Sáhara Occidental
Etiquetar el robo

Foto de frontera

El tipo de la aduana ni le mira. El policía escribe en la libreta la carga y toma la foto de la matrícula del camión con su móvil. Levanta la cabeza de vez en cuando a consecuencia del tic nervioso. Se acercan las tres del mediodía y los 38 grados en el puerto de Algeciras parecen ser 50. Apenas le sellan el certificado, Julio Rodríguez, el conductor, casi arranca de las manos el papel para tener tiempo de encenderse un cigarrillo antes de subirse de nuevo al camión. Sabe que su tabaco liado es lo más agitado en la ruta constante desde Tánger a Sevilla. Le da aire negro en los pulmones y tiempo para pensar lo que oye: “Me lo dicen cada semana. Que los tomates que cargo allí son buenísimos y que vienen todos del Sáhara. Yo solo arrimo las ruedas al cemento y no pregunto mucho”.

Foto de retaguardia

En la calle Lavapiés de Madrid le llamaban la sultana del té en los años 90. Así lo explicaba Maimouna quien, refugiada ahora en Lleida, observa cada día las noticias internacionales buscando huellas que le traigan aromas a su Bojador querido, ciudad en el sur del Sáhara Occidental ocupado por Marruecos. Explica que no descarta a sus 67 años convertirse en espía para “desenmarañar la política en la Unión Europea y hacer famosos a los ladrones que nos roban los recursos. Nuestros recursos. Nuestra vida. Tengo dos sobrinos que están estudiando abogacía para desenmascarar a los ladrones de guante blanco”.

Foto de la cueva

Lo consiguen una y otra vez. Vienen con los sacos llenos de tiempo perdido y al depositar sus mocasines en el parqué laminado del Parlamento Europeo entremezclan incorrección y fantochadas. Espolvorean segundos que enturbian. Minutos que mienten. Fracciones que camuflan la violación de los Derechos Humanos.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea concluyó en 2016 que los acuerdos UE-Marruecos no se extendían al territorio del Sáhara Occidental. Después, en 2018, la decisión de la Comisión Europea en un acuerdo bilateral revisado volvía a incorporar al Sáhara Occidental como parte del negocio ilegal.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea concluyó en diciembre de 2016 que los acuerdos UE-Marruecos no se extendían al territorio del Sáhara Occidental. Después, en julio de 2018, la decisión de la Comisión Europea en un acuerdo bilateral revisado volvía a incorporar al Sáhara Occidental como parte del negocio ilegal. Una trama posteriormente refrendada por el Parlamento Europeo. ¿De qué iba todo esto? En la práctica, de asimilar —léase expoliar— bienes del Sáhara Occidental como marroquíes. No acaba aquí el drama. A lo largo de la insoportable tramitación del acuerdo en el Parlamento, la Comisión ha eludido en repetidas ocasiones preguntas de aclaración sobre este asunto, especialmente en el etiquetado de los productos.

De objeto robado a objeto perdido: la pegatina que invisibiliza

Los tres ejemplos citados a continuación detallan el ciclo perverso de la impotencia. Aunque hay esperanzas.

Uno. La eurodiputada finlandesa Heidi Hautala (Verdes / EPT) y vicepresidenta del parlamento lanzó dos preguntas el 11 de diciembre de 2019 sobre el etiquetado del origen de los productos procedentes del Sáhara Occidental y si los controles de conformidad de Marruecos para estos productos se ajustaban a las regulaciones correspondientes de la UE, particularmente con las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE que establecen que Marruecos no tiene soberanía ni jurisdicción sobre el Sáhara Occidental.

La respuesta llegaba dos meses más tarde. El 5 de febrero de 2020, el Comisario de Agricultura de la UE, Janusz Wojciechowski detallaba por escrito lo siguiente: “Todos los productos importados, incluidos los originarios del Sáhara Occidental, deben cumplir con la legislación que corresponda, incluido el requisito de proporcionar información precisa y no engañosa sobre el país de origen o procedencia de esos productos, que en su caso debe ser ‘Sáhara Occidental’. Sin embargo, nada ha cambiado.

