Partidos políticos
Gobierno y aliados ensanchan la grieta con Podemos y peligran aprobaciones clave

“No les entiendo ya”, decía una de las voces socialistas más influyentes del Gobierno en uno de los pasillos del Congreso, con carpetas en mano y gesto de hastío. Se refería a los cuatro diputados de Podemos, cuyo apoyo en el hemiciclo a la agenda de Moncloa se ha vuelto en un reto casi igual de complejo que el de Junts.

Desde la escisión del grupo Plurinacional Sumar a fines de 2023, los legisladores comandados por Ione Belarra han ido escalando en sus críticas y demandas, desmarcándose del Gobierno, elevando el coste de sus votos favorables y agudizando las críticas a la gestión. Todo debe decirse: en varios casos, el pulso morado resultó exitoso y beneficiando a la mayoría social, como fue la marcha atrás en el famoso ajuste que se iba a hacer en la cotización del SEPE a los perceptores de ayuda, o en la prórroga de varios elementos del decreto social el año pasado.

Pero en el Congreso con la mayoría parlamentaria más inestable desde la restauración democrática, que irrumpa un actor con más exigencias en una negociación ya de por sí compleja no es una buena noticia para muchos. Más aún cuando algunos argumentos ahora cambian porque no forma parte del Consejo de Ministros, según se quejan sus rivales. La presunción que puede haber elecciones generales en cualquier momento tampoco ayuda.

El primo rebelde

Con Podemos y sus confluencias, el PSOE gobernó la primera coalición de izquierda casi un siglo. La que fue, además —un dato que pocos recuerdan— la legislatura con la mayor cantidad de leyes aprobadas de la historia. Con fricciones y conflictos, como debe ser en cualquier democracia, el Gobierno con Unidas Podemos avanzó y llevó a que haya familiaridad entre algunas de sus figuras principales, como más de una vez lo ha dicho María Jesús Montero en las respuestas a la actual secretaria general de Podemos, Ione Belarra, en los plenos de control.

Pero la vicepresidenta, como varios pilares socialistas, ya dejan trascender su cansancio y enfado. “Con Podemos está muy difícil. Puedo entender que exijan más y que quieran negociar más cosas pero no comparto su estrategia”, opinaba días pasados frente a varios de su equipo, según pudo saber El Salto.

La vicepresidenta, así como varios pilares socialistas, ya dejan trascender su cansancio y enfado: “Con Podemos está muy difícil. Puedo entender que exijan más y que quieran negociar más cosas pero no comparto su estrategia”

La ministra de Hacienda es la encargada de liderar las conversaciones para consensuar la aprobación de la nueva senda de déficit del gasto publico, el primer paso para la madre de todas las negociaciones: los Presupuestos Generales del Estado. Allí los morados exigen el embargo total de armas y la ruptura de las relaciones con el Estado de Israel, además de evitar todo tipo de recorte social. Difícil de digerir en Ferraz, que prefiere por ahora apostar a los siete diputados que conduce Carles Puigdemont, ya que si hace falta mayoría simple y no absoluta, con ellos les alcanzaría.

El maximalismo es criticado también desde Hacienda pero para los de Esquerra Republicana. “Es inasumible lo que plantean por el tiempo y la forma, aunque se respetarán los acuerdos; la diferencia es por la progresividad”, responden desde el principal Ministerio. Las ansias de Gabriel Rufián chocan con el gradualismo de Pedro Sánchez. No es de malpensado recordar que las elecciones autonómicas andaluzas serán en algún momento del primer semestre de 2026 y que Montero no quiere tener que defender entre Huelva y Almería la “financiación singular” que le PP llamará “cupo separatista”.

ERC es otro de los partidos que va perdiendo la paciencia con Podemos. El cambio de tono es evidente. “Ellos sueñan con llegar a las elecciones con un Sánchez versus Irene Montero en las generales y solo apuntan a eso. Ellos están a lo que están”, refunfuña uno de los dirigentes republicanos.

Las exigencias de Podemos son difíciles de digerir en Ferraz, que prefiere por ahora apostar a los siete diputados que conduce Carles Puigdemont, ya que si hace falta mayoría simple y no absoluta, con ellos les alcanzaría.

También apunta a algo que no hace tanto a la política y táctica sino a las formas. Destacan lo irritante que resulta que “cuando estaba Podemos en el Gobierno” les llamaban a los republicanos para “pedir que votemos tal o cual medida diciendo que había que hacerlo por el bien del país, para que no gane la ultraderecha y ahora cambian el discurso”.

