Pobreza
La Comunidad de Madrid desmantela la Renta Mínima de Inserción

En 18 años de Renta Mínima de Inserción (RMI) en la Comunidad de Madrid, solo una de cada cinco personas en pobreza severa ha obtenido este derecho. Así lo explica la plataforma RMI Tu derecho, formada por una treintena de colectivos y entidades de intervención social y vecinal, que desde 2016 viene denunciando el estado en que se encuentra esta prestación, el último recurso social del que la ciudadanía dispone para no quedar en total situación de exclusión.

A través de una campaña informativa permanente, esta plataforma ha venido recabando y analizado casos, testimonios y experiencias que muestran el continuo deterioro de la RMI, que en la actualidad se encuentra muy alejada del mandato para el que fue creada. Dos son los derechos sociales a los que esta renta debía responder: garantizar los medios económicos para las necesidades básicas cuando no puedan obtenerse del empleo u otros regímenes de protección social, y el acceso a apoyo personalizado para la inserción laboral y social.

A principios de noviembre, RMI Tu derecho presentó un análisis en el que describe lo que han identificado como el desmantelamiento encubierto de la prestación por parte de sucesivos gobiernos del Partido Popular en la Comunidad de Madrid (CAM) . Para ello analizaron el informe de 2018 de la Renta Mínima de Inserción publicado en septiembre de 2019 por la otrora Dirección General de Servicios Sociales e Integración Social (DGSSIS), de la Consejería de Políticas Sociales y Familia. En dicho documento se afirma que la CAM es la tercera región de España que más recursos económicos dedica a esta prestación, alcanzando a 33.000 familias, es decir, unas 80.000 personas. La Plataforma cruzó los datos del informe de la Comunidad —tomando referencias de los informes RMI 2016 y 2017—, con los últimos datos de pobreza, exclusión y desarrollo social publicados en octubre por la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) y la Fundación FOESSA.

Como resultado calculan que después de 18 años de que entrara en vigor la ley 15/2011 de Renta Mínima de Inserción, solo una de cada cinco personas en pobreza severa ha conseguido tener acceso a este derecho en la Comunidad. “En todos estos años bien podría la CAM haber creado estrategias para que, de cinco personas empobrecidas, cinco recibieran RMI. Por eso hablamos de fracaso. Pensamos que este fracaso se deriva de un desmantelamiento de la Renta Mínima. La CAM quiere vaciar este derecho vaciándolo de personas”, señala Roberto Borda de la Parra, coportavoz de la plataforma.

Borda señala, además, que a la luz de los datos han detectado cómo de 2017 a 2018 se pagaron 36.00 mensualidades menos. Un decrecimiento que sería fruto de la desinversión: por primera vez en una década, en 2018 no se agotó el presupuesto, quedando sin gastar 16 millones de euros. “Ellos lo ven como ‘qué bien funciona que no hemos tenido que invertir todo lo previsto’, mientras que nosotros lo leemos como ‘qué bien funciona vuestro desmantelamiento, que, habiendo gente en situación de ejercer este derecho, no está llegando a él’” , denuncia Borda.

La historia de Rkya

Habitualmente la RMI se ve como un estigma. Sin embargo, insisten desde la plataforma, es un derecho que debe ejercer cualquier persona que ve agotadas sus opciones para conseguir ingresos. Las mujeres, como reflejan muchas otras estadísticas, aparecen como las más afectadas por la precariedad, bajos recursos económicos y menos oportunidades de promoción. El caso de Rkya Ouniass, vecina de Alcorcón, es emblemático. Tanto por la acuciante precariedad y vulnerabilidad que soporta, como por representar los caminos inescrutables a los que se enfrentan las personas para conseguir la prestación. Un laberinto burocrático que se ceba especialmente con las mujeres.
En 2000, Rkya llegó a España desde Tetúan (Marruecos) con 18 años, se casó y tuvo dos hijas. Vivía en Móstoles. Con el tiempo se divorció y se mudó a Alcorcón. Desde entonces ha trabajado en limpieza, cuidado de personas, en bares, cocinas y restaurantes. Con papeles en regla pero sin empleo fijo, todo se le hacía cuesta arriba, más estando al cargo de sus niñas. Solicitó la RMI en octubre de 2016. Mientras se resolvía —dentro de los tres meses legales—, ella fue encontrando pequeños trabajos y comunicando los cambios de sus circunstancias. Solicita entonces una Renta Activa de Inserción (RAI) ya que la RMI es subsidiaria —puede complementar otras ayudas en caso de que estas no cubran la cuantía mínima por núcleo familiar—. En el trabajo que tenía de unas horas, la empleadora le obliga a darse de baja unos meses con la promesa de contratarla después. Le quitan la RAI por haber rechazado continuar trabajando y la renta mínima se la deniegan por haber perdido la RAI.