Dos. El 28 de enero de 2020 el eurodiputado Miguel Urbán (GUE/NGL) preguntaba dos cuestiones que iban en consonancia con las de Hautala. En concreto el encabezado era el siguiente: ¿Tiene previsto la Comisión establecer un etiquetado obligatorio para los productos procedentes de territorios ocupados como el norte de Chipre y el Sáhara Occidental, como es el caso de los productos procedentes de asentamientos israelíes ubicados en territorios palestinos? Y la segunda: ¿Qué ha hecho hasta ahora la Comisión para garantizar que los Estados miembros puedan distinguir entre los productos importados de Marruecos y los importados del territorio del Sáhara Occidental?

La respuesta llegaba el 3 de julio: “Los productos originarios del Sáhara Occidental sometidos al control de las autoridades aduaneras del Reino de Marruecos, se benefician del mismo trato arancelario preferencial que los productos originarios de Marruecos. Dicho acuerdo prevé la supervisión periódica de su impacto en lo que respecta al desarrollo sostenible y la explotación de los recursos naturales. Además, se ha creado un sistema para informar a las autoridades aduaneras de la UE y de los Estados miembros sobre los productos originarios del Sáhara Occidental que se exportan a la UE”. En la práctica nada parece indicar que se haya acabado con este refugio de empresarios y políticos afines a la ocupación.

Tres. Más recientemente el también eurodiputado de Ciudadanos Jordi Cañas, señalaba los datos del informe de la ONG Mundubat en el que se detalla que entre el 7% y el 14% de los tomates que Marruecos exporta a Europa proceden de los campos de Dajla. Desde allí, son transportados a Agadir, ya en suelo marroquí, y mezclados con tomates de la región de Souss. Finalmente son envasados y etiquetados como producto del reino alauita, como quedó documentado en el reportaje La mata del desierto. Cañas denunciaba que “la venta de estos tomates camuflados como marroquíes viola numerosas legislaciones europeas y el Acuerdo de Asociación UE-Marruecos, que establecen que los productos que lleguen a Europa están obligados a un etiquetado que indique el origen de su producción”.

En este sentido, Andrés Góngora, responsable de frutas y hortalizas de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Andalucía, COAG, lo tiene claro: “La UE viste de legalidad algo que desde luego no es legal. Y además se sigue vulnerando otro derecho: el derecho de los consumidores para conocer el origen exacto de los productos que compran en los supermercados. Marruecos sigue etiquetando como producto marroquí algo que realmente no procede de Marruecos”, declaraba recientemente en una entrevista.

Pero desde Canarias, Anselmo Fariñas, activista y miembro de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui apunta a una fotografía más amplia en la que no solo aparecen los tomates: “Ahora mismo quienes se benefician de que se etiqueten como marroquíes o que se usen localizaciones de caladeros tan inconcretas como zona FAO-34 o Atlántico nororiental son las empresas de transformación y/o comercialización españolas, que son las que ocupan ese tramo de la cadena de valor (pulpo, sardinas, atún, o pescado blanco congelado, por ejemplo). En el caso de la producción agrícola de Dajla, hasta donde sabemos, parecen dirigirse mayoritariamente a los mercados franceses, alemán o escandinavos. Son las cadenas de comercialización final quienes se benefician de esa confusión”.

“La UE viste de legalidad algo que desde luego no es legal. Y además se sigue vulnerando otro derecho: el derecho de los consumidores para conocer el origen exacto de los productos que compran en los supermercados. Marruecos sigue etiquetando como producto marroquí algo que realmente no procede de Marruecos”

Capitalismo versus vida

A veces, los peldaños hacia delante que se creían irreversibles, esas conquistas de la población inalterables, pueden ser arrojadas al acantilado. De nuevo. Yayo Herrero, en su artículo Límites, fascismo territorial y la derecha sin complejos muestra la relación de nuestro modelo de consumo con las catástrofes medioambientales: “La economía globalizada asienta el fascismo territorial a partir de la ingeniería social y la racionalidad económica que considera que las vidas y los territorios importan solo en función del valor añadido que produzcan”. Por eso hay que proteger el tiempo, cada pellizco de vida.

