La ley de nacionalidad para los saharauis muere en la orilla con el adelanto electoral

El PP trató de vaciarla de contenido y retrasar su aprobación en el Senado. Ahora salvar el texto íntegro ya no es posible, aunque se plantean varias opciones que en ningún caso tendrían el alcance y la aplicación de la norma original.
Retrato de medio siglo de resistencia, olvido y arena - 1
Varios niños juegan a deslizarse por una colina en las afueras del campamento de refugiados saharauis de Esmara. Con más de 50.000 habitantes, esta es la wilaya (provincia) más poblada de las cinco que se establecieron tras el éxodo saharaui en la región de Tinduf, Argelia, después de los bombardeos con napalm y fósforo blanco que las tropas marroquíes lanzaron contra la población civil saharaui durante su ocupación. Jairo Vargas
12 oct 2026 06:00

La proposición de ley que buscaba reconocer la nacionalidad española a los saharauis nacidos en territorio español antes del 29 de septiembre de 1977 ha muerto a las puertas de su aprobación definitiva. El adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez ha disuelto las Cortes cuando la iniciativa se encontraba en el Senado, después de haber sido aprobada por el Congreso.

De hecho, haciendo valer su mayoría en la Cámara Alta, el PP introdujo nueve enmiendas, tratando de eliminar o modificar partes clave del contenido de la ley, como la concesión de nacionalidad directa —carta de naturaleza—, o exigir un mínimo de dos años de residencia legal en España.

Con la ley de nacionalidad “los saharauis en los campamentos y en los territorios ocupados tuvieron esperanza, pero todo se ha disipado como un espejismo”, asegura Mohamed Sid Ahmed

Mohamed Sid Ahmed, “el Rubio” Lefdellel, es activista saharaui y exguerrillero del Frente Polisario. Asegura que con la ley de nacionalidad “los saharauis en los campamentos y en los territorios ocupados tuvieron esperanza, pero todo se ha disipado como un espejismo”. También apunta a que “esta ley no repara todo el daño que se hizo a los saharauis desde hace 50 años, y tampoco puede borrar las traiciones del Partido Socialista a este pueblo”.

Ahora Sumar reclama al Ejecutivo que busque una vía alternativa para evitar que el proceso tenga que empezar desde cero en la próxima legislatura. Sobre la mesa están la carta de naturaleza y, como última propuesta, un real decreto ley, pero ninguna de las dos fórmulas equivale a recuperar la ley que acaba de decaer.

El responsable de asuntos políticos de la Representación del Frente Polisario en España, Salamu Hamudi, hace hincapié en que las reclamaciones del movimiento van mucho más allá de la concesión de la nacionalidad a los saharauis nacidos bajo bandera española. Sin embargo, reconoce que habían “acogido con cierto beneplácito un paso donde España reconoce una parte mínima de esta historia”, y lamenta que la ley finalmente se haya truncado: “es una pena porque se ha cruzado una travesía muy importante administrativamente hablando, y nos hubiera hecho ilusión que se hubiese culminado”.

“Nos ha faltado tiempo”, admite Gely Ariza, presidenta de la Federación Andaluza de Asociaciones Solidarias con el Sahara (FANDAS), que pone el acento en “toda la lucha que ha habido en nuestras instituciones para sacar adelante la ley”. En FANDAS consideraron un éxito que la norma superase el trámite parlamentario, y se mostraban optimistas con que saliese también ratificada del Senado.

La rendija de la Diputación Permanente

La única esperanza para los saharauis a los que alcanza la norma pasa por la Diputación Permanente, que continúa funcionando hasta que se constituyan nuevas Cortes. Entre sus competencias, tal y como recoge la Constitución, está la de convalidar o derogar reales decretos leyes aprobados por el Gobierno durante este periodo.

Esta es la vía que el Ejecutivo está intentando utilizar, por ejemplo, para mantener algunas medidas de los decretos de vivienda que tumbó el Congreso hace unos días, y es también la razón por la que Sumar considera que todavía existe una oportunidad para actuar del mismo modo con respecto a la nacionalidad de los saharauis.

Sin embargo, la Diputación Permanente no puede coger la proposición de ley que estaba en el Senado, votarla y convertirla en ley. Para intentar mantener vivo el objetivo de la iniciativa habría que aprobar una nueva norma por una vía distinta. Y es aquí donde se abren varias posibilidades.

