Racismo
El racismo institucional se dispara en España, según el último informe anual de SOS Racismo

El racismo no solo son insultos o agresiones físicas contra personas racializadas. Es más, la inmensa mayoría de las acciones racistas se producen bajo formas mucho más sutiles, como una cita en extranjería o el registro civil cancelada de repente; un trámite administrativo paralizado durante meses o años; la imposibilidad de contratar un seguro o pedir un crédito, o una prestación social denegada tras no superar los obstáculos burocráticos. Estas formas de racismo implican directamente a las administraciones públicas, que convierten derechos en privilegios según el origen.

Esta es la principal conclusión a la que llega el Informe anual sobre el racismo en España publicado hace unos días por la Federación SOS Racismo, y que recoge las 528 denuncias y casos de discriminación racial atendidos en 2025 por sus Oficinas de Información y Denuncia en Aragón, País Vasco, Cataluña, Galicia y Navarra. La organización insiste en que esa cifra representa únicamente “la punta del iceberg de una realidad mucho más sombría”, ya que de casi 900 denuncias, esas 528 son las que llegaron a convertirse en casos de intervención técnica.

Precisamente la infradenuncia, inciden desde la organización, continúa siendo una de las principales características del racismo en España. SOS Racismo calcula que poco más del 20% de las situaciones de discriminación acaban formalizándose mediante una denuncia, mientras que el 71% de las personas afectadas decide no denunciar por miedo o desconfianza en las instituciones.

Racismo en las administraciones públicas

Uno de los datos más llamativos del informe es quién ejerce esa discriminación. El estudio refleja que el 70% de los expedientes (370 de los 528 registrados), implica directamente a entidades públicas. SOS Racismo aclara que es plenamente consciente de que no todas las deficiencias administrativas —como el retraso en las citas médicas o los fallos en la web para hacer algún trámite con Hacienda, por ejemplo— son racismo institucional. La organización diferencia entre los malos funcionamientos que afectan a cualquier ciudadano y aquellas actuaciones en las que el origen étnico o la situación administrativa de la persona solicitante provocan un trato desigual que limita el acceso efectivo a determinados derechos, incluso sin que exista una intención discriminatoria explícita por parte de los funcionarios.

En 2025, en torno a la mitad de los casos clasificados como racismo institucional se concentró en los procedimientos de extranjería y los trámites para solicitar la nacionalidad, y juntos representan el 86% de las denuncias de esta categoría. Desde SOS Racismo consideran que estos datos muestran “una administración que funciona más como un muro de contención que como un facilitador de derechos”, y consideran que muchas veces el problema es la aparición de requisitos que no figuran en la normativa, o la aplicación desigual de criterios según el territorio.

Durante 2025, SOS Racismo registró 121 denuncias relacionadas con la denegación o las dificultades para acceder a los servicios sociales, la atención sanitaria, el empleo o la vivienda pública

El año pasado en el Registro Civil de Vigo, varias familias denunciaron que no pudieron inscribir como españoles a sus hijos nacidos en España porque en el registro les pedían el NIE de los padres, algo que no contempla la legislación española. El propio personal del registro llegó a cancelar citas ya concedidas tras llamar por teléfono a cada familia y comprobar si poseían el permiso de residencia. Cuando se les pidieron explicaciones, la respuesta de los trabajadores del registro fue que la ley había cambiado, aunque nadie pudo señalar qué norma justificaba ese supuesto cambio, únicamente se excusaron diciendo que se trataba de “una norma de Madrid”.

Finalmente, el Registro Civil de Vigo emitió varias resoluciones denegatorias por escrito. En ellas ya no hablaban de un cambio legislativo, sino de que el sistema informático exigía introducir un NIE para continuar la tramitación. Tras recurrir esas resoluciones por escrito ante la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, se les dio la razón a los padres y se reanudó la tramitación ordinaria de los expedientes de sus hijos.

Algo muy similar ocurre en el acceso a las prestaciones y servicios públicos. Durante 2025, SOS Racismo registró 121 denuncias relacionadas con la denegación o las dificultades para acceder a derechos básicos como los servicios sociales, la atención sanitaria, el empleo o la vivienda pública. Le siguen los conflictos y agresiones racistas (76), el racismo policial (75), la denegación de servicios privados (56), y la discriminación laboral (37).

Abuso policial y explotación laboral

Otro de los focos del racismo se encuentra entre quienes deberían proteger a todos los ciudadanos. El informe expone que en 2025 hubo 75 denuncias relacionadas con el racismo por parte de la Policía. De ellas, 57 correspondieron a identificaciones o controles basados en el color de piel, el origen étnico-racial, la nacionalidad o la apariencia física. Este tipo de actuaciones racistas suelen manifestarse mediante controles selectivos, identificaciones sin ninguna base legal, uso excesivo de la fuerza o trato degradante hacia personas racializadas.

