Sanidad pública
No es Ayuso, es el sistema

A río revuelto, ganancia de pescadores, o lo que es lo mismo, aprovechando el debacle del covid-19 llevamos semanas observando la sucesión de actos públicos dirigidos por colectivos que nunca se han movilizado por la sanidad pública, y que en el periodo 2005-2012 guardaron escrupuloso silencio mientras el PP desmontaba este sector para ponerlo en manos de aseguradoras, bancos y diversos fondos de inversión. Todos los colectivos surgidos tienen algo en común: ocultan las verdaderas causas de la privatización —las leyes que la permiten: ley 15/1997 y Ley General de Seguridad art. 90— y los responsables de que se aprobaran (partidos políticos gobernantes en la Comunidad de Madrid o en el Gobierno central).

De esta forma, tanto el liberalismo “progresista” como la nueva socialdemocracia (PSOE y Podemos), han dado la orden a sus organizaciones satélites de atacar con toda la infantería subvencionada posible a Ayuso, personaje impresentable donde los haya y marioneta de los grupos de presión que se esconden tras FAES. Se trata de focalizar en ella todas la responsabilidad de la situación sanitaria de la Comunidad de Madrid. Pero el problema no es solo su nefasta gestión y su connivencia con la oligarquía madrileña, sino que viene de más lejos.

Lo que oculta a toda costa la izquierda institucional es que tanto la gestión actual como el desmantelamiento previo de la sanidad publica madrileña realizado por sus predecesores (Esperanza Aguirre, Lamela, Lasquetty, etc.) tiene respaldo legislativo gracias a los mismos que gritan ahora contra Ayuso.

La derecha hace el trabajo sucio que a la “izquierda” le supondría más desgaste, mientras que los aspirantes a gestores del desastre, la “izquierda del capital”, la que amenazaba con asaltar los cielos, prepara movilizaciones descafeinadas.

Se trata de un drama en varios actos, con la formula clásica: la derecha hace el trabajo sucio que a la “izquierda” le supondría más desgaste, mientras que los aspirantes a gestores del desastre, la “izquierda del capital”, la que amenazaba con asaltar los cielos, prepara movilizaciones descafeinadas, que serán convenientemente difundidas por los medios “progresistas” en horarios prime time, con claros intereses partidistas. Todo para vender la ilusión de un cambio político al alcance de la mano… para que nada cambie, y lo esencial, la privatización y el negocio de unos pocos, se mantengan. Está claro, que los medios de comunicación  nunca han apoyado las reivindicaciones de los de abajo, la historia lo demuestra.

Si repasamos las agresiones al sistema sanitario madrileño producidas en los últimos 15 años podemos comprobar que fue absolutamente legal:

Adjudicar por treinta años (hasta el 2044 en algunos casos), once hospitales de modelo PFI y PPP —Aranjuez, Arganda, Coslada, San Sebastián de los Reyes, Parla, Vallecas, Puerta de Hierro, Villalba, Rey Juan Carlos-Móstoles, Torrejón, Valdemoro— que nos van a costar, como mínimo siete veces más de su coste original, dinero que se ha ido detrayendo de la asistencia sanitaria directa como hemos ido comprobando con la pavorosa situación actual de los centros de gestión directa. Entre 2008 y 2020 ya hemos pagado por el alquiler de los 7 hospitales PFI unos 2.000 millones de euros, cuando sus costes de construcción y equipamiento fueron de alrededor de 800 millones. Esos 1.200 millones de euros de sobrecoste, hoy convertidos en dividendos repartidos entre accionistas de variadas empresas, podrían haber servido, por ejemplo, para potenciar la atención primaria. Pero promover la salud no parece que sea negocio.

Desviar 400.000 pacientes de los Hospitales Clínico San Carlos y 12 de Octubre, para aumentar el volumen de negocio del centro matriz de todo el proceso de privatización: la Fundación (privada) Jiménez Diaz, hoy en manos de Fresenius , todo perfectamente legal en base al desconocido artículo 67 de la LGS (conciertos singulares).

