Racismo
Más de 400 entidades exigen el fin de los controles policiales racistas

En la larga lista de fechas asociadas a una reivindicación histórica o colectivo específicos, el próximo sábado es el Día Internacional Contra la Discriminación Racial. Una de las expresiones más radicales de esta discriminación es no poder disfrutar del derecho a transitar libremente por el espacio público ante el temor de ser interpelado y retenido por las fuerzas de seguridad. Los perfilamientos raciales, las paradas policiales que se realizan contra personas en base al color de su piel, suponen una de las violencias institucionales más habituales a las que se enfrentan las personas racializadas en España.

Una amplia articulación de organizaciones y colectivos antirracistas han elegido la proximidad del 21 de marzo para lanzar una campaña en la que exigen que se cese esta práctica racista que puede verse cada día en las calles del Estado, una problemática que si bien tiene su expresión más mediática en los Estados Unidos de ICE, atraviesa la Unión Europea, un actor que está apostando abiertamente por la persecución de las personas racializadas, institucionalizando los perfilamientos raciales en sus últimos diseños de política migratoria, como el Reglamento de Retorno, en debate en el Parlamento Europeo.

Bajo el nombre “Por el fin de los controles policiales racistas. Parad el racismo y no a las personas”, y el Hashtag  #ParemosElRacismo, la campaña, en la que participan organizaciones como el Sindicato de Manteros de Madrid, Rights International Spain, Red Acoge, Amnistía Internacional, Defender a quien Defiende, Fundación Secretariado Gitano, IRIDIA, Comisión de Migración y Antirracismo 8M, y Convivir Sin Racismo, y a la que se adhieren más de 400 entidades de todo el estado, enmarca los perfilamientos raciales como una manifestación central del racismo estructural, acusando al Estado español de negar una realidad que las personas migrantes y racializadas constatan cada día en su cotidianeidad, constituyendo un “problema endémico”. 

Un problema endémico que ya ha sido señalado por la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el Consejo de Europa y organismos de Naciones Unidas que han solicitado repetidas veces que se ponga fin a esta práctica en el país. Desde la campaña recuerdan cómo en su informe de 2024, la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE, señalaba que un 66% de las personas detenidas el año anterior, apuntaban que su última detención se había debido a la discriminación racial. Por otra parte, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU ha instado al Estado español a tomar las medidas necesarias para la erradicación de estas prácticas policiales.

La perfilación racial es ineficaz “en la lucha contra la delincuencia u otros ilícitos y además cercena la confianza de los grupos afectados en las instituciones”

La acción, concebida para extender por todas las redes sociales la denuncia contra estas prácticas racistas, cuenta con un vídeo en el que el actor y activista antirracista Thimbo Samb pone en evidencia lo que supone para tantas personas ser retenidas durante horas por la policía solo por el color de su piel. Los testimonios de personas migrantes y racializadas que aparecen en el breve audiovisual perfilan una cotidianeidad asediada por la posibilidad de ser detenidos en plena calle, delante de todo el mundo. Una experiencia cuyos efectos no se limitan a la humillación, afirman, sino que les afecta en los estudios o en el plano laboral, impidiendo su libre circulación por la ciudad. 

En el manifiesto que acompaña a la acción en redes de hoy, los colectivos recuerdan que la denuncia contra esta práctica cuenta con una larga trayectoria, en la que se han puesto en evidencia los efectos que produce en los colectivos que son objeto de este hostigamiento cotidiano. Las paradas por perfil racial, además, son ineficaces “en la lucha contra la delincuencia u otros ilícitos y además cercenan la confianza de los grupos afectados en las instituciones”. Las personas que se ven expuestas a este abuso por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado, sufren los efectos en su salud emocional y física, mientras ven limitados sus derechos humanos y sus libertades, afirman, pero las consecuencias no se limitan a estos colectivos, las paradas por perfilamiento racial afectan también al resto de la ciudadanía “que ve cómo una parte importante de sus vecinas y vecinos son a diario criminalizados y estigmatizados”.

Más allá de la denuncia, quienes firman exigen medidas concretas que pasan por el reconocimiento claro por parte de las administraciones del racismo estructural e institucional, incluyendo el antigitanismo y la islamofobia, y en especial las prácticas racistas que implican los perfilamientos raciales, que demandan prohibir mediante ley orgánica. Para que esta prohibición pueda concretarse, los colectivos consideran necesario que se defina legalmente qué es un parada por perfilamiento racial y que la definición de dicha práctica: “la señale como forma de discriminación racial y, al mismo tiempo, obligue a motivar la actuación policial con evidencias e informaciones objetivas”.

Las organizaciones recuerdan en su manifiesto que ya hay una herramienta adecuada para prevenir la discriminación racial en las tareas de las Fuerzas de Seguridad, los “formularios de identificación”, destinados a registrar “la justificación y motivación de la actuación, el resultado de la misma y la apariencia étnico-racial de la persona afectada”. La implementación de estos documentos facilitaría además la capacidad de las personas afectadas de responder cuando consideren que la acción policial ha sido discriminatoria, pues recibirían un justificante del formulario. 

Reclaman reparación para las víctimas de los perfilamientos raciales, rendición de cuentas por parte de las administraciones y formación en derechos humanos para el personal policial

El texto colectivo reclama a su vez la participación de las entidades de la sociedad civil —especialmente de los colectivos racializados que sufren esta práctica— en el diseño de estos mecanismos y en la evaluación de su uso, en un marco más amplio de participación democrática en “la revisión de la legislación, protocolos, órdenes, instrucciones y circulares, así como en la práctica en general que afecta a esta población”. Junto a la implicación de los colectivos, exigen a las administraciones la creación de un organismo independiente y público que pueda fiscalizar y sancionar las vulneraciones de los derechos humanos que se den por parte de las fuerzas de seguridad.

Las propuestas incluidas en el manifiesto están sistematizadas y desglosadas en un Decálogo por el fin de las redadas racistas elaborado colectivamente, que además reclama reparación para las personas afectadas por los perfilamientos raciales, transparencia y rendición de cuentas por parte de las administraciones y los cuerpos de seguridad y que se imparta de manera obligatoria a todo su personal formación en derechos humanos. La campaña además exige la inclusión de la prohibición de las identificaciones policiales racistas en el artículo 16 de la Ley de Seguridad Ciudadana, e invita a los colectivos a sumarse al manifiesto y participar en esta iniciativa que estará en marcha hasta el 30 de marzo, día en el que se aprobó, hace ya más de una década, la también conocida como “Ley Mordaza”.