País Valenciano
Vox cuela por primera vez la prioridad nacional en las ayudas sociales del País Valencià

El despliegue del acuerdo por el que Vox y PP van a sacar adelante las cuentas valencianas evidencia la fuerza de la formación ultra a la hora de imponer sus postulados. Aunque Vox no forma parte del Consell, su apoyo es imprescindible para la mayoría parlamentaria en Les Corts. Y está sacando rédito de esa situación. Si a un Mazón débil por su sobremesa en el Ventorro y su gestión de la dana le consiguieron sacar muchas de sus demandas, a un Pérez Llorca aún no confirmado como candidato al Palau de la Generalitat por Génova, le han impuesto toda su agenda.

En las comisiones previas a la votación en plenario de Les Corts, el PP ha votado a favor de todas las enmiendas a presentadas por el partido de extrema derecha. De esta forma, en la comisión que ha abordado las ayudas a la vivienda, ambos partidos han aprobado añadir el siguiente artículo: “Facilitar el acceso a una vivienda pública en régimen de propiedad o alquiler de la Generalitat Valenciana, inspirado en el principio de prioridad nacional, adecuado a la legalidad vigente, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio”.

En la misma enmienda clarifican que este requisito supondrá la “exigencia de arraigo real y prolongado, basado en empadronamiento histórico en la Comunitat Valenciana y España”, así como el “refuerzo de los criterios de vinculación económica, social, familiar, laboral y formativa como elementos que evidencian la relación efectiva y afectiva del solicitante con el territorio”. A tal efecto, “se valorará, al menos, con sujeción a la legalidad, la trayectoria de cotización y actividad laboral, la existencia de familiares de primer grado que residen en la Comunitat Valenciana, así como cualquier otro criterio que acredite vinculación real y duradera de los solicitantes con la región”.

La prioridad nacional, también incluida en el acceso a la Renta Valenciana de Inclusión

Las dos formaciones de derechas han acordado tramitar una nueva ley de Renta Valenciana de Inclusión (RVI) con el mismo marco de exclusión social. En su redactado de la enmieanda, lo justifican como una ampliación de “su campo de actuación, incorporando el principio de prioridad nacional, adecuado a la legalidad vigente, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable , con el objetivo de asegurar la relación efectiva y afectiva del solicitante a la región”. Esto supondrá la incorporación “de personas ya beneficiarias de RVI al nuevo marco jurídico incorporando el principio de prioridad nacional”.

El mismo concepto se ha aprobado en ayudas sociales para personas sin hogar o en riesgo de exclusión. En el caso de las personas en situación de calle, se articula con parecida formulación, “incorporando el principio de prioridad nacional, adecuado a la legalidad vigente, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable”, la misma fórmula utilizada para las ayudas a personas en riesgo de exclusión.

Los docentes valencianos, en el punto de mira ultra

Una de las enmiendas presentadas por la formación ultra a los presupuestos de la Generalitat propone modificar las funciones del profesorado y el consejo escolar para que supervisen de forma estricta los materiales didácticos y actividades organizadas por agentes externos al centro para evitar “cualquier forma de adoctrinamiento ideológico”.

La propuesta llega tras un final de curso en el que la huelga educativa sostenida por los docentes ha conseguido articular una amplia respuesta de la comunidad educativa ante los recortes y deterioro que padecen. Para la formación ultra, que ha ligado esta medida a su apoyo a los presupuestos, es necesario añadir a los deberes del personal docente recogidos en el Decreto 193/2025 de convivencia en el sistema educativo una sección específica bajo el título 'Plan de Convivencia' que busca “blindar la actividad escolar frente a posicionamientos partidistas o dogmáticos”, en sus palabras lo que consideran como “neutralidad ideológica”. Y por la que deben velar los directivos, los docentes y el consejo escolar del centro educativo.

La enmienda establece que el profesorado y los equipos directivos “también son responsables de los contenidos que puedan impartir personas y colectivos externos al centro”

El concepto, que no existe legalmente y que carece de absoluta racionalidad objetiva, se extiende además hacia las personas que participen en charlas, talleres o actividades extraescolares. En concreto, la enmienda establece que el profesorado y los equipos directivos “también son responsables de los contenidos que puedan impartir personas y colectivos externos al centro”. Otra enmienda presentada por Vox pretende facultar a la Inspección de Educación para que actúe de manera prioritaria cuando existan indicios de vulneración de derechos. En esos casos, los inspectores mantendrán la competencia de “velar por la seguridad, bienestar o derechos fundamentales del alumnado” mediante visitas y entrevistas de urgencia en los centros escolares.