Salamanca
La mina de Berkeley en Salamanca o por qué hay que acabar con los juzgados de arbitraje inversor-Estado

Una multinacional decide abrir una mina de uranio a cielo abierto en tu país. Es una zona llena de naturaleza y varias organizaciones ecologistas y del entorno denuncian que podría ser un desastre natural sin precedentes. La propia empresa planea verter los residuos radiactivos en inmensos pozos en las cercanías de una reserva natural y de zonas de extracción de agua potable. Tras el análisis de las quejas de la sociedad civil y ver que tienen razón, la administración pública competente y el tribunal superior autonómico decide revocar las licencias por violar normativa medioambiental, anteponiendo el medio ambiente y la salud de sus ciudadanos a los intereses económicos de una empresa extractora.

Pero la historia no acaba ahí. La empresa decide denunciar al Estado para que le pague diez veces más de lo que ha invertido hasta el momento en concepto de lucro cesante. Pero no lo lleva a uno de los juzgados que ya le ha revocado la licencia ni a una instancia judicial superior. La multinacional extranjera lleva al caso a unos juzgados, que no son exactamente juzgados. Ante unos jueces que, realmente, tienen poco de jueces. Y ante unas leyes que contradicen a otras nacionales, europeas o que se basan en tratados de comercio e inversión que han quedado obsoletos o que hemos abandonado. Y, muchas veces, ganan. Y esos juzgados sentencian que las arcas públicas les tienen que pagar a esas multinacionales ingentes cantidades de dinero por no dejarles contaminar nuestras aguas, destruir nuestra naturaleza o porque las decisiones democráticas de un Estado para luchar contra la crisis climática no son compatibles con los beneficios de la empresa.

La empresa exige 1.000 millones de dólares (unos 900 millones de euros) a España por cerrar su mina, en la que ha invertido apenas 100 millones

Lo expuesto podría ser una fábula, un ejemplo inventado, pero es la realidad que rodea el caso de la mina de uranio a cielo abierto que la empresa minera australiana Berkeley proyectó en la región del Campo de Charro, en la provincia de Salamanca, y su demanda contra el Estado español ante al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI). Este tribunal de arbitraje es uno de esos mecanismos de arbitraje inversor-Estado (ISDS por sus siglas en inglés) en el que la empresa exige 1.000 millones de dólares (unos 900 millones de euros) a España por cerrar su mina, en la que ha invertido apenas 100 millones.

A la empresa se le revocó la licencia después de que el Consejo de Seguridad Nuclear de España recomendara en 2021, tras las protestas de la plataforma ciudadana Stop Uranio y unos 40 municipios de la provincia, que se rechazara el proyecto de minería citando “la escasa fiabilidad y las elevadas incertidumbres” en la evaluación de riesgos de las instalaciones de almacenamiento de residuos nucleares. En 2023, tras los pleitos presentados por Stop Uranio y el Ayuntamiento de Villavieja de Yeltes, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anuló dos licencias de la multinacional por violar la normativa medioambiental.

España anunció el abandono del TCE en octubre de 2022. Acción que fue imitada por otros Estados miembro como Países Bajos y, finalmente, en abril de 2024, el Parlamento Europeo en bloque

Agotada la vía judicial en el país, Berkeley optó por acudir al CIADI en 2024, demandando a España bajo el Tratado de la Carta de la Energía (TCE). Diseñado en 1994 y firmado por decenas de países, este tratado se estableció para proteger las inversiones en infraestructuras fósiles occidentales en los países del Este en plena era postsoviética. Sin embargo, hoy ha quedado totalmente obsoleto en el nuevo mundo amenazado por la crisis climática en el que la protección de las inversiones energéticas contaminantes contradicen la lucha para mitigar las consecuencias de la crisis o con nuevos y más importantes acuerdos como el compromiso tomado en París para reducir las emisiones contaminantes en todo el globo.

Es por ello que España anunció el abandono del TCE en octubre de 2022. Una acción que fue imitada por otros Estados miembro como Países Bajos y, finalmente, en abril de 2024 el Parlamento Europeo votó abandonar el Tratado en bloque. Además, una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea determina que el TCE no se puede aplicar entre empresas con sedes fiscales dentro de la Unión Europea, por lo que este tipo de demandas en los ISDS deberían ser anuladas.

Pero, pese a que el TEC ya no debería tener efecto, las empresas siguen denunciando en estos tribunales de arbitraje privados. De hecho, España es el país con mayores laudos en contra y pendientes de todo el mundo debido a la retirada de las ayudas a las renovables que empezó Rodríguez Zapatero, pausándolas, y que remató Mariano Rajoy al eliminarlas definitivamente.

Es por ello que una serie de organizaciones europeas, entre las que se encuentran las españolas Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción y el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL), se han unido para demandar el fin de este tipo del mecanismo de solución de controversias entre inversores y Estados, “un sistema que socava la acción democrática de los gobiernos y obstaculiza la urgente transición ecológica”, según explican en un comunicado conjunto. 

“Los ISDS son un sistema paralelo a la justicia ordinaria, opaco y favorable al inversor que debilita las políticas ambientales, climáticas y sociales de la Unión Europea”, Pedro Ramiro de OMAL

Para estas tres organizaciones, el caso de la mina de uranio de Berkeley en Salamanca “es un claro ejemplo de cómo los gobiernos se enfrentan a demandas multimillonarias de empresas y grandes inversores cuando adoptan medidas encaminadas a proteger el medio  ambiente u otros intereses públicos”. Los ISDS, como el adjunto al Banco Mundial antes citado, son “un sistema paralelo a la justicia ordinaria, opaco y favorable al inversor que debilita las políticas ambientales, climáticas y sociales de la Unión Europea”, explica Pedro Ramiro, coordinador de OMAL, organización que lleva años siguiendo de cerca las implicaciones de esta “justicia” empresarial y privada. La UE y los gobiernos deben abolir este sistema obsoleto”, resume Ramiro respecto a las exigencias de las organizaciones firmantes, “para proteger la soberanía de los gobiernos y la urgente transición ecológica frente a la avaricia de los grandes capitales”, cierra el comunicado. 

“El sistema de arbitraje de inversiones está dando a grandes empresas y especuladores el poder de anular la acción democrática de un Gobierno, incluyendo el cumplimiento de la legislación ambiental, con el único fin de garantizar sus beneficios”, afirma Adriana Espinosa, responsable de recursos naturales de Amigas de la Tierra. En la misma línea, Cristóbal López, de Ecologista en Acción, señala que “el extractivismo transnacional ha alcanzado un estatus que le permite subvertir la soberanía de los pueblos. Usan la Justicia para chantajear al Estado, igual que hacen para intimidar y acallar a los activistas”. 

Para ello, las organizaciones europeas también han publicado diez casos de demandas presentadas por inversores contra los países utilizando el mecanismo de solución de controversias inversor-Estado, entre los que se encuentra la mina de uranio ahora paralizada en Salamanca. Además, la plataforma Stop Uranio ha convocado una concentración frente a las puertas de la empresa Berkeley este miércoles día 17 a las siete de la tarde, en Retortillo (Salamanca), para exigir el fin de lo que consideran un chantaje de la multinacional al Gobierno de España.