Sanfermines 78 desde el Estado de derecho

No podemos valorar los Sanfermines de 1978 sin tener en cuenta la realidad política del momento. Hechos tan graves como una carga policial innecesaria y desproporcionada contra el público de un festejo taurino y el uso de munición real (“¡Tirad con todas las energías y lo más fuerte que podáis! ¡No os importe matar”) con resultado de un muerto y muchos heridos, en cualquier Estado de derecho hubieran sido objeto de una investigación judicial y de exigencia de responsabilidades penales y, también, de las correspondientes responsabilidades políticas.

Pero el 8 de julio de 1978 no existía en España un Estado de derecho, esto es, un Estado cuyos ciudadanos y poderes públicos están sometidos al derecho, con instituciones y procedimientos adecuados que lo garanticen. Lo más importante es que los poderes públicos estén sometidos, no solo a las leyes del propio Estado, sino sobre todo al cumplimiento de los Derechos Humanos reconocidos internacionalmente. Obviamente, no existe Estado de derecho perfecto, hay grados de mayor o menor aproximación a ese ideal. El Estado de derecho no es un punto de llegada o una situación estable, sino una lucha diaria en la que también caben retrocesos. Hasta la Constitución del 27 de diciembre de 1978, España ni siquiera se definía como tal. El 8 de julio de 1978 seguían vigentes las Leyes Fundamentales franquistas que definían un “Estado nacional” bajo el principio de unidad de poder y con un jefe de Estado que personificaba la soberanía nacional y ejercía el poder supremo político y administrativo sin control alguno. Cierto es que se había aprobado la Ley para la Reforma Política de enero de 1977 que introducía tímidas medidas democráticas y en junio se habían celebrado elecciones para unas Cortes que estaban elaborando un proyecto de Constitución. Pero el grueso de la legislación seguía siendo la franquista, los jueces y fiscales seguían siendo los mismos nombrados bajo la dictadura y las Fuerzas de Orden Público seguían estando militarizadas y politizadas, sometidas a jurisdicción castrense. A falta de Justicia independiente y con una Administración Pública no acostumbrada a funcionar bajo los principios de un Estado de derecho, tampoco había otros mecanismos de garantía como el Tribunal Constitucional, que no se crearía hasta 1980, o el Tribunal de Estrasburgo, ya que hasta 1979 no se ratificaría el Convenio Europeo de los Derechos Humanos.

No es raro que las investigaciones judiciales (hubo hasta cuatro procedimientos, juez especial y acusaciones particulares) acabaran languideciendo y siendo archivadas. Ni había interés porque prosperaran ni existían cauces para hacerlo posible. Tampoco hubo responsabilidades políticas, más allá de algún discurso eludiéndolas del ministro del Interior. Ni siquiera se llegó a esclarecer de dónde procedían las órdenes, si del gobernador civil, del comisario jefe o del comandante de la Policía Armada. En contra de lo que parece, un régimen autoritario no se caracteriza porque todo el mundo cumpla órdenes sino porque nadie responde de nada, no porque haya un dictador sino una ingente cantidad de pequeños dictadores acostumbrados a actuar arbitrariamente y protegerse unos a otros.

Si no actuó la justicia es porque no se quiso dejar que actuara. Los hechos de los Sanfermines de 1978 no están afectados por la última Ley de Amnistía que solo cubría hasta el 6 de octubre de 1977. Simplemente, hubo impunidad.

Si ese fue el escenario de 1978, sorprende más el de 2018. Hoy, con muchas deficiencias y en severa crisis de identidad, tenemos un Estado de derecho pero se sigue sin hacer justicia. Con cuarenta años de retraso es improbable que prosperen las causas judiciales, los delitos prescriben, los responsables desaparecen por imperativo biológico, las pruebas se dispersan, pero fuera de ellas es bastante lo que puede hacerse para lograr, al menos, verdad y reparación moral. En tal sentido, la iniciativa aprobada por el Ayuntamiento de Pamplona para elaborar un informe que determine las violaciones de derechos humanos producidas y las correspondientes responsabilidades, o el acuerdo del Parlamento de Navarra instando al Gobierno de España a desclasificar los documentos relacionados con aquellos sucesos. Sorprendentemente, la iniciativa presentada en el mismo sentido por varios grupos del Congreso de los Diputados fue rechazada hace poco con el voto en contra del PSOE que hizo lo contrario que sus homólogos navarros. Por otro lado, la Ley Foral 16/2015, de 10 de abril, de reconocimiento y reparación de las víctimas de grupos de extrema derecha o funcionarios públicos, también permitiría adoptar medidas relativas a los Sanfermines de 1978 pero se halla parcialmente suspendida por el Tribunal Constitucional a causa de un recurso del Gobierno del PP.