Privatizaciones
El Ayuntamiento de Iruñea desalojó a 70 personas sin hogar para entregar Aranzadi a un fondo de inversión
El 13 de abril, el Ayuntamiento de Iruñea ejecutó el desalojo del antiguo convento de Agustinas. Según la versión oficial, se ofreció solución habitacional temporal a la mayoría de las 75 personas que pernoctaban esa noche en el interior. Quienes estaban dentro cuentan otra cosa: solo una parte accedió a esa alternativa, y les duró tres días.
El propio balance municipal suma 98 atenciones en el operativo, 23 más de las personas contabilizadas inicialmente. Esa diferencia no ha sido aclarada desde las fuentes municipales. Lo que sí quedó claro desde el primer momento es que el desalojo y el anuncio del inicio de obras ocurrieron en la misma jornada. El edificio se desalojo el día en que se entregaba el solar.
El convento llevaba años en desuso. Durante los últimos meses había servido de refugio para más de 70 personas sin hogar. En ese tiempo, el Ayuntamiento y parte de la prensa local señalaron su deterioro, los problemas de seguridad y salubridad, y los proyectos que no llegaron a materializarse. Ese mismo deterioro sirve ahora como justificación del desalojo y como punto de partida del proyecto privado que llevará a cabo el Grupo Vitalia, operador privado de más de 77 residencias y centros de día en el Estado, comprado en 2025 por los fondos StepStone y Greykite por 1.500 millones de euros. Lo que no consta en el expediente es por qué el deterioro no generó ninguna actuación municipal antes de que la concesión estuviera adjudicada.
El concurso para la concesión del convento de Aranzadi, en la práctica, tuvo un único participante válido desde el principio.
Un concurso con un único aspirante real
En junio de 2025, la Junta de Gobierno Local adjudicó a Hospital San Vicente SL la concesión demanial de la parcela por 50 años, prorrogables en 25 más. Según actas municipales, al concurso se presentaron dos empresas: Hospital San Vicente SL y LE MONDE DE FAKEBA EU SL. La segunda fue inadmitida por no cumplir los requisitos del pliego.
Ese dato no figuró en el acuerdo inicial de adjudicación, fechado el 2 de junio. Se incorporó una semana después, mediante una modificación que la propia Junta de Gobierno atribuyó a un error en la transcripción. El concurso, en la práctica, tuvo un único participante válido desde el principio.
El Ayuntamiento adjudicó 75 años de uso de suelo público en un proceso en el que solo una empresa cumplía las condiciones para competir, sin que eso generase ninguna revisión del procedimiento ni ningún pronunciamiento público. La fórmula jurídica que lo hace posible es la concesión demanial: la ley prohíbe vender un bien público, pero permite ceder su uso durante décadas a cambio de una contraprestación. El inmueble seguirá siendo propiedad municipal. Su gestión, su explotación y sus condiciones de acceso estarán en manos privadas hasta 2101 si se agotan las prórrogas.
Vitalia presenta al Hospital San Vicente de Carabanchel como su hospital de alta complejidad y centro de referencia en ictus y daño cerebral en su propia web corporativa.Lo que se conoce hasta ahora de esa contraprestación es escaso. La única obligación social que la adjudicataria tiene por escrito son 420 sesiones anuales de neurorrehabilitación para personas con menos recursos, gestionadas por el área municipal de Acción Social. El canon exacto que pagará Hospital San Vicente SL no ha trascendido públicamente. Qué mecanismos de control tendrá el Ayuntamiento, qué ocurre si la empresa incumple o quiebra dentro de treinta años, y en qué condiciones revierte el bien al final de la concesión son preguntas que el expediente público no responde.
Vitalia y el negocio de los cuidados
El nombre que aparece en la adjudicación es Hospital San Vicente SL. El que aparece en la comunicación municipal sobre la ejecución del proyecto es Grupo Vitalia. La conexión entre ambas marcas no surge en el Ayuntamiento de Iruñea. El Grupo Vitalia presenta al Hospital San Vicente de Carabanchel como su hospital de alta complejidad y centro de referencia en ictus y daño cerebral en su propia web corporativa.
