Salud
Osakidetza encarga a Uría y Menéndez un informe que justifica la privatización del servicio de ambulancias

Según ha podido documentar Hordago-El Salto, la Consejería de Salud encargó a mediados de julio la elaboración de un informe jurídico para tumbar la resolución del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales (OARC) que había anulado la adjudicación del contrato de ambulancias, uno de los grandes servicios, con un valor total de 86 millones de euros. El nuevo consejero de Salud, Alberto Martínez, el Gobierno Vasco había anunciado que acataría la resolución del OARC.

La oferta para elaborar el informe jurídico contra la privatización de ambulancias, adjudicado de forma directa por tratarse de un contrato menor de 17.968 euros, fue remitida a la Consejería de Salud desde el correo electrónico del socio del bufete Uría y Menéndez en Bilbao, Javier Balza, exletrado del Gobierno Vasco y exconsejero de Interior que se hizo conocido en la televisión en 2014, cuando el periodista Jordi Évole lo mencionó en la emisión de un capítulo del programa Salvados dedicado a Petronor.

A su vez, el contrato con el bufete lleva la firma del director de Régimen Jurídico, Económico y Servicios Generales del Departamento de Salud, Pedro Sáenz, quien intervino en el proceso de licitación del servicio de ambulancias adjudicado en 2024 a La Pau.

La Pau fichó en abril como gerente a Ibon Etxeberria, exdirector de Régimen Jurídico, Económico y Servicios Generales del Departamento de Salud que en un caso de puertas giratorias había firmado contratos de 44.142,75 euros al mes con su anterior empresa.

El documento ofertado también recibió el visto bueno de la Oficina de Control Económico del Gobierno Vasco, dirigida por el exburukide alavés Javier Losa.

La Pau fichó en abril como gerente a Ibon Etxeberria, exdirector de Régimen Jurídico, Económico y Servicios Generales del Departamento de Salud que, según relata un caso de puertas giratorias, había firmado contratos de 44.142,75 euros al mes por cada una de las dos «ambulancias de riesgo biológico» contratadas contratos de Osakidetza.

Por último, el director de operaciones de la empresa de ambulancias es Yeray Del Río es miembro de la candidatura del PNV de Urduliz en las elecciones municipales de 2023. 

Durante muchos años, el socio principal de Uría y Menéndez en Bilbao fue Mario Fernández, exvicelekendakari condenado en 2017 por el “caso Kutxabank”, tras una denuncia por apropiación indebida. Esta persona había sido contratada por la Diputación de Bizkaia para hacer frente a posibles repercusiones del “caso Ibarra” en la Hacienda vizcaína.

Se trataba de un trama urdida para blindar a empresas vinculadas a algunos jeltzales por el que fue condenado el jefe de inspecciones, aunque la entidad foral decidió no personarse como perjudicada por indicaciones del despacho Uría y Menéndez.

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Ahoztar Zelaieta

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Aunque todavía no se ha resuelto, la falta de concurrencia y el proceso de adjudicación indican que dos de los tres lotes licitados irán a parar a La Pau, dirigida en Euskadi por Yeray Del Río, que aparecía en la lista electoral de los jeltzales.

Resolución del OARC

El informe jurídico elaborado por Uría y Menendez se entregó en julio a la Consejería de Salud, días después de emitirse la resolución 114/2024 del OARC que estimaba el recurso presentado por el sindicato UGT contra la adjudicación del “Servicio de transporte sanitario en ambulancias no asistenciales, convencionales y de transporte colectivo para pacientes del Sistema Sanitario de Euskadi”.

El sindicato señalaba en su recurso ante el OARC que La Pau “está incursa en la prohibición de contratar prevista en el artículo 71.1.b) LCSP, que establece, en síntesis, que no podrán contratar con las entidades del sector público las personas sancionadas con carácter firme por infracción muy grave en materia laboral o social”. UGT advertía que “existen varias actas de infracción que se adjuntan al recurso”. De hecho, La Pau ha llegado a acumular 23 sanciones de la Inspección de Trabajo en un año.

UGT señaló en su recurso ante el OARC que La Pau “está incursa en la prohibición de contratar con las entidades del sector público las personas sancionadas con carácter firme por infracción muy grave en materia laboral o social”

Además, UGT hacía referencia al apartado 1 del artículo 8 de la Ley de Contratos del Sector Público (LSCP), impago y retrasos reiterados en el pago del salario debido. 

El Gobierno Vasco alegó ante el OARC que el citado sindicato carecía de “legitimación activa” para recurrir, ya que “se aprecia un interés abstracto en la legalidad, pero no se observa cuáles son los concretos intereses, propios o de los trabajadores, cuya satisfacción se pretende”. También se oponía al recurso alegando que, “dado que el procedimiento sancionador aún no ha finalizado, no puede haber sanción firme, como pide la LCSP y, por lo tanto, tampoco prohibición de contratar”.

Sin embargo, el OARC considera que el “artículo 57.4 c) de la Directiva 2014/24/UE permite a los poderes adjudicadores excluir a un licitador del procedimiento de adjudicación de un contrato público si pueden demostrar por medios apropiados que el operador económico ha cometido una falta profesional grave que pone en entredicho su integridad”. Añade que, “en este sentido, la inexistencia de una decisión de prohibición de contratar adoptada previamente por otro órgano no puede ni impedir ni dispensar al poder adjudicador de realizar esa apreciación”.

Por todo ello, el 26 de junio, el OARC decidió estimar el recurso de UGT y ordenó anular la adjudicación. Pero el Gobierno Vasco se ha opuesto a la orden de anulación contando para ello con el asesoramiento de Uría y Menéndez, despacho acusado por el fiscal anticorrupción Ignacio Stampa de obstaculizar la investigación del “caso BBVA-Villarejo”.

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