Periodismo
'La Directa' denuncia el uso político de la protección de datos para silenciar sus trabajos sobre infiltrados

El medio de comunicación catalán 'La Directa' ha recibido recientemente  la notificación de apertura de un expediente sancionador por parte de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que propone una sanción de 7.000 euros por la divulgación de datos de cuatro policías que han actuado como agentes infiltrados en movimientos sociales e independentistas de Catalunya.

La intención de la AEPD, además, es que, en el plazo de tres meses, La Directa borre los contenidos e imágenes de las investigaciones periodísticas referidas a estos casos, incluso insta a retirar los nombres ficticios utilizados por estos agentes en sus investigaciones prospectivas sobre movimientos políticos, militantes y ciudadanas afectadas.

En una rueda de prensa organizada hoy, 29 de julio, en el Colegio de Periodistas, en Barcelona, representantes del medio y de la sociedad civil catalana han denunciado el grave efecto intimidatorio y de mordaza sobre el periodismo de investigación que supone esta sanción, ordenada por una agencia que depende del Ministerio de Presidencia, cuyo titular es Félix Bolaños.

Desde la primavera de 2022, La Directa se propuso demostrar con pruebas irrefutables los rumores sobre la infiltración de policías en el independentismo y los movimientos sociales, como ha explicado Jesús Rodríguez, periodista de este medio de comunicación. Pruebas incontrovertibles, confrontar las mentiras o silencios con pruebas.

El Salto recibió, en fechas próximas al inicio del proceso de La Directa, un requerimiento semejante, pero la cooperativa que edita este medio no ha recibido todavía resolución sobre su caso

“Tres años después de estas informaciones, el Estado ha reaccionado sancionando al mensajero, al medio que ha investigado estos casos para darlos a conocer al conjunto de la sociedad”, ha denunciado Jesús Rodríguez, periodista de La Directa responsable de algunas de estas investigaciones. 

El medio ha anunciado que presentará las alegaciones correspondientes y que se recurrirá a las instituciones europeas el caso si no se aborta este proceso de sanción.

Sònia Olivella, abogada del Centre Iridia, ha denunciado la criminalización del medio de comunicación responsable de la divulgación de estas prácticas de vulneración de derechos: “Es especialmente revelador que la única investigación que ha realizado el Estado haya sido a petición de los agentes contra los medios de comunicación”.

El caso se enmarca en el contexto de los llamados SLAPP, siglas inglesas para “litigios estratégicos contra la participación pública”, que según la propia Comisión Europea son “demandas infundadas o exageradas y otras formas legales de intimidación iniciadas por órganos estatales, corporaciones comerciales y personas en el poder contra partes más débiles —periodistas, organizaciones de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos y otros— que expresan críticas o transmiten mensajes incómodos a los poderosos, sobre un asunto público”.

Olivella ha recordado que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional amparan la publicación de datos personales cuando hay un interés público y cuando la información es necesaria para un debate informado. “Si este caso se confirma estaríamos ante un caso de limitación y criminalización que sentaría un precedente realmente peligroso”, ha señalado Olivella.

Como ha señalado Rodríguez, en un primer momento, la AEPD decretó la inadmisión a trámite de los requerimientos de cuatro de estos agentes, sin embargo, posteriormente se ha admitido, ello a pesar de que los agentes infiltrados de inteligencia trabajaron bajo una figura sin cobertura legal en el ordenamiento español. En un proceso distinto, El Salto recibió, en fechas próximas al inicio del proceso de La Directa, un requerimiento semejante, pero la cooperativa que edita este medio no ha recibido todavía resolución sobre su caso.

Rodríguez se ha preguntado por la “calidad democrática” del Estado español, comparando la situación con el tratamiento público de las denuncias de infiltración producidas en Reino Unido, en el marco del caso Spy Cops, cubierto por medios tradicionales que mantienen los nombres reales y las fotografías de los agentes implicados en un escándalo por el que han pedido perdón públicamente distintas instituciones del Estado.

El procedimiento sancionador ha sido denunciado por distintas organizaciones sociales y medios de comunicación catalanes y del resto del Estado, entre otras la Xarxa de Mitjans Cooperatius Catalans CoopMèdia, el Grup de Periodistes Ramon Barnils o el Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació (SPC). El Salto, Critic o La Marea se han adherido al comunicado de La Directa.