Editorial
Lo que no nombran sí nos mata
La ultraderecha se retrata al romper el consenso sobre las declaraciones institucionales contra la violencia machista como lo que es: un partido anti Constitución y anti instituciones. Los datos sirven de muro de contención al discurso negacionista, pero contener no basta.
En los ayuntamientos de Córdoba, Sevilla, Granada, Jaén, Madrid, en la Asamblea de Madrid o en las Cortes Valencianas no habrá este año declaración institucional contra la violencia machista por imposición de Vox. El bloqueo de este partido de ultraderecha ha impedido que se aprueben declaraciones institucionales contra la violencia de género y ha puesto de acuerdo a todos los demás.
No hay sorpresas en la actitud de Vox: su desprecio es marca de la casa, sobre todo el que dirige contra las mujeres y muy particularmente contra el movimiento feminista. Tampoco es nuevo este torpedeo: el mismo partido impidió en julio declaraciones a favor de los derechos LGTBI. Para este partido, lo que no encaja en sus prejuicios no existe, como demostró Alicia Rubio, diputada de Vox en la Asamblea de Madrid, al negar no ya la identidad sino la misma existencia de los menores LGTBI (“no hay que defender a los niños homosexuales o trans, si es que existe semejante cosa”, fueron sus palabras).
La actitud de Vox pretende poner freno al amplio consenso no solo institucional, sino también social
La aprobación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en el Congreso en 2017 renovó el compromiso de la lucha contra las violencias machistas y recogió el mandato de organismos internacionales, así como de expertas y de colectivos estatales que pedían ampliar la mirada en el abordaje de las violencias machistas no limitándola a la violencia de género en el ámbito de la pareja o expareja.
Mientras se dan algunos pasos en esa dirección, la de profundizar y complejizar en el hecho de que existen múltiples violencias específicas contra mujeres y niñas en todo el mundo, la actitud de Vox pretende poner freno al amplio consenso no solo institucional, sino también social. Lo hace con un juego provocador que, hasta ahora, les ha dado rédito y representación. Y, lo que es más grave, puestos con responsabilidad de gobierno, unos puestos que pueden ocupan por la irresponsabilidad de otros partidos.
Desde las elecciones del 10 de noviembre, con sus 52 diputados en el Congreso, Vox podrá pedir la derogación de leyes y no hay duda de que una, la Ley Integral contra la Violencia de Género, será una de las que pongan en su mira. Lo hará en un momento delicado, cuando va a cumplir quince años, quince años que han dejado en evidencia sus carencias y que exigen, por tanto una revisión crítica.
Lo que ellos no nombran ha matado a más de mil mujeres desde 2003, un número que es solo la punta de la punta del iceberg: los feminicidios íntimos
Mientras la ultraderecha se centra en destruir las medidas contra una violencia cuya existencia niegan, las cifras sirven de muro de contención al discurso negacionista y demuestran que lo que ellos no nombran ha matado a más de mil mujeres desde 2003, un número que es solo la punta de la punta del iceberg: los feminicidios íntimos, los asesinatos de mujeres por sus parejas o exparejas.
Pero contener no puede bastar. No ahora.
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