Hace unos meses, en el barrio bilbaíno de San Francisco, diez agentes rodearon a una persona y al coche junto al que se encontraba, cuestionando reiteradamente que pudiera ser el propietario de un vehículo de ese valor. En Pamplona, varias personas de origen argelino y marroquí iban en coche cuando fueron interceptadas por la Policía Municipal. Tras registrarlos tanto a ellos como al coche sin encontrar indicio alguno de delito, permanecieron retenidos durante horas y fueron sometidos a preguntas centradas en su origen, su situación laboral y el acceso a ayudas sociales.

El ámbito laboral constituye otro de los escenarios donde el informe detecta una estrecha relación entre discriminación racial, racismo administrativo y explotación. De los 37 expedientes relacionados con discriminación laboral, 30 corresponden a situaciones de explotación, y dentro de ese grupo 17 afectan específicamente al empleo doméstico, un sector que representa casi el 60% de todos los casos documentados de explotación laboral.

De nuevo, SOS Racismo insiste en que estas cifras no reflejan la magnitud real del problema de la explotación y el abuso de las personas racializadas en España. El miedo a perder el trabajo, la dependencia económica respecto al empleador y el temor a que una denuncia pueda derivar en consecuencias relacionadas con la situación administrativa hacen que muchas de estas situaciones nunca lleguen a denunciarse. La organización señala de que gran parte de los casos de explotación laboral se desarrollan dentro de modelos productivos dependientes de mano de obra migrante sometida a bajos niveles de protección, como los temporeros agrícolas.

No obstante, la discriminación laboral no se limita a los sectores más precarizados. También aparece en puestos cualificados mediante formas de hostigamiento que terminan afectando a la salud física y mental de quienes las sufren. No obstante, en ambos casos el origen étnico-racial y la situación administrativa terminan utilizándose como factores que reducen las garantías laborales de quienes ya de por sí suelen ocupar las posiciones más vulnerables en el mercado de trabajo.

Gran parte de los casos de explotación laboral se desarrollan dentro de modelos productivos dependientes de mano de obra migrante sometida a bajos niveles de protección

El acceso a la vivienda es aún más difícil

La discriminación en el sector público se extiende también a las empresas privadas. El informe documenta 56 denuncias por denegación de acceso a prestaciones y servicios privados en 2025. La vivienda concentra el mayor número de expedientes, con 24 casos —siete de ellos atribuidos directamente a particulares—, seguida del ámbito sanitario (13), los locales de ocio y restauración (7), las entidades bancarias (4), la educación (1), los salones de belleza (1) y otros servicios privados, entre ellos gestorías, supermercados o compañías telefónicas.

Para SOS Racismo, el acceso a la vivienda continúa siendo uno de los principales espacios donde se manifiesta la discriminación cotidiana de las personas racializadas. Casi la mitad de todas las denuncias de esta categoría corresponden al mercado inmobiliario, donde el 99% de las inmobiliarias aceptan prácticas discriminatorias cuando éstas son planteadas por los propietarios de las viviendas.

La organización identifica también barreras en el acceso a la atención sanitaria cuando la gestión administrativa introduce requisitos que exceden lo previsto por la normativa. Entre los trece casos registrados en este ámbito, Navarra documenta situaciones en las que se exigieron periodos de empadronamiento superiores a los legalmente establecidos, no se aceptaron determinados documentos identificativos distintos del pasaporte o se emitieron facturas por atenciones de urgencia a personas que tenían derecho a recibir asistencia sanitaria, convirtiendo un derecho universal en un procedimiento especialmente complejo para parte de la población migrante.

Hombres jóvenes y magrebíes, los que más denuncian

El perfil de quienes acudieron a las oficinas de denuncia de SOS Racismo refleja que la discriminación afecta principalmente a personas en edad de trabajar. El 72% de los expedientes corresponde a personas de entre 26 y 45 años. Los hombres representan el 57% de las personas atendidas y las mujeres el 41%, una diferencia que el informe interpreta también desde una perspectiva de género, señalando que muchas mujeres afrontan barreras específicas que dificultan incluso el acceso a los mecanismos de denuncia.

En cuanto al origen de las personas denunciantes, la población procedente del Magreb ocupa el primer lugar con 219 casos, el 41% del total, por delante de las personas originarias de América del Sur, que representan el 33%. Desde la consideran especialmente preocupante este incremento al entender que confirma una tendencia detectada por otros estudios sobre discriminación que sitúan a la población magrebí como el colectivo más expuesto a la hostilidad tanto en espacios públicos como privados. Según el informe, este cambio en el perfil de las personas denunciantes evidencia que el origen sigue siendo un factor determinante en la exposición a prácticas discriminatorias.