Opinión
La publificación de AMVISA en Gasteiz va contra quienes impulsaron la huelga y es por intereses partidistas

En un contexto generalizado de conflictividad laboral en los servicios municipales subcontratados, la publificación del servicio de atención al público de AMVISA puede parecer un primer paso que revierte el modelo de externalización del Ayuntamiento de Gasteiz. Por lo menos así lo han vendido PNV, PSE y EH Bildu hablando sobre “reforzar el carácter público”, “compromiso con el empleo de calidad” o “una AMVISA 100% pública”.

Sin embargo, y una vez más, los discursos de los políticos y la realidad de las trabajadoras subcontratadas que venían prestando este servicio es bien distinta: se enteraron por la prensa que iban a ser despedidas, se les impidió la entrada a su puesto de trabajo y no recibirán ningún tipo de indemnización por su despido.

PNV, PSE y EH Bildu justifican los seis despidos aprovechándose del sentido común que entiende “la publificación” como algo positivo, pero estamos obligados a cuestionarlo

PNV, PSE y EH Bildu se han visto obligados a justificar los despidos hablando sobre las virtudes de la municipalización de los servicios y aprovechándose del sentido común que entiende “la publificación” como algo positivo en sí mismo. Sin embargo, el despido de las seis trabajadoras con la excusa de la publificación nos obliga a cuestionar ese sentido común.

Desde la Red de Autodefensa Laboral creemos que frente al debate partidista sobre el modelo de gestión, solo partiendo de los intereses de los trabajadores se puede valorar si la publificación sirve para mejorar las condiciones de trabajo y cuál debe ser nuestra postura ante estos procesos.

Para contextualizar el acuerdo hay que señalar que la motivación principal de la publificación se encuentra en la nueva ley de atención al cliente que obliga a las empresas de suministro de agua, entre otras, a mejorar la calidad del servicio. Dentro de las opciones que se barajaban para llevar a cabo la reestructuración que implica la ley, se decide apostar por “reforzar la gestión en la parte más estratégica con recursos propios y mantener parte de la gestión contratada en su parte menos estratégica”. Es decir, internalizar el servicio de atención presencial, mantener subcontratada la atención telefónica y externalizar la atención virtual (hasta ahora de gestión directa).

En ese sentido, el peligro principal de que siga externalizada la “parte más estratégica” es la conflictividad laboral, así lo han reflejado tanto en los informes como en los discursos de los políticos. Recordemos que el año pasado las trabajadoras llevaron adelante una huelga de cuatro meses y que además, tres trabajadoras tienen juicios pendientes con AMVISA por cesión ilegal, uno de ellos con una primera sentencia favorable.

Si estas sentencias terminan siendo firmes, se castigaría al Ayuntamiento por utilizar ilegalmente una pantalla para precarizar las condiciones de trabajadoras que deberá contratar de forma directa. Por eso es inviable continuar con la externalización de la atención presencial: la nueva ley requiere un mayor control y no se puede aumentar el control manteniendo la externalización sin incurrir en cesión ilegal.

AMVISA alega que al pasar a formar parte de una empresa pública no existe la obligación de subrogar a la plantilla, a pesar de que lograron el derecho a la subrogación mediante la huelga

La cuestión entonces es ¿por qué no se subroga a la plantilla si lograron el derecho a la subrogación mediante la huelga? AMVISA alega que al pasar a formar parte de una empresa pública no existe la obligación de subrogarles. Los partidos políticos han ido más allá y se han justificado diciendo que los informes jurídicos no permiten la subrogación. Estos argumentos legalistas obvian que existe también jurisprudencia que obliga a la subrogación.+

Casualmente, estas últimas semanas hemos visto un caso parecido que pone en entredicho estas excusas. Los trabajadores de las ambulancias medicalizadas de Tolosa y Elgoibar estaban también en riesgo de ser despedidos debido a la publificación del servicio. Finalmente, han obligado a Osakidetza a subrogar a toda la plantilla en las mismas condiciones gracias a la presión sindical. Esto deja en evidencia que detrás de los argumentos técnicos se encuentra una decisión política que puede ser cambiada.

En el conflicto de AMVISA el Ayuntamiento demuestra una vez más el despotismo y la indiferencia con la que trata a los trabajadores subcontratados. Aunque PNV y PSE han mantenido esa actitud en muchas ocasiones con la excusa de la eficacia y la responsabilidad, el discurso de EH Bildu ha sido distinto hasta ahora. Por eso ha tenido que defenderse destacando las virtudes de lo público o justificando la no subrogación con “informes jurídicos que no podemos obviarlos ni inventárnoslos”. Demuestra, así, que su defensa de los intereses de los trabajadores subcontratados está subordinada al rédito electoral y que no va a dudar en traicionar esos intereses si el rédito que obtiene por aparecer como defensor de lo público y capaz de gestionar las instituciones es mayor.

No hay compromiso con el empleo de calidad y con lo público, el acuerdo supone un ataque contra la lucha de las trabajadoras, castigadas estando pendiente aún un juicio por vulneración del derecho a huelga

En resumidas cuentas, podemos ver como la publificación del servicio de atención de AMVISA responde a una decisión tomada mediante criterios de gestión institucional e intereses partidistas. A pesar de que haya sido vendido como un compromiso con el empleo de calidad y con lo público, el acuerdo supone un ataque contra la lucha de las trabajadoras. No solo, estando pendiente aún un juicio por vulneración del derecho a huelga, el Ayuntamiento castiga la lucha de las trabajadoras despidiéndolas; sino que mediante el despido y el reordenamiento se dificulta que se mantengan las condiciones y los derechos conquistados en la huelga en la parte del servicio que va a continuar subcontratado. Es decir, la creación de cinco puestos de trabajo públicos tiene como contrapartida la indefensión absoluta de los trabajadores subcontratados.

Por lo tanto, vemos cómo la publificación en sí misma no garantiza de ninguna forma el bienestar de los trabajadores, mucho menos el de aquellos con condiciones más precarias. Por eso, ante las reestructuraciones llevadas adelante mediante decretazos y motivadas por intereses partidistas, solo la organización y la lucha de los trabajadores son garantía del mantenimiento de los puestos y los derechos conquistados. En ese sentido, queremos trasladar toda nuestra solidaridad y apoyo a las trabajadoras despedidas y reafirmarnos en la necesidad de la organización y la lucha para hacer frente a los ataques de políticos y empresarios.