Una carta urgente contra las infiltraciones y la violencia policial

La denuncia de la Agencia de Protección de Datos se enmarca en una lógica de castigo a quienes denuncian los excesos y prácticas violentas de “poderes salvajes” como la policía y la judicatura.
Carta politica O Manifestación Antifascista
Cargas policiales en Sevilla. Rafa del Barrio
8 oct 2026 12:05 | Actualizado: 8 oct 2026 15:37

Querida comunidad de socias y lectores de El Salto:

Queda algo más de un mes y medio para las elecciones generales y no nos cabe duda de que estos días estaréis un poco más enganchados a la actualidad de lo que soléis estarlo. Así que, lo primero, es agradeceros vuestro tiempo y que tengáis a El Salto entre los medios que seguís. 

Hoy os queremos hablar de política, concretamente de algo que sabemos que no va a protagonizar la campaña electoral. Y es que cuestiones como la infiltración de agentes de policía en los movimientos sociales, realizada sin ningún tipo de justificación legal, es uno de los aspectos más controvertidos de la acción del Gobierno de coalición, pero no aparece en la mayoría de los medios de comunicación. Sabéis que en El Salto sí. 

Al desvelar los casos de infiltraciones policiales hemos tratado siempre de poner el foco en las personas afectadas por estas prácticas. Se trata de militantes de movimientos sociales, pero también de personas que comparten sus vidas, familiares y allegadas de esas militantes. Cuando se produce una infiltración se pone en riesgo a una comunidad de personas que ve expuesta su intimidad, que ve monitorizada su rutina y sus hábitos en una práctica que no tiene ninguna justificación en términos de seguridad. 

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), que debe velar por los derechos fundamentales a la privacidad muy especialmente cuando se trata de cuerpos del Estado, no ha movido un dedo para investigar a los infiltrados policiales y el uso que hayan podido hacer de los datos recabados, tanto en asambleas como en sus domicilios privados. En cambio, El Salto, La Directa, Vilaweb y otros medios de comunicación estamos sufriendo una ofensiva que nos pretende sancionar por informaciones en las que no publicamos nombres ni fotografías que permitan identificar a esos policías infiltrados, incluso aunque esto hubiera estado amparado por el derecho a la información, como sienta el precedente del escándalo Spycops en Reino Unido. 

La agenda democratizadora no es prioritaria para el PSOE y, en las experiencias de Gobierno de coalición la fuerza de los otros partidos para abrir cuña en el Ministerio de Interior ha sido mínima

Pero la cuestión de los agentes infiltrados dentro de los movimientos sociales es solo una de las caras que toma la impunidad policial. Salimos de una legislatura en la que no hemos visto ningún avance en la derogación de la Ley Mordaza, en la que hemos seguido viendo cómo se producían redadas racistas —y en algún caso hemos sufrido las consecuencias de esto en nuestras carnes— y que termina con la alarmante impunidad de las fuerzas armadas en Ceuta. Este ciclo que acaba de terminar ha dado muestra de la debilidad que ha tenido la izquierda institucional a la hora de hacer el examen y la rendición de cuentas de eso que se llama “Estado profundo”. 

En estos días en los que el miedo a un Ejecutivo de derecha y extrema derecha va a protagonizar los análisis en los medios de comunicación de izquierdas, resulta incómodo para muchos y muchas poner el dedo en la llaga de uno de los aspectos que poco o nada ha hecho por cambiar el Gobierno de izquierdas de la pasada legislatura. Por desgracia, la agenda democratizadora nunca es prioritaria para el PSOE y, en las dos experiencias de Gobierno de coalición que hemos visto pasar, la fuerza de los otros partidos para tratar de abrir al menos una cuña en el Ministerio de Interior ha sido mínima. La supervivencia política de Fernando Grande-Marlaska a lo largo de estos tres años es una señal, no la única, del arraigo de prácticas antidemocráticas y antiderechos en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, prácticas que cuentan con el aval también de gran parte del poder judicial.

Somos firmes en nuestro compromiso de denuncia de esas artes feroces del Estado, eso forma parte de lo que nos caracteriza como medio de comunicación. Por decirlo claramente, no creemos que pueda haber una democracia completa si siguen políticas de excepción, si se sigue dando manga ancha a los “poderes salvajes” del Estado.  

Estos días os estamos pidiendo adhesión a nuestro comunicado contra el ataque al derecho a la información y la libertad de prensa. Con esta carta os volvemos a pedir apoyo para nuestro proyecto. Cuantas más socias seamos, cuanta más alcance tenga El Salto y más gente conozca nuestras prioridades informativas, más cerca estaremos de incidir para cambiar las políticas de la mordaza, de las cloacas y las infiltraciones.

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El Salto es un proyecto formado por cerca de 200 personas y 11.000 socios/as que apuesta por un periodismo radicalmente diferente: sin financiación de empresas del Ibex35, democrático, descentralizado y de propiedad colectiva
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