Un dirigente de EH Bildu preguntado al respecto también respondía con ironía. “Podemos está en un momento especial, ellos quieren ser los que más, siempre los que más”, dice con resignada sonrisa. De todas las formaciones de izquierda, los abertzales son tal vez los que más respeto inspiran entre los morados y con quienes el trato es más cordial. Aunque las tácticas son distintas y lamentan que Podemos entre en dinámica “fratricida con la otra izquierda española”, en alusión a Sumar e IU.

“Sin Junts no se saca nada adelante”, se suele repetir en el bloque de investidura, sobre todo en lo que hace a leyes progresistas en materia económica. Pero en todas las que exigen mayoría absoluta, esa frase también implica a Podemos. Sin sus cuatro votos no habrá reforma de la Ley Mordaza —ley orgánica que exige la mitad mas uno de los votos positivos de la cámara—, o cambios en la ley de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), la cual debería retocarse para concretar los acuerdos con ERC sobre financiación. Misma suerte tendrá el acuerdo del Gobierno con Junts para delegar competencias a los Mossos d’Esquadra en materia migratoria. Podemos ya ha anunciado que la tumbará.

Comisión de la dana, ejemplo flagrante

La mesa está servida para la izquierda: la peor tragedia climática de la historia de España desnuda la pésima gestión de la Generalitat valenciana, gobernada por el PP con apoyo parlamentario de la ultraderecha. El president Carlos Mazón se ausenta inexplicablemente y hace una horrorosa exhibición de negligencia política. Una comisión de investigación con mayoría progresista puede desnudar todos los elementos del caso.

Sin embargo, no es posible. Casi 150 días después de constituirse, la Comisión de Investigación por la dana en l’Horta Sud valenciana sigue bloqueada y sin poder funcionar por una disputa entre Podemos, Compromís y el PSOE. ¿El motivo? La comparecencia (o no) del presidente del Gobierno.

Para la presidencia de la comisión fue designada la diputada socialista Carmen Martínez Ramírez (València), con Nahuel González, de Sumar, como vicepresidente. La ley exige que cada comisión tenga una distribución en todos sus miembros que represente la correlación de fuerzas del hemiciclo, por lo que el bloque de investidura tiene mayoría. El reglamento ordena que los integrantes aprueben por mayoría simple una lista de comparecientes que la Mesa de la Comisión decidirá cuándo convoca, sin un orden preestablecido.

Las diferencias en el bloque de investidura sobre si convocar o no a Pedro Sánchez a la Comisión de Investigación por la dana ha hecho que, un año después de la tormenta, aún no se haya podido concretar

Allí radica el conflicto: Podemos y Compromís —una de sus diputadas está en el grupo Mixto y el otro permanece dentro de Sumar— quieren que uno de los comparecientes sea Sánchez, sí o sí. El consenso con el resto de los partidos del bloque sobre convocar a Mazón, Feijóo y la exministra Teresa Ribera, actual vicepresidenta de la Comisión Europea, ya está consolidado. Los morados querrían incluir también al dueño de Mercadona, Juan Roig, pero no parece ser un obstáculo.

Fuentes de Sumar involucradas en las negociaciones explican que la propuesta hecha para destrabar la situación es incluir a Sánchez en la lista, pero que comparezca sobre el final, cuando se debata la reconstrucción de las zonas afectadas, “para separarlo de Mazón y no equipararlos a ambos, porque el president es responsable directo y no es justo poner a Sánchez al mismo nivel”.

Fuentes de Podemos han expresado estar a favor de esta posibilidad, admiten que no pondrían objeciones sobre el momento en que el líder del PSOE fuese convocado —de hecho recuerdan que la Mesa decide las fechas y podría ubicarlo, si quisiera, en el último pleno—, pero son tajantes: “No vamos a votar una lista en la que no esté incluido Sánchez; con Ribera no alcanza”.

Pero en esto no concuerda el PSOE. Un alto cargo de Moncloa preguntado sobre esta posibilidad que destrabaría el enredo, responde: “Que el presidente del Gobierno vaya a comparecer a una comisión es un sinsentido, dudo mucho que acabe yendo incluso aunque sea para hablar de la reconstrucción”.

Los otros aliados ven con distante estupor la situación. Tanto Junts como ERC han dicho a los negociadores que estarán a favor del consenso al cual se llegue, sin hacer hincapié en Sánchez. Fuentes de EH Bildu también señalan que por criterio de “solidaridad territorial” prefieren dejar que sean los valencianos quienes acaben decidiendo el tema.

Por ahora, a poco de cumplirse un año de la tragedia, la comisión que tendría que dar luz y verdad sobre los hechos y responsabilidades, está trabada, en un asunto que además acabaría retratando las contradicciones de las derechas y con repercusión mediática asegurada. Una imagen representativa de lo que no puede pasar si la izquierda quiere ilusionar en 2027. O antes.