Hospital San Vicente, se define como un centro especializado en daño cerebral, con servicios especializados en neurorrehabilitación, cuidados prolongados, paliativos y salud mental. Su web recoge que tiene un concierto con el SERMAS, la sanidad pública madrileña, aunque su naturaleza es privada. Vitalia gestiona actualmente más de 77 centros en el Estado, entre residencias y centros de día para personas mayores y en situación de dependencia.
El grupo no es ya una empresa familiar ni un operador regional. En 2025, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) autorizó su compra por parte de los fondos StepStone y Greykite en una operación valorada en torno a 1.500 millones de euros, con una inversión adicional prevista de más de 500 millones para el crecimiento futuro del grupo. En el momento de la operación, Vitalia contaba con 75 residencias y proyectaba alcanzar unas 15.000 camas operativas. El convento de Aranzadi entra en ese plan de crecimiento.
El control público queda reducido a lo que el pliego permite supervisar, que en este caso es poco y está mal documentado.
El caso tiene antecedentes en Euskal Herria. Un bien público, en muchos casos de valor patrimonial, se deteriora durante años sin intervención institucional. Personas en situación de vulnerabilidad lo ocupan como último recurso. Llega una operación de rehabilitación respaldada por las instituciones con lenguaje social. Los ocupantes son desalojados. El espacio pasa a manos privadas. El caso de Zorrotzaurre, en Bilbo, sigue una lógica similar.
El contexto estructural tampoco es accidental. El envejecimiento de la población, la escasez de plazas públicas en residencias y el debilitamiento de los servicios sociales han convertido los cuidados de larga duración en uno de los mercados más atractivos para fondos de inversión en el Estado. Las instituciones públicas habilitan ese mercado con suelo, concesiones y cobertura política. El control público queda reducido a lo que el pliego permite supervisar, que en este caso es poco y está mal documentado.
Lo que falta por saber
El expediente público tiene agujeros relevantes. No constan el canon exacto que pagará Hospital San Vicente SL, la oferta técnica y económica completa, las obligaciones laborales y asistenciales, los precios futuros de los servicios, las ratios de personal, las condiciones de reversión del bien al final de la concesión ni los criterios concretos de acceso a las 420 sesiones anuales de neurorrehabilitación.
Un bien público en el centro de Iruñea, deteriorado durante años sin intervención de emergencia, ocupado por decenas de personas sin hogar y adjudicado en un concurso con un único postor válido, estará en manos privadas hasta 2101.
El alcance urbanístico del conjunto tampoco está cerrado. Según ha publicado Diario de Navarra, Grupo Vitalia proyecta transformar el antiguo convento de Agustinas de Aranzadi y su entorno en un complejo privado de atención a personas mayores, con una inversión prevista de 30 millones de euros y 150 empleos directos. El plan contempla tres piezas: un hospital de neurorrehabilitación en el convento desalojado el pasado 13 de abril, una residencia sénior de 120 plazas —con precios en torno a los 2.500 euros mensuales— y 75 apartamentos tutelados, cuyo coste rondaría los 2.800 euros al mes.
La empresa prevé que el complejo esté funcionando en menos de dos años y anuncia la restauración exterior del edificio diseñado por Fernando Redón, aunque con una transformación interior radical y una ampliación acristalada. El artículo presenta el desalojo del espacio, donde pernoctaban cerca de un centenar de personas, como paso previo a la rehabilitación del inmueble y describe el periodo de ocupación como una etapa de “insalubridad e inseguridad”. La parcela contigua acogerá una residencia de mayores con 120 plazas y apartamentos tutelados para 39 personas, aunque ese desarrollo todavía depende de la tramitación del Plan Especial de Actuación Urbana correspondiente.
Lo que sí está cerrado es la adjudicación. Un bien público en el centro de Iruñea, deteriorado durante años sin intervención de emergencia, ocupado por decenas de personas sin hogar y adjudicado en un concurso con un único postor válido, estará en manos privadas hasta 2101 si la concesión se prorroga en su totalidad.
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