Salud
El Gobierno oculta el precio que paga por los medicamentos

Según las cifras oficiales, en 2021 España gastó 21.000 millones de euros en la compra de medicamentos. Un importe que año tras año va en aumento: el gasto farmacéutico en hospitales se ha incrementado un 53% en siete años. Pero poco rastro se puede seguir de esto. El Gobierno, como parte de los acuerdos de confidencialidad con las farmacéuticas, se niega a revelar los precios que paga por estos productos. Y así lo vuelve a denunciar otro año más la campaña 'No es sano', liderada por una coalición de organizaciones. En 2022, esta campaña realizó una decena de peticiones al Ministerio de Sanidad, a través del Portal de la Transparencia, para conocer los precios reales de diferentes medicamentos, principalmente los nuevos y con coste más elevado. La respuesta de Sanidad se repitió una y otra vez, según denuncian desde estas organizaciones: los precios de los medicamentos son confidenciales bajo el argumento de que solo así España puede conseguirlos a un precio más ventajoso.

Desde la campaña 'No es Sano' decidieron dar un paso más y en el verano de 2022 recurrieron ante el Consejo General de la Transparencia la respuesta del Ministerio de Sanidad a las peticiones de información sobre dos de estos medicamentos: lanadelumab (Takhzyro), un fármaco para una enfermedad rara hereditaria y remdesivir (Veklury), un fármaco contra la Covid-19. El Consejo dio la razón a las organizaciones y, tal y como se recoge en los dictámenes a los que ha tenido acceso El Salto, otorgó diez días a la administración central para que aportara la información. Lejos de esto, desde el Ministerio han decidido comenzar con una causa judicial, emitiendo dos recursos contra estas resoluciones. 'No es Sano' se ha personado en esta causa a través de dos de sus organizaciones promotoras, la Fundación Salud por Derecho y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

“Los precios de los fármacos no se conocen por la confidencialidad que defiende la industria farmacéutica y que protege su estrategia comercial”

“Todo el proceso de financiación de nuevos medicamentos ha funcionado siempre con mucho oscurantismo“, explica Vanessa López, directora de Salud por Derecho. “Los precios de los fármacos no se conocen por la confidencialidad que defiende la industria farmacéutica y que protege su estrategia comercial. Los Gobiernos, no solo el de España, han aceptado siempre estas reglas del juego, pero es el momento de que cambien las condiciones de la negociación. La ciudadanía tiene derecho a saber el precio de los medicamentos que se pagan con sus impuestos”, explica a El Salto.

Nueva ley en ciernes

En este contexto, surge la necesidad de una nueva ley del medicamento que reforme el Real Decreto Legislativo 1/2015. Una norma que en la actualidad no establece la obligatoriedad de que los procesos de negociación se realicen con transparencia, aunque, avisa López, sí lo exige la actual ley de transparencia, que recoge que la población tiene derecho a conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan las instituciones.

El precio de los medicamentos se dispara: el gasto en hospitales aumenta un 53% en siete años

Sara Plaza Casares

Sanidad pública

Sanidad pública El precio de los medicamentos se dispara: el gasto en hospitales aumenta un 53% en siete años

Sara Plaza Casares

La opacidad en la fijación de los precios de los medicamentos por parte de las farmaceúticas dispara los gastos, tal y como denuncia Salud por Derecho.

Coronavirus Cien lobbistas de los laboratorios farmacéuticos trabajan para que las vacunas no lleguen a los países pobres

Fernando Lamata, portavoz de la asociación Acceso Justo al Medicamento, explica que el Ministerio anunció que se iba a tramitar una nueva ley del medicamento para lo que abrió una fase de consultas. En esta fase hicieron sus aportaciones en las que se insistía en la transparencia de los precios y de los costes de producción.

En este momento los precios de los medicamentos los fija la Comisión Interministerial de precios de medicamentos y productos sanitarios. Pero no hay focos en este proceso, denuncia Lamata. “Pedimos claridad y transparencia en la fijación de los precios”, insiste. “Los laboratorios hacen una propuesta que suele ser un precio abusivo, exagerado, por encima de lo que ha costado la investigación, el desarrollo y la fabricación”, explica Lamata. Y esto es así porque el coste se establece en EE UU, donde no hay límite a los precios, tal y como explica este experto. Luego, cuando aterrizan en Europa, los van fijando en países con alto nivel económico como Alemania. “Si el precio que acepta un gobierno no es suficiente para estas empresas, no suministran este medicamento. Fuerzan al gobierno hasta que consiguen que acepten ese precio”, describe Lamata.

“150.000 pacientes de hepatitis C fueron tratados por 20.000 euros, en un fármaco cuyo coste de fabricación fue de 70”

Visibilizar las negociaciones

Para el portavoz de Acceso Justo al Medicamento lo que habría que hacer es visibilizar estas negociaciones. Que sean públicas, que sepamos de las presiones de las farmas. Y pone un ejemplo de precios abusivos cocinados en la sombra: los antivirales para la hepatitis C que aparecieron con unos precios de 80.000 dólares por tratamiento. “En España llegaron a pagarse 20.000 euros y costaban de fábrica 70 euros. 150.000 pacientes de hepatitis C fueron tratados por 20.000 euros, en un fármaco cuyo coste de fabricación fue de 70 euros”, resume mientras advierte de que esta diferencia se da con mucha frecuencia en medicamentos contra el cáncer, para enfermedades neurodegenerativas o cardiacas. 

Además de esto, este experto en salud pública indica que las autoridades pueden aplicar las licencias obligatorias, tal y como establece la actual ley de patentes. Esto significa que, si hay un precio abusivo y una situación de riesgo para la salud pública, la norma permite que el Gobierno pueda hacer un decreto para autorizar a otros laboratorios a que fabriquen genéricos o los importen desde otros países. “Hay países que están fabricando genéricos para la hepatitis C a 300-400 euros y en estos momentos seguimos pagando 7.000”, prosigue.

Huérfanas de medicamento

Sara Plaza Casares

Sanidad pública

La lucha por conseguir metreleptina Huérfanas de medicamento

Sara Plaza Casares

Las vidas de Elena, Lucía y Rocío dependen de un tratamiento: la metreleptina. Son enfermas de lipodistrofias, un grupo de enfermedades raras que sufren personas sin grasa corporal y con altísimos niveles de triglicéridos y diabetes difícil de controlar. El Gobierno se niega a incluir este fármaco en el Sistema Nacional de Salud.

Enfermedades raras, en el olvido de la investigación sanitaria

A esta medida añade algo que ya se refleja en el actual decreto 1/2015 en su disposición adicional sexta: la obligación de que estas empresas realicen una aportación al Estado, “que yo subiría al 20% de sus beneficios”, precisa Lamata. Con esta aportación se podría financiar la formación de los profesionales a través de fondos públicos y, así, desvincular la influencia de las farmas sobre estos. “Las farmacéuticas tienen 8.000 millones de euros de beneficio abusivo y con el pagan 600 millones de euros anuales para congresos, guías, seminarios... para influir en la prescripción de los medicamentos que realizan los profesionales, lo que crea relaciones nocivas”, explica Lamata. 

“Las farmacéuticas tienen 8.000 millones de euros de beneficio abusivo y con el pagan 600 millones de euros anuales para congresos, guías, seminarios... para influir en la prescripción de los medicamentos”

Para Vanessa López, la pelota está en el tejado del Gobierno. “Las farmacéuticas protegen sus intereses como empresas privadas que son. Es el Gobierno el que debe cambiar estas condiciones de la negociación para ejercer la transparencia y la rendición de cuentas a la que está obligado”, concluye.