Reforma laboral
Una semana para revertir lo que no se hizo en ocho meses

Ni con Rajoy, ni con Sánchez. La reforma laboral de 2012 y la de las pensiones de 2013 han sobrevivido a la XII legislatura hasta ahora y solo en la última semana antes del final puede haber novedades que reviertan algunos de sus aspectos polémicos. Técnicamente, el presidente puede llevar los Reales Decretos a convalidar a la diputación permanente con las cortes disueltas, pero parece poco probable que Sánchez lo haga de esa forma.

El pasado viernes, el Consejo de Ministros no avanzó nada sobre la “contrarreforma” laboral que se anunciaba y quedan cinco días, hasta el lunes, para que se pueda avanzar vía Real Decreto Ley en algunos de los puntos que están sobre la mesa. “No tenemos ninguna certeza de que vaya a salir algo”, resumía el pasado viernes a El Salto la secretaria de Acción Sindical del sindicato Comisiones Obreras, Mari Cruz Vicente.

Este sindicato espera una reunión esta semana con la todavía ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, y añade que intentarán varias vías de presión para que el Gobierno de Sánchez cumpla el compromiso firmado en diciembre entre Sánchez, Unai Sordo (CC OO) y Pepe Álvarez (UGT) sin los representantes de la patronal.

La semana pasada medios como El Confidencial anticipaban que algunos de los acuerdos adquiridos en ese compromiso iban a formar parte del paquete de medidas incluidas en el acuerdo de reforma. En concreto, son las referentes a la ultraactividad de los convenios —paralizada en 2012, cuyo efecto es la devaluación de las condiciones de convenio para decenas de miles de trabajadores— y la prevalencia del convenio de empresa sobre el de sector, al menos en materia salarial.

El Gobierno también puede decretar la obligatoriedad del registro de jornada como medio de atajar el fraude en la contabilización de horas extra no remuneradas, que supone que, en España, cada semana, la patronal se embolse más de tres millones de horas no retribuidas.

Junto a estas dos medidas, la prensa especulaba con que Sánchez se atreviera a tocar otro de los aspectos fundamentales para la devaluación de las condiciones laborales en el mercado laboral, mediante una reforma del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores que afecta a las prácticas de subcontratación. El Gobierno negoció con Unidos Podemos una modificación para aplicar el convenio de la empresa principal a los trabajadores subcontratados —al menos los que prestaran funciones vinculadas a la actividad de la principal—, algo a lo que se negó el PdeCat.

La reforma de 2012 facilitó la creación de convenios por parte de las empresas multiservicios —especializadas en las externalizaciones u outsourcing— definidos por los bajos salarios (apenas unos euros por encima del salario mínimo), distribución irregular de la jornada laboral y encadenamiento de contratos temporales. En este periodo se han firmado más de 300 convenios de este tipo, cuando hasta antes de la reforma laboral, mientras que entre 2002 y 2012, el número se reduce a tres.

Cuando estaba en la oposición el PSOE, junto a Unidos Podemos, defendió una reforma del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores con el fin de limitar la externalización de la actividad “cuando esta sea la actividad principal de la empresa”, una situación especialmente habitual en el sector de las camareras de piso, o kellys, como explicaba Nueva Tribuna.

Límite: el viernes

“Lo que sabemos es lo que el PSOE ha transmitido por la prensa”, explica Mari Cruz Vicente, entre los anuncios que desde CC OO dan por hecho que el Gobierno implementará esta semana, está la recuperación de los subsidios íntegros para los parados mayores de 52 años —independientemente del tipo de contrato que tuvieran cuando accedieron al empleo— y la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales de personas dependientes.

“Más allá de eso no hay certeza ni información fiable”, recalca la secretaria de Acción Sindical de Comisiones Obreras. El próximo miércoles, este sindicato tiene previsto una reunión de su ejecutiva para explorar los pasos a dar. Aunque, como recuerda Vicente, la campaña electoral y el delicado equilibrio ideológico que muestran las encuestas, será un factor a tener en cuenta a la hora de plantear movilizaciones.

La demanda se extiende también a la reforma de las pensiones de 2013, otra de las medidas que Sánchez no ha querido tocar durante su parte de la legislatura.

Para esta reunión si hay una fecha, mañana martes 26 de febrero, y dos objetivo claros: tomar medidas para elevar los ingresos del sistema de Seguridad Social y la revisión de la entrada en vigor del “factor de sostenibilidad” de las pensiones, que liga las retribuciones a la esperanza de vida. Menos probable es que el Gobierno decrete terminar con la desvinculación de los mecanismos de revalorización de las pensiones del índice de precios de consumo (IPC) aprobada por el Gobierno de Rajoy, difícil si no hacen al mismo tiempo un cambio en el cálculo del período computable de cara a la pensión de jubilación, el motivo por el que Unidos Podemos no aprobó las conclusiones de consenso del Pacto de Toledo, discutidas la semana pasada en las Cortes.

Las perspectivas, para UGT, son que las pensiones seguirán perdiendo poder adquisitivo en relación con los precios en la próxima década, hasta acumular un desfase negativo del 9,5% en 2022.

A pocas semanas de la campaña electoral, queda descartado que el PSOE quiera enfrentarse abiertamente a los sindicatos de la llamada “Cumbre Social”, pero lo cierto es que el reloj sigue corriendo y dos de los caballos de batalla que enarboló Sánchez cuando estaba en la oposición no se han plasmado en cambios sustanciosos en los ocho meses que ha ocupado La Moncloa. 

La presión de dos de sus socios o apoyos coyunturales, PNV y PdeCat, ha propiciado que las reformas no hayan pasado por el trámite parlamentario estándar —algo que también ha dificultado la no aprobación de los Presupuestos— y solo el recurso al Real Decreto puede modificar lo que, hasta el momento, ha sido una renuncia a desandar el camino iniciado por Zapatero en 2010 y consolidado por Rajoy en 2012 y 2013.