Es lo que el profesor Juan Hernández Zubizarreta denomina arquitectura de la impunidad, construida a favor de las compañías multinacionales y del capital. “Los derechos de las empresas transnacionales se tutelan por un ordenamiento jurídico global basado en reglas de comercio e inversiones cuyas características son imperativas, coercitivas y ejecutivas (Derecho duro), mientras que sus obligaciones se remiten a ordenamientos nacionales sometidos a la lógica neoliberal, a un Derecho Internacional de los Derechos Humanos manifiestamente frágil y a una Responsabilidad Social Corporativa (RSC) voluntaria, unilateral y sin exigibilidad jurídica (Derecho blando o soft law)”.

Pero hay vida tras fregar los suelos inertes de la historia colonial española y secar al sol las sentencias incumplidas. Existen varios mecanismos para romper con la impunidad corporativa como por ejemplo la compra pública socialmente responsable como subraya Lina M. González, una de las coordinadoras de la Guía 99,3% Responsable. “De esta forma se garantizarían que los bienes están libres de vulneración de los derechos humanos tanto en el Sur como en el Norte global. Es decir, a lo largo de toda la cadena de distribución”.

Jordi Calvo, coordinador del Centre d’Estudis per la Pau JM Delàs señala que otra de las estrategias claras para acabar con la impunidad corporativa en territorios donde se vulneran los derechos humanos, como sería el caso del Sáhara Occidental, sería ir allá donde participan las empresas en el ciclo armamentístico que es donde se producen los productos militares y de seguridad. Algo detallado en el reportaje Romper el viento: “El primer paso es hacer incidencia política porque es el gobierno quien paga con presupuestos públicos; el que compra, el que promueve y ayuda a las industrias a ser lo que son. La otra sería ir a hacer mal a las empresas en aquello que necesitan para realizar su actividad, es decir, las finanzas”.

Esta vía del boicot tiene cada vez más fuerza, un ejemplo de ello es El Sáhara Occidental no está en venta (WSNS por sus siglas en inglés). Una campaña internacional contra el expolio de los recursos naturales en el Sáhara Occidental impulsada por diferentes organizaciones de la sociedad civil saharaui, de los territorios ocupados, de los campos de refugiadas y de la diáspora.

Epílogo: un microrrelato para soñar

En la hora de ser políticamente incorrectos grupos de personas rodearon los diferentes supermercados de las principales ciudades del Estado. La misión era la de bloquear cualquier entrada de mercadería que procediera del Sáhara Occidental de manera ilegal. El tiempo del silencio y ocultación había terminado y los pasamontañas quedaron guardados en los bolsillos. Profesores, políticos, periodistas, juristas… No había miedo a las represalias. Durante 10 noches y 10 días los relevos no dejaban de acudir para hacer de estos piquetes un pilar infranqueable. Los centros logísticos también permanecían bloqueados y miles de camiones permanecían en las cunetas con productos que ya habían perdido su valor por el evidente proceso de descongelación. La industria del cemento obligada a detener sus maquinarias por falta de arena saharaui concedió vacaciones indefinidas. Los relevos pasaron a convertirse en ciudadelas que envolvían el sueño en realidad. Lo estaban consiguiendo. La población era consciente. Nada podía detener este espíritu de solidaridad. En menos de un mes los acuerdos internacionales con Marruecos tuvieron que redefinirse y ajustarse a la normativa. Y entonces, solo entonces, crujió en el aire un olor insólito: había estallado la paz. Marruecos abandonaba los territorios ocupados con un cheque en el que se podían leer las correspondientes indemnizaciones. Por su parte, el Gobierno de España reconocía su culpa y juzgaba a empresarios y políticos que durante más de 40 años se habían beneficiado abiertamente del expolio de los recursos.

Es hora de la acción.