Los obstáculos del procedimiento de urgencia

La principal es la vía del real decreto ley, la alternativa que propone Sumar. El pasado jueves, la formación le planteó al Gobierno que apruebe un real decreto ley sobre la nacionalidad saharaui y que posteriormente sea convalidado por la Diputación Permanente. El movimiento de Sumar pretende evitar así que una iniciativa que obtuvo respaldo en el Congreso desaparezca por completo.

Sin embargo, esta fórmula choca con la interpretación de la Constitución. El artículo 86 permite al Gobierno aprobar reales decretos leyes únicamente en casos de extraordinaria y urgente necesidad. Además, uno de los límites que establece es que dichos decretos no pueden afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, y la nacionalidad está expresamente mencionada en el artículo 11, dentro del Título I.

En este caso, si el Gobierno accediese a aprobar un real decreto ley tendría que justificar por qué existe una situación de extraordinaria y urgente necesidad que haga imprescindible recurrir a esta herramienta y por qué el objetivo no puede alcanzarse mediante el procedimiento legislativo ordinario.

El representante del Frente Polisario insiste en que “España tiene una responsabilidad histórica con el pueblo saharahui”, y expone que en la ley original se deberían haber incluido otras reclamaciones

Otra de las alternativas es la carta de naturaleza, que ya contempla el Código Civil. Esta es la fórmula que la diputada de Sumar Tesh Sidi planteó inmediatamente después de conocerse el adelanto electoral, y permite obtener la nacionalidad española otorgada discrecionalmente mediante real decreto cuando se den circunstancias excepcionales. La idea es que el Gobierno en funciones utilice la carta de naturaleza para reconocer la nacionalidad a quienes cumplieran las condiciones que establecía la propuesta original.

Con todo, el representante del Frente Polisario insiste en que “España tiene una responsabilidad histórica con el pueblo saharahui”, y expone que en la ley original se deberían haber incluido otras reclamaciones para tratar de que “España se siente ante su historia y se involucre más en acabar con el proceso de colonización que dura más de un siglo, reconociendo primero el derecho del pueblo saharaui y después defendiendo la descolonización”, asegura.

En concreto, Hamudi habla de incluir en la ley de Memoria Democrática a los saharauis que sufrieron la represión franquista, así como de reconocer a aquellos otros que trabajaron en la administración española y a quienes no se les ha reconocido esa vida laboral a la hora de ser indemnizados o de cobrar una pensión, por ejemplo.

En una línea similar se expresa Ariza, de FANDAS: “No puedo decir si el Gobierno explorará alguna de estas vías, pero si lo hace esto no significa que pensemos que ya queda reparado el asunto del pueblo saharaui”. Ariza insiste en que la ley de nacionalidad solo “es un expediente de extranjería, un parche que no repara la cuestión de fondo. La responsabilidad de España va más allá y seguiremos defendiendo el referéndum de autodeterminación”. Por su parte, Mohamed Sid Ahmed confiesa que no cree “que el Gobierno presidido por Sánchez vaya a aprobar los aspectos fundamentales mediante decreto ley”.

El Rubio cuenta cómo en el período entre 1976 y 1977 España pidió a los saharauis presentarse en las oficinas del territorio para no perder su Nacionalidad. “Los saharauis en esas fechas estaban siendo perseguidos y sus campamentos bombardeados e invadidos por el norte y por el sur”, explica. También recuerda cómo entonces Felipe González visitó los campamentos de refugiados saharauis y “pronunció un discurso comprometiéndose a estar de nuestro lado, pero hasta hoy han sido todo traiciones.”

Si el Ejecutivo no encuentra una fórmula jurídicamente viable antes de las elecciones, la proposición tendrá que volver a presentarse desde cero en la próxima legislatura y con las nuevas Cortes constituidas, lo que dependerá de la voluntad del próximo Gobierno y de las mayorías parlamentarias que puedan construirse.

“Hay que usar todos los mecanismos posibles, porque es una ley que ha costado mucho trabajo sacar adelante”, insiste Hamudi. “En legislaturas anteriores estaba abocada al fracaso por falta de consenso, pero ha llegado un punto en el que no nos gustaría que fuese devuelta al cajón ni vaciada de sus puntos clave, como ha intentado el PP”, añade.

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