Opinión
La negociación colectiva en la educación pública

Me contaban antiguos compañeros y compañeras del sindicato Steilas que la negociación colectiva en la educación pública tuvo, en su día, un sentido, que los acuerdos eran posibles y las mejoras evidentes. Me decían que los acuerdos se respetaban, incluso se negociaba la planificación educativa. Las diferentes comisiones formadas por Gobierno vasco y sindicatos cumplían sus funciones y no eran meros protocolos. Me estoy refiriendo a la primera década del presente siglo. Luego llegaron los recortes, la tecnocracia y los tecnócratas afirmando, por ejemplo, que las ratios no influían en la calidad educativa, la “autonomía” de los centros, el falso trilingüismo y la negociación colectiva languideció.

Hubo que hacer ocho días de huelga durante los años 2017 y 2018 para que nuestro alumnado contase con profesorado sustituto desde el primer día, y no estuviesen más de una semana sin profesorado en caso de que este estuviese de baja; para no sufrir ninguna penalización adicional en caso de incapacidad temporal, para reforzar los equipos directivos a los que se había añadido una tremenda carga de trabajo durante la última década o para conseguir más recursos en las aulas de educación infantil y para las escuelas en situaciones especialmente complejas. A pesar de que se revirtieron los recortes más significativos, el PNV no cumplió con todo lo firmado, y tampoco ha sido posible renovar el acuerdo laboral que trajo recortes, caducado desde 2012 y firmado en minoría por CC OO y el PSE. 

Desde entonces la situación de las trabajadoras y trabajadores de la educación pública ha continuado complicándose: miles de trabajadoras “fuera de RPT” (así es como el propio departamento denominaba al 30% de la plantilla, a la que a partir de ahora denominará “plantilla adicional”); centros públicos segregados con índices de complejidad inéditos en el resto de Europa e inasumibles en una democracia; tres grupos diferenciados dentro del mismo colectivo cara a la jubilación (“laborales”, Muface y Seguridad Social), lo que supone tener la plantilla más envejecida de todo el estado y una pérdida del poder adquisitivo que roza el 24% son ejemplos que ayudan a visualizar lo que para este gobierno significa la educación pública.

Ante esta situación, las prioridades del gobierno vienen marcadas por la senda privatizadora del sistema. Miles de puestos de trabajo dependientes directamente del departamento de educación desaparecerán, en aras a mantener “la garantía de pluralidad educativa” y con base en “el servicio vasco de educación”. Es decir, se está liquidando la red pública para tratar de mantener el actual statu quo de la red privada. 

La negociación colectiva no puede ser, no debe ser, el marco en el que los sindicatos se dediquen a bailar al son que marca el PNV

La negociación colectiva no puede ser, no debe ser, el marco en el que los sindicatos se dediquen a bailar al son que marca el PNV. Y es lo que el Gobierno pretende. Sabe que tiene la sartén por el mango, que la unilateralidad es una opción, y el equipo de Jokin Bildarratz está cayendo en la tentación de recorrer ese camino. Probablemente los “contratos programa” hayan sido, aunque no el único, sí el más claro ejemplo: se dota de recursos a un centro en base al logro de determinados objetivos. Se trata de un sistema basado en los resultados y no en las necesidades del servicio, que se sustenta en la interinidad de las trabajadoras, impulsa la competitividad entre centros y, sobre todo, socava los principios de la escuela pública y la negociación colectiva. El PNV sabe que en el marco de la negociación colectiva hubiese sido imposible acordar semejante despropósito, y por eso lo incluyó en el “pacto educativo”. Y, como no podía ser de otro modo, ahí estaban los responsables de EH Bildu, haciendo de adalides del “pacto”, poniendo como una de sus principales virtudes “Eraldatzen” (nombre de los contratos programa). Inaudito.

Pero existen posibilidades de acuerdo, un acuerdo basado en puntos intermedios, pensado para la mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras de la educación pública y del sistema educativo, que dignifique y equipare las condiciones de jubilación en todo el colectivo, que ayude a recuperar parte del poder adquisitivo perdido, que elimine las bolsas de interinidad convirtiendo en estructurales todas las plazas y consolidándolas… pero el Gobierno prefiere jugar “a pequeña”, desterrando cualquier posibilidad de rejuvenecer la plantilla, renunciando a recuperar parte de los salarios perdidos durante la última década y limitando la posible “consolidación” a una parte de la plantilla interina. Cualquier acuerdo entre sindicatos y gobierno debería atender, necesariamente, a estas cuestiones.

Los contratos programa son un sistema basado en los resultados y no en las necesidades del servicio, que se sustenta en la interinidad de las trabajadoras, impulsa la competitividad entre centros y, sobre todo, socava los principios de la escuela pública y la negociación colectiva

Pero todo tiene su razón de ser, su porqué: el PNV, el PSE, y los firmantes del “acuerdo” han decido que no necesitan a gran parte de su plantilla, que pueden prescindir de ella, que como estamos, estamos bien y que privatizar sale rentable social y económicamente si se mira con las gafas neoliberales. Con la oposición parlamentaria anulada, el gobierno procede, así, a una privatización tanto endógena tendente a modelos gerenciales y basada en la desregularización, como exógena, igualando la oferta pública y la privada mediante el “servicio vasco de educación”. 

El PNV, el PSE y resto de firmantes del acuerdo educativo deben saber que el profesorado, las educadoras y educadores, y resto de trabajadores y trabajadoras del sistema educativo público responderemos, antes o después, con todas nuestras fuerzas y con la lección aprendida, para frenar el deterioro en nuestras condiciones laborales y, por ende, para mejorar la calidad de la educación pública.