Suma y sigue. Rkya recupera el trabajo tal cual le habían dicho, pero los ingresos son insuficientes. En agosto de 2017, con la sentencia de divorcio recién obtenida, vuelve a solicitar la RMI. Declara no recibir ingresos del padre de las niñas. Le exigen entonces presentar la denuncia para certificar la no recepción de pensión de alimentos. Inicia el proceso judicial —solicitando abogado de oficio— y la reclamación, justificando cada paso que va dando a requerimiento de la solicitud. A los tres meses sin respuesta, reclama el silencio administrativo. A su vez, envía lo que ella cree que es la demanda que le solicitan. Tiene un defecto de forma: le falta el registro, pues no conoce el documento digital del juzgado, por lo que no lo incluye. Es marzo de 2018.

A Rkya no le responden hasta julio, cuando le llega un aviso de un ingreso en retroactivo por los meses que no hubo respuesta. Paradójicamente en el mismo documento dan por extinguido el derecho al no haber presentado la documentación requerida. Recurre con la ayuda de la trabajadora social enviando los datos telemáticos del juzgado, pero no han contestado al recurso. Como la vida no se detiene, Rkya realizó otra solicitud porque consiguió otro trabajo —con contrato—, en el que no permanece por haber recibido la agresión de una compañera, con parte de lesiones. Le piden entonces que acredite no haber superado el periodo de prueba, porque de acuerdo a las reglas no se le permite renunciar a ningún trabajo.

A Rkya ahora le toca esperar saber si a la Comunidad le parecen suficientemente acreditadas las razones de su renuncia. En el SEPE le denegaron el derecho a prestación o subsidio. Gracias al recurso interpuesto contra la CAM tiene fecha de juicio en enero de 2020: dos años y medio después de su solicitud. Mientras tanto continúa la búsqueda de cualquier trabajo que le salga, aunque sea por horas.

sin acceso, sin concesión, sin derecho

¿Cómo se produce el desmantelamiento de la RMI? Los colectivos de la plataforma RMI Tu derecho han visto cómo en los últimos tres años se ha incrementado el archivo de las solicitudes y las resoluciones no favorables. A lo largo de 2018, describe Roberto Borda, “se pasó de una tasa de concesión del 50% a una del 16% en el último trimestre. Todo esto sin ningún cambio legislativo y sin ningún cambio en las características de la población empobrecida de nuestra región”. Con estos números se infiere que en ese tiempo negaron muchas RMI en condiciones en que antes se concedía porque ahora la Comunidad “ha creado una laberinto burocrático y una trama de papeles que acaba privando a las personas de su derecho”, explica Borda.

En el caso de las 5.500 solicitudes archivadas —de más de 12.600 resoluciones iniciales—, casi la mitad lo son por no contestar en tiempo y forma los requerimientos, y un 40% porque las familias no entienden las preguntas que les hace la Comunidad. “Tal vez la CAM está haciendo unas preguntas enrevesadas”, ironiza Borda para explicar esos porcentajes tan altos. Respecto a las denegaciones, se deben mayormente al incumplimiento de requerimientos no comunicados en tiempo y forma al beneficiario, o difíciles de responder y entregar en el plazo oficial de 10 días siguientes al acuse de recibo.

El informe de RMI Tu derecho subraya también el crecimiento en las extinciones y las suspensiones cautelares o temporales. En cuanto a las primeras, se han duplicado —5.700 en 2018— e indican que, por primera vez, hubo más extinciones que resoluciones favorables. Las extinciones básicamente se derivan de las suspensiones cautelares. Sobre ellas se refirió el Defensor de Pueblo en su informe de 2018: “Las resoluciones de suspensión suelen indicar que se han producido variaciones de las circunstancias que motivaron la concesión de la prestación sin aclarar cuáles son, lo que deja a los beneficiarios en condición de indefensión”. Para los perceptores esto es echar una moneda al aire, quizás atinan a contestar sobre las circunstancias a las que la Comunidad se refiere. Si no hay suerte, pues adiós, gracias. Por otro lado, se ha constatado en los últimos meses que muchas rentas concedidas, “ante indicios, se suspenden sin audiencia previa de la persona beneficiaria, y ya luego pregunta a la familia”. A ello también apuntó el Defensor: “La Administración autonómica está aplicando criterios estrictos cuando revisa las prestaciones ya concedidas [...]. Mientras se realiza la comprobación se suspende la prestación durante meses [...]. Y si con posteridad se confirma el derecho a percibirla, no se produce el reintegro automático”. Así se explicaría, en parte, el ahorro inaudito del presupuesto público dedicado a la renta mínima para quienes no tienen prácticamente nada.

