de exposición, específicamente dirigidas en su momento a delimitar el marco dentro del personal sanitario efectivamente implicado en tareas de contacto, ampliándose así a personal directivo, en un aparente intento de equiparar sus niveles de riesgo.

Una reducción terminológica que, de facto, se interpreta desde distintos sectores como una estrategia de armonización de la directiva para dar cobertura legal a los casos, que se empezarían a conocer, de vacunaciones irregulares de algunos cargos políticos de diferentes niveles. Sería la circunstancia de Amalio Robledo (26 años), alcalde del PSOE en Valverde del Fresno (Cáceres) y director de pisos tutelados, o de Soraya Cobos, directora del Centro Sociosanitario y concejala del PSOE en Plasencia, vacunada 5 días antes de su fecha asignada, por delante de los 400 trabajadores y trabajadoras que dirige y en una localidad distinta (Valdeobispo), alegando que, si no, “se perdía la dosis”.

Una reducción terminológica que, de facto, se interpreta desde distintos sectores como una estrategia de armonización de la norma para dar cobertura legal a los casos, que se empezarían a conocer, de vacunaciones irregulares de algunos cargos políticos de diferentes niveles

También, en el mismo orden de cosas, aunque con dos semanas de retraso desde que se hiciera efectiva, se conoció la dimisión de la directora del Servicio Público de Atención a la Dependencia (SEPAD) de Badajoz, Montserrat Rincón, quien se habría saltado el protocolo al recibir su primera dosis el pasado 4 de enero. Rincón no formaba parte de ningún grupo de riesgo conocido y durante el intervalo en el que se fueron conociendo los pormenores de su caso, oficialmente siempre se aludió a “cuestiones personales” como motivo último de su marcha. Rincón, que fue concejala socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, recibió del propio SEPAD la comunicación de haberse saltado el orden asignado, lo que habría provocado su inmediata renuncia.

El PSOE, en otras comunidades, se ha mostrado especialmente duro frente a los casos de abusos de altos cargos saltándose los protocolos de rigor en el orden de administración de las vacunas. Así, en el escrito de acusación ante la Fiscalía elaborado por el Partido Socialista en la Región de Murcia, dirigido contra varios altos cargos (incluido el posteriormente dimitido Consejero de Sanidad) se hacía referencia expresa a que, por parte de la consejería de Salud, se había saltado “arbitrariamente de una manera injusta y grosera el protocolo de vacunación establecido por el Ministerio” sin conocerse “ningún tipo de resorte legal o técnico en los que esta decisión haya sido amparada".

En comparecencia ante los medios, este miércoles 27 de enero, y en relación a la polémica suscitada, el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de Extremadura, José María Vergeles, ha negado rotundamente la existencia de cualquier modificación, afirmando textualmente que “no ha habido ningún cambio en el protocolo de vacunación”.