En 2018, unos 10.000.000 millones de euros, uno  de cada siete  euros, se dedicaron a conciertos privados, cantidad similar al gasto sanitario de Andalucía (8,5 millones de habitantes).

Concertar con la privada miles de consultas e intervenciones quirúrgicas mientras se mantienen infrautilizados hospitales y centros de especialidades, ya sea por falta de personal, por no utilización de camas o tecnología sanitaria, o incluso por cerrar plantas enteras. En 2018, unos 10.000.000 millones de euros, uno  de cada siete  euros, se dedicaron a conciertos privados, cantidad similar al gasto sanitario de Andalucía (8,5 millones de habitantes).

Ceder a fondos de capital-inversión la asistencia sanitaria de millones de personas, para que exploten estos hospitales privados durante décadas.

Ceder indefinidamente a empresas privadas ambulatorios que se han construido con el dinero de nuestras cotizaciones y que son patrimonio de la Seguridad Social, no de las Comunidades Autónomas.

Promover la privatización de un hospital y luego echarle la culpa al PP.

Dinamitar la planificación sanitaria y disolver las áreas sanitarias, aunque se incumpla lo establecido en la propia Ley General de Sanidad —según el artículo 56.5 “como regla general, y sin perjuicio de las excepciones a que hubiera lugar, atendidos los factores expresados en el apartado anterior, el Área de Salud extenderá su acción a una población no inferior a 200.000 habitantes ni superior a 250.000”— y transformar Madrid en un inmenso mercado de casi 7 millones de potenciales pacientes.

Ceder a una empresa privada la gestión de las citas médicas, para poder así derivar los pacientes y/o pruebas rentables a los centros privados y los no rentables económicamente a los públicos.

Derivar actividad del sector público a laboratorios privados mientras se cierran laboratorios públicos recién estrenados.

Hacer negocio con las donaciones altruistas de sangre privatizando el sistema de recogida.

Desmontar el sistema de salud pública dinamitando su estructura.

Convertir la atención primaria en un sucedáneo de lo que debería ser y acabar en un mal sistema asistencialista, en el que prácticamente nadie sabe ya lo que es la promoción de la salud.

Gastar miles de millones de euros en fármacos que podían haber costado apenas unas decenas, sobre todo si quien se la que se beneficia es Gilead.

Y finalmente, no nos olvidemos que es perfectamente legal que tengamos 9,7 camas de UCI por cada 100.000 habitantes y Alemania tenga 34. Así, cuando surjan imprevistos, los profesionales decidirán quién tiene probabilidades de sobrevivir y quién no.

El colapso del sistema sanitario, tanto a nivel hospitalario, de atención primaria y de emergencias de la Comunidad de Madrid es producto lógicamente de una interrelación de factores, pero sobre todo es el resultado de un proceso iniciado hace más de 15 años, perfectamente planificado, y del que se han aprovechado desde fondos de capital riesgo, a bancos, constructoras, o seguros de salud, entre otros.

Los neoliberales  han sido los primeros en ejecutar este plan, pero la socialdemocracia le había dado previamente estabilidad aprobando las leyes que lo sustentan.

Es un error consideran todos estos hechos únicamente como una mala gestión que un nuevo gobierno neoliberal o socialdemócrata vaya a reformar. Ambas tendencias del capitalismo buscan desembarazarse de la gestión estatal de los servicios públicos, y que la oligarquía financiera amplíe su negocio a sectores hasta ahora protegidos del mercado. Los neoliberales (PP, CIU, etc.) han sido los primeros en ejecutar este plan, pero la socialdemocracia le había dado previamente estabilidad aprobando las leyes que lo sustentan—art. 90 de la Ley General de Seguridad y la ley 15/1997— y ahora intenta maquillarlo en la Comisión para Reconstrucción Social y Económica.

No podemos olvidar que ninguna de las conquistas sociales existentes fue un regalo del Sistema, se lograron tras largas luchas de la clase trabajadora de este país, y que ahora, sólo estamos vislumbrando lo terrorífico que es tener un sistema sanitario cada vez más en manos de la oligarquía.