Represión
Un Mosso d’Esquadra desenfunda una pistola en un desahucio en Barcelona

Los hechos se produjeron el pasado miércoles 18 de diciembre, cuando se ejecutó la expulsión forzosa de Denis y Yolanda, hermanos con dos menores a cargo, en la calle Pare Rodés 8-10, en el distrito de Nou Barris de la capital catalana. En el vídeo, el agente con Número Operativo Policial T6W049 desenfunda la pistola y apunta en dirección al pasillo. En ese momento, el desahucio ya había sido ejecutado y no había nadie dentro de la vivienda, antes de la entrada de la comitiva judicial, según explican fuentes del Sindicato de Vivienda de Nou Barris.

Desde el Sindicato detallan que “previamente, la persona que había sido desahuciada había cuestionado a los agentes que entraran en el piso con armas”, ante lo que los policías habrían contestado que lo hacían por “protocolo”, ante la posibilidad de que hubiera alguna persona escondida dentro del inmueble. Desde la entidad que lucha por el derecho a la vivienda se preguntan: “¿Cómo se puede permitir una actuación policial en un desahucio durante el que se saca un arma sin motivo?”.

Este gesto “denota la predisposición a actuar con un grado de hostilidad que mezcla la imprudencia y la ilegalidad”, explica Martí Majoral, portavoz de Alerta Solidaria

Martí Majoral, portavoz de Alerta Solidaria, enmarca esta actuación en el “incremento constante de la presencia policial, con agentes de la BRIMO y el ARRO, en los desahucios en los barrios de Barcelona y otros puntos del país”, contexto en el que “es necesario situar este gesto, paranoico y antirreglamentario de desenfundar el arma de fuego sin ninguna justificación posible”.

Este hecho, explica Majoral, “denota la predisposición a actuar con un grado de hostilidad que mezcla la imprudencia y la ilegalidad”. “El objetivo no es otro que provocar reacciones en caliente de los activistas que sirvan para justificar nuevas detenciones. A la larga y de forma más general, la intimidación por la violencia policial pretende coaccionar las libertades cívicas, como el derecho de protesta, del colectivo concernido, en este caso, el movimiento por la vivienda”, concluye. Fuentes de la Oficina del Portavoz de los Mossos d'Esquadra han afirmado desconocer el motivo de esta acción que quedó registrada y destacan que el desahucio se desarrolló “de forma pacífica”.

Desde el Sindicato de Vivienda de Nou Barris coinciden en que “no es casualidad que una acción desproporcionada como ésta se haya llevado a cabo en una semana marcada por dispositivos policiales desmesurados en cada desahucio”. Hacen referencia a este caso del 18 de diciembre en Nou Barris cuando, dicen, “la BRIMO [antidisturbios de los Mossos] se presentó una hora antes de la citación de los juzgados y acordonaron la zona con más de seis furgones, impidiendo el paso de la SIPHO -servicio de atención del Ayuntamiento- y de los vecinos y vecinas que se acercaban a apoyar a Denis y Yolanda”, pero hablan también de otros casos en Sants, Sant Gervasi, Trinitat Vella, Poble Sec o Reus.

“Lo que eran intervenciones puntuales ahora ocurren a menudo, con actuaciones muy contundentes contra las militantes”, explican desde el Sindicato de Vivienda de Nou Barris

“Todos estos dispositivos suponen un gasto enorme de los recursos públicos que bien se podrían utilizar para pagar los cientos de alquileres sociales que hacen falta en Catalunya”, remachan. Junto con el II Congreso de Vivienda de Catalunya denuncian que ha habido un endurecimiento de los procedimientos usados ​​en los desahucios: “Lo que eran intervenciones puntuales ahora acontecen muy a menudo, casi a diario, con actuaciones muy contundentes contra las militantes que se oponen de forma pacífica que se desahucie a sus vecinas y vecinos”.

Denis y Yolanda accedieron al piso a través de una estafa, puesto que pagaron a una persona que se hacía pasar por la propietaria. En realidad, la vivienda era propiedad de Anticipa Real State, una filial del fondo de inversión estadounidense Blackstone, el tenedor que controla más pisos de alquiler en España. Sin embargo, ni desde la administración pública ni desde la propiedad se les ofreció ninguna alternativa habitacional.