Opinión
Las pensiones mínimas en Euskal Herria

El papel central que ha establecido el movimiento vasco de pensionistas en su combate por pensiones dignas, con la exigencia de 1.080 euros para los ingresos mínimos de pensión, y la acogida que ha tenido entre las pensionistas y también asumido por otras plataformas de otras zonas del Estado español, se ha debido a varios factores que se desglosan a continuación.

En primer lugar, las congelaciones y semicongelaciones de las pensiones que han tenido lugar desde 2011 han hecho perder un porcentaje aproximado del 4% al poder adquisitivo de las personas pensionistas, aplicable también, aunque de forma más atenuada, a las perceptoras de pensiones inferiores a 1.000 euros mensuales y a las pensiones mínimas.

Otra razón es la reducción de las pensiones iniciales debida a las reglas contenidas en las reformas de las pensiones de 2011 y 2013, y que se agudizará con la entrada en vigor, si antes no se anula, del “factor de sostenibilidad” de las pensiones de jubilación en el 2023.

La importante caída salarial durante la crisis ha afectado especialmente a los colectivos de salarios más bajos y trabajos más inseguros y precarios, aumentando así la desigualdad salarial.
También es reseñable que la aplastante mayoría de las personas perceptoras de las pensiones mínimas no disponen de pensiones privadas, ni individuales ni de empleo, por lo que sus únicos ingresos de pensión provienen de las pensiones públicas. Estos pensionistas disponen de escasos ahorros y patrimonio mobiliario e inmobiliario, especialmente tras la crisis de 2008 que ha dado lugar a una mayor concentración de los patrimonios entre los más ricos en detrimento de los más pobres, que no disponen de recursos frente a necesidades imprevistas.

Por último, la insuficiencia de servicios públicos de cuidado y su no gratuidad afecta de forma específica a las personas de edad más elevada y les exige en muchos casos, si pueden, acudir a los servicios privados de pago.

Otra cuestión es que las pensiones “por derecho propio” de las mujeres, es decir, las basadas en la cuantía y duración de sus cotizaciones, son mucho más bajas que las de los hombres: en 2017 en la CAV, la pensión de jubilación de los hombres era en un 74,8% superior a la de las mujeres. Entre las nuevas altas de estas pensiones, aunque más reducida, se sigue manteniendo una diferencia importante, que en 2017 era del 31,9%. Sus pensiones más bajas dan lugar a que las pensiones mínimas sean más frecuentes entre las mujeres.

Como conclusión, mientras no se disponga de un sistema propio de Seguridad Social, la mejora de las pensiones mínimas por las instituciones vascas, tanto de la CAV como de Nafarroa, solo se puede hacer en base a su competencia en materia de asistencia social. Los recursos necesarios para alcanzar los 1.080 euros/mes se deben calcular en base a la diferencia entre los ingresos provenientes de las pensiones mínimas de la Seguridad Social y esa cantidad de 1.080 euros. Teniendo en cuenta asimismo que un porcentaje estimado del 10% de sus perceptores puede percibir otra pensión.

A la vista de la cuantía y número de las pensiones percibidas, no conocemos que se haya realizado hasta la fecha una estimación suficientemente rigurosa de la suma necesaria para financiar la citada cifra de ingresos por cada persona pensionista, aunque según algún cálculo podría alcanzar la cifra de 800 millones de euros en el caso de la CAV. Esa cifra equivale a un porcentaje comprendido entre el 7 y el 8% del presupuesto del Gobierno Vasco y supone multiplicar por 17 los 46 millones que se destinaron en 2017 a complementar las pensiones a través de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI). Mientras no se puedan acordar los recursos específicos destinados a financiar la Seguridad Social, tanto de cotizaciones sociales como en su caso de impuestos específicos, los ingresos necesarios para complementar las pensiones deben ser a cargo de los presupuestos de la CAV y de Nafarroa.

Dada la importante magnitud de la cantidad, es difícil que la misma pueda resultar solo de una diferente asignación de las partidas de gasto, aunque es cierto que está muy justificada la reducción de partidas tales, entre otras, como el enorme gasto policial y de las desgravaciones fiscales destinadas a fomentar las pensiones privadas —solo por el IRPF, 650,2 millones de euros en 2014, según el último informe del Órgano de Coordinación Tributaria de la CAV, a lo que habría que agregar su ventajoso tratamiento en el Impuesto de Sociedades y su no cotización a la Seguridad Social de las aportaciones empresariales a los planes de pensiones y EPSV—, sino que se requiere un aumento de los ingresos fiscales. A su vez, ese aumento puede provenir de una reducción del fraude fiscal, concentrado en las rentas empresariales y profesionales más elevadas, de un aumento de la fiscalidad de los ingresos y patrimonios más altos así como de las sociedades y de un impuesto específico para la banca que compense el gasto público que ha percibido en los años de la crisis. Justamente lo contrario de lo que han realizado en los últimos años las Diputaciones Forales.