Opinión
El limbo de quienes nacimos saharauis y heredamos una deuda histórica

Nací en los campamentos de población refugiada saharaui y llegué a España siendo una niña, a través del programa Vacaciones en Paz. Aquí crecí, estudié y construí mi vida. Para conseguir la nacionalidad española tuve que acumular diez años de residencia. Por suerte, durante este proceso no estuve sola.

Mi familia de acogida asumió la burocracia que yo no podía asumir: horas en Extranjería, documentación, citas, llamadas, desplazamientos y también gastos —por qué no decirlo—. No se trató nunca de, simplemente, acoger a una niña durante un verano; sinó que se llevó a cabo un acompañamiento posterior, incluso cuando los asuntos administrativos empezaron a complicarse. Mi historia personal, sin embargo, es solamente una pequeña muestra de una contradicción mucho mayor.

Las contradicciones de España con el pueblo saharaui

Mis padres nacieron bajo bandera española. Son hijos de personas que tuvieron documentación española. Aún conservamos los libros de familia y DNI españoles de mis abuelos. Y, sin embargo, mis padres siguen viviendo hoy en los campamentos de refugiados saharauis, atrapados en un limbo administrativo que España nunca ha terminado de afrontar.

Esta es una de las grandes contradicciones de la relación de España con el pueblo saharaui. España administró el territorio. Expidió documentos. Registró nacimientos. Creó vínculos administrativos y familiares que todavía existen. Y después abandonó el territorio dejando una cuestión que, cincuenta años después, continúa sin resolverse.

Hay algo más que para mí tiene un valor enorme: ver a tantas personas saharauis, y simpatizantes de la causa dentro del Congreso de los Diputados y escuchar hablar del Sáhara Occidental en una sesión plenaria

Mientras tanto, las consecuencias de aquella historia han recaído sobre generaciones enteras. Los Saharauis nacidos bajo la administración española han tenido que explicar quiénes son; hay decenas de familias con documentos españoles que no encuentran una vía clara para que esos vínculos sean jurídicamente efectivos.  Hay personas nacidas en un territorio que estuvo bajo administración española que han tenido que enfrentarse a una legislación que, durante décadas, no ha tratado esa historia acorde con la responsabilidad que España tiene.

Es por este motivo que la aprobación de la ley de nacionalidad saharaui en el Congreso no es para mí una cuestión menor: se trata de romper un techo de cristal. No porque una ley de nacionalidad vaya a solucionar el conflicto del Sáhara Occidental. No lo hará. Tampoco sustituye el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación ni puede servir para cerrar en falso una responsabilidad histórica. Pero sí rompe algo: rompe, al menos parcialmente, con la idea de que la historia española en el Sáhara Occidental puede quedarse en los libros de historia mientras sus consecuencias desaparecen de los documentos de quienes la vivieron. Hay algo más que para mí tiene un valor enorme: ver a tantas personas saharauis, y simpatizantes de la causa dentro del Congreso de los Diputados y escuchar hablar del Sáhara Occidental en una sesión plenaria.

Durante demasiado tiempo, hablar del Sáhara en España parecía algo reservado a la solidaridad, a las asociaciones, a las vacaciones de verano, a los campamentos de refugiados o a los actos de apoyo

Puede parecer algo meramente simbólico, pero para quienes llevamos toda la vida viendo cómo el Sáhara desaparece de la agenda política española, no lo es. Durante demasiado tiempo, hablar del Sáhara en España parecía algo reservado a la solidaridad, a las asociaciones, a las vacaciones de verano, a los campamentos de refugiados o a los actos de apoyo. En esta ocasión se habla del Sáhara en el Congreso. Y eso importa; como también importa quién se ha posicionado a favor y quién ha decidido apartarse. 

El Partido Popular asegura que apoya al pueblo saharaui. Sin embargo, cuando tuvo que posicionarse ante una iniciativa concreta que reconoce los derechos del pueblo saharaui, se abstuvo; y eso también constituye una posición política. No basta con decir que se apoya al pueblo saharaui cuando no hay que asumir ningún coste. El compromiso se demuestra cuando llega el momento de votar. Si realmente se quiere defender al pueblo saharaui, hay momentos en los que hay que dejar los discursos y votar. La política se demuestra también ahí.

No estamos pidiendo que España nos invente una identidad. Ni un privilegio. Estamos reclamando que España reconozca las consecuencias de una historia de la que forma parte

Por eso apoyo esta ley. La apoyo porque puede facilitar que personas saharauis dejen atrás situaciones administrativas absurdas, porque reconoce una parte de nuestra historia y sobre todo, porque por primera vez, porque el Sáhara Occidental ocupa el espacio que debería haber ocupado hace mucho en la política española.

No estamos pidiendo que España nos invente una identidad. Ni un privilegio. Estamos reclamando que España reconozca las consecuencias de una historia de la que forma parte. Yo nunca fui de un país desconocido. Era y soy saharaui. Y España lo sabe desde mucho antes de que esta ley llegara al Congreso.