Sanidad pública
Luis Montes y el Severo Ochoa, víctimas del “Caso Lamela”

Fueron necesarios mil días para que un auto de la Audiencia Provincial de Madrid dejara claro que no hubo mala práctica médica en el “Caso Lamela”, como muchas y muchos siempre pensamos que debería haberse llamado, de supuestas sedaciones irregulares a pacientes terminales en la Urgencia del Hospital Severo Ochoa de Leganés.

El 27 de enero del 2008, casi tres años después de que la Consejería de Sanidad diera pábulo a una denuncia anónima, y tras haber sido exonerados en junio del 2007, la Audiencia Provincial consideró que deberían suprimirse del auto del archivo cualquier referencia “a la mala práctica médica” Es decir, la denuncia además de anónima era falsa.

Es importante empezar a contar la historia por el final, porque como siempre en este país los medios de comunicación se hacen eco de las noticias que crean morbo y descrédito, pero no tanto si luego son desmentidas, incluso judicialmente. El acoso y derribo al que fue sometido nuestro compañero Luis Montes y varias decenas de profesionales supuso un antes y un después en el devenir, no solo del Hospital Severo Ochoa, sino de la Sanidad Pública madrileña. Y a pesar de las sentencias a favor de los médicos de la urgencia del Severo Ochoa, nadie de la Consejería ni de la caverna mediática pidió perdón, dimitió ni subsanó el daño ocasionado.

Como hemos dicho, el mal llamado “Caso Leganés” no existió, solo fue una cortina de humo para velar las aspiraciones privatizadoras del gobierno madrileño de la Comunidad de Madrid, encabezado por Esperanza Aguirre, ejecutadas por su Consejero de Sanidad, Manuel Lamela y propagadas por una tropa de gacetilleros/as del régimen.

Pero el “Caso Lamela” sí existió y se iniciaba el 11 de marzo del 2005. Durante los siguientes seis meses, la prensa, no solo madrileña, sino estatal y extranjera, hablaba de sedaciones irregulares, sedaciones excesivas, de 400 homicidios… mientras se cedía terreno público, se hacían concesiones administrativas a las grandes empresas y se construían ocho nuevos hospitales de gestión privada.

Al mismo tiempo, se desacreditaba a la sanidad pública, la que ellos mismos gestionaban, como paso clave para su plan privatizador, convertir la sanidad en un negocio y poner los hospitales en manos de empresas como FCC, Acciona, Sacyr y Dragados, que ante la inminente crisis del ladrillo hundían sus garras en el sector sanitario y de cuidados. Ese era el eje económico.

Con el “Caso Lamela” se produjo un retroceso en los derechos y libertades de los pacientes y por ende de la ciudadanía, la asimilación cada vez mayor por parte de los pacientes de ser sujetos activos, con voz propia en sus procesos clínicos desató una ola por parte del nacionalcatolicismo de este país.

Tras los éxitos de películas como “Mar Adentro”, donde el tema de la eutanasia se abordaba sin tabúes, el derecho a decidir su propia muerte, a elegir el final de la vida dejaba en entredicho el papel que hasta ahora habían tenido tanto la iglesia como los médicos paternalistas.

El PP más retrógrado encontró un filón ideológico en la Urgencia del Severo Ochoa, anteponiendo sus intereses capitalistas a la salud, bienestar y decisiones de los pacientes. El miedo entre los galenos a excederse en las sedaciones fue directamente proporcional al dolor y la agonía que comenzaron a sufrir los pacientes al final de sus vidas. Los adelantos hasta entonces conseguidos en torno a la muerte digna fueron borrados de un plumazo en apenas unas horas. Ese era el eje ideológico.

El “Caso Lamela” también destapó la persecución que el gobierno del PP de la Comunidad de Madrid inició contra los facultativos y personal sanitario y no sanitario de los hospitales, que se manifestaban y posicionaban en contra la Ley 15/1997, sobre “Habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud”. Ley que posibilitó la entrada en la sanidad pública de las empresas con ánimo de lucro.

Esta ley, cabe recordar, se aprobó con amplia mayoría gracias a los votos de PSOE, PP, CC, CIU y PNV, sólo votaron en contra IU y BNG. Esta ley daba “cobertura legal” y el instrumento preciso a las CCAA para la privatización de los centros y servicios. La Ley General de Sanidad (LGS) de 1986, no establecía la posibilidad de la gestión privada ni mucho menos de la entrada de las empresas privadas con ánimo de lucro en la sanidad pública, por ello, el PSOE con sus votos en 1997 posibilitó la legalización de nuevas formas de gestión con la Ley 15/1997.

En las Leyes de Presupuestos de la Comunidad de Madrid, las partidas dedicadas a los Nuevos Hospitales (NNHH) se les denominaron “entidades creadas por la Ley 15/1997”. El PSOE por su parte siempre ha manifestado que lo perverso no es la Ley sino la utilización que el PP hace de ella, pero jamás lo ha denunciado ante los tribunales o ha propuesto su modificación parlamentaria.

Quienes se declararon desde el principio en contra de aquella ley y a favor de una sanidad pública, universal, gratuita y de calidad, donde la participación de la ciudadanía en el sistema sanitario fuera cada vez mayor, cuestionando los fondos y las formas del sistema, anteponiendo la calidad y cantidad de recursos humanos, técnicos y materiales a la voracidad del sistema capitalista excluyente de un sistema sanitario público, fueron señalados.

El Severo Ochoa abrió sus puertas hace 31 años, 3 de abril de 1987, con un equipo de profesionales jóvenes que apostaban por el modelo sanitario público, donde el capital privado no tuviera cabida y si la participación ciudadana.

18 años más tarde, en 2005, ante los planes privatizadores del gobierno regional del PP, una denuncia anónima falsa, bombardeaba una de las líneas de flotación en la defensa de la Sanidad Pública, el Severo Ochoa, desprestigiando a sus defensores y poniendo en tela de juicio el funcionamiento de los hospitales públicos. El neoliberalismo privatizador empezaba a cambiarnos el concepto de sanidad pública, hablando de gasto social y no de inversión, convirtiendo un derecho en un negocio. Ese era el eje político.

Luis Montes vio su causa archivada, conoció el cariño y apoyo de tantas y tantos que ni siquiera algunos le conocían, trabajó hasta el final defendiendo la Sanidad Pública y el derecho a una muerte digna y libre.

Ahora nos queda a nosotros y nosotras revertir el “Caso Lamela”, en las calles, en nuestros puestos de trabajo, en las Asociaciones Vecinales, instituciones públicas…hasta conseguir derogar la Ley 15/1997, el Real Decreto-Ley 16/2012, todas las acciones que anteponen el beneficio privado a la salud, revertir las privatizaciones, recuperar y superar el sistema sanitario público de antes de 1997.

Luis nos deja también el encargo de conquistar una ley de eutanasia que nos haga libres hasta el final. Nos dejó el camino trazado, solo tenemos que terminar de recorrerlo. Hasta siempre, Montes.