Residuos
Una quincena de entidades contra el proyecto de Ley de Residuos: “Es poco ambicioso e ineficaz”

La pelota está actualmente en el Consejo de Estado, que debe emitir ahora un dictamen preceptivo, pero el nuevo ordenamiento no empieza con buen pie. La nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados, cuyo anteproyecto ha elaborado el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco), no ha gustado nada a las organizaciones preocupadas por el medio ambiente y por la deficiente política de gestión de residuos del Estado español, una asignatura pendiente desde hace décadas, con cifras tan alejadas de los objetivos a los que España se ha comprometido como un 53% de residuos urbanos que acaban en vertedero —con cifras de 2018— o que solo el 35% de ellos pasa a procesos de reciclaje o reutilización.

El pasado febrero, 16 organizaciones demandaron a España ante la Comisión Europea por “años y años de políticas erráticas, porcentajes de recogida selectiva y reciclaje estancados y total desinterés para fomentar la prevención y la reutilización”, así como por el incumplimiento de los objetivos de reciclaje y reutilización establecidos por la directiva europea de residuos para 2020, que debería ser de al menos el 50%. La Comisión aceptó a trámite la demanda el 11 de febrero. Ahora, las entidades demandantes tachan el anteproyecto de ley de “poco ambicioso e ineficaz ya desde su nacimiento” y alertan de futuros incumplimientos de las directivas europeas si la Ley no es más transformadora.

Tras presentar alegaciones ante el Consejo de Estado, las organizaciones demandantes han pedido a la institución que emita un dictamen desfavorable al anteproyecto de Ley con el fin de que este sea redactado de nuevo con unos objetivos acordes a los tiempos que corren y las emergencias climática y de biodiversidad. 

En las alegaciones, señalan que “se debe de partir de un correcto análisis de la situación preexistente y no ocultar la realidad en la que nos encontramos en materia de residuos si queremos que se apruebe una Ley de Residuos que promueva la prevención, la reutilización y el reciclaje de alta calidad y consiga que España deje de quemar y enterrar el 60% de sus residuos domésticos”.

Incumplimiento de objetivos

Los colectivos denuncian que España no solo no ha cumplido con el objetivo del 50% de residuos urbanos reciclados en 2020, sino que el dato de reciclaje estimado por Eurostat para el año 2019 fue de un 34,7%, una décima por debajo del dato reportado para 2018, consolidando una tendencia a la baja desde 2017.

“Si el Anteproyecto de Ley de Residuos ignora esta realidad de partida, la norma que impulse el Congreso será improductiva desde el mismo momento en que se apruebe“, denuncian las entidades firmantes.

“El Anteproyecto de Ley redactado por el Ministerio de Transición Ecológica no solo ignora la actual situación de incumplimiento, sino que además ni recoge medidas esenciales puestas en marcha en otros países europeos que ya tienen mejores resultados en la gestión de los residuos”, añaden, “ni impide que se perpetúen situaciones de monopolio como las que vivimos en determinados flujos de residuos al permitir la existencia de un solo Sistema de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) como ocurre, por ejemplo, con Ecoembes en el caso de los envases ligeros o Ecovidrio en el caso de los envases de vidrio”.

Entre las fallas del anteproyecto de ley las 16 organizaciones remarcan la creación de un sistema de recogida selectiva obligatoria de biorresiduos en todo el territorio antes de 2023; la introducción de un régimen fiscal armonizado y finalista sobre la eliminación de residuos; el fomento de incentivos económicos y sistemas de depósito, devolución y retorno (SDDR) de productos para su reutilización o para su reciclaje de alta calidad; y el desarrollo de medidas para asegurar la responsabilidad ampliada del productor. Se trata de medidas todas ellas recomendadas tanto por las directivas europeas como por la Comisión.

Entre los demandantes se encuentran ONG medioambientales como Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción o Greenpeace; organizaciones territoriales de defensa del medio ambiente, como el GOB Mallorca; entidades centradas en la mejora del sistema de gestión de residuos, como Rezero, la Associació Fòrum Estratégia Catalana Residu Zero o Retorna; colectivos centrados en problemáticas locales, como la Asociación GuraSos; entes dedicados a la divulgación y defensa del océano, como Clean Ocean Project, Itsas-Gela Aula del Mar y Surfrider Foundation Europe; y sindicatos como la Unión Sindical Obrera.