Es importante destacar que todos los trámites se hacen a través de los Servicios Sociales municipales y con el acompañamiento de los profesionales. A la plataforma le consta que, a pesar del colapso que padecen estos servicios debido a la falta de personal, hay trabajadoras y trabajadores sociales que no desisten en ofrecer atención precisa a las personas solicitantes de RMI, pero insisten en que hay que denunciar a quienes no te orientan. “La RMI se basa en artículo 25 de la Carta de Derechos Humanos. A su vez, el artículo 17 de la Carta Europea Social ampara estos derechos y está por encima de cualquier interpretación, pero parece que la CAM hace la suya propia al negarlos según las cosas que le parece”, asegura Hontanares Arranz Peña, trabajadora social curtida en la atención de servicios sociales y también coportavoz de RMI Tu derecho.

SOBREVIVIR EN EL LABERINTO

Si se parte de que la situación de muchas personas que solicitan la renta mínima de inserción es de absoluta emergencia, no se explica el laberinto burocrático impuesto por la CAM. En ese estado de vulnerabilidad es previsible que otros aspectos de la vida se resientan. En el caso de Rkya, las preocupaciones le han causado episodios de ansiedad, y desde hace año y medio se encuentra medicada. “Un problema te trae otros problemas, incluso de salud”, comenta también Guadalupe, afectada por la hipoteca, y quien tiene pánico a que le quiten la RMI por no poder comprobar, con contratos a su nombre, los gastos energéticos de su piso de alquiler social. “Los datos son terroríficos pero lo que se mantiene oculto es lo que viven las personas, el cómo les afecta”, subraya Arranz Peña.

Los anteriores responsables regionales del Partido Popular en la Consejería y la Subdirección General de Servicios de Sistemas de Información de la Comunidad de Madrid atribuyeron en su momento la disminución del número de solicitudes o extinciones al “repunte de la economía” en la región, y con ello justificaron el recorte en el presupuesto de la prestación. Frente a estos argumentos, la plataforma sostiene que las “exigencias descabelladas imposibles de cumplir” son el principal motivo de que menos personas accedan a la RMI. Prácticas que tendrían como objetivo disuadir a las personas de ejercer su derecho, con el resultado de debilitar este recurso.

La campaña RMI Tu derecho concluye que la Comunidad de Madrid parte de la desconfianza hacia los solicitantes e introduce todo tipo de trabas burocráticas para dificultar el acceso, pervirtiendo el sentido originario de la ley, que es conceder la prestación sin mayores condicionamientos. Por esas razones, asegura Roberto Borda, “nos ratificamos en que desde 2017 se ha puesto en marcha una política que, sin cambio normativo, persigue el desmantelamiento de facto de la RMI, limitando el acceso y expulsando a muchas familias”.

Entre las intenciones de Alberto Reyero Zubiri, al frente de la re-bautizada Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Natalidad, está la de redactar una nueva Ley de Servicios Sociales e incluir mejoras en la gestión de la renta mínima. El pasado 20 de noviembre la directora general de Servicios Sociales e Innovación Social, Gemma Gallardo Pérez —trabajadora social de formación con amplia trayectoria en altos cargos en el tercer sector— junto con responsables de la gestión de la Renta Mínima, mantuvo su primera reunión con miembros de la plataforma RMI tu derecho. “Valoramos positivamente este encuentro ya que se ha escuchado y entrado en profundidad sobre las cuestiones que venimos denunciando” señala Hontanares Arranz, presente en la conversación. Sobre la mesa hay una nueva reunión prevista en la que, a partir de la documentación que presenten los colectivos, se trabajará para “mejorar los procedimientos”, relata Arranz. Mientras tanto, la plataforma RMI Tu Derecho continuará trabajando contra “la política de construcción del fracaso de la renta mínima”.