Opinión
¿Qué ha hecho la comunidad internacional por detener el genocidio de Israel?

Son 40.000 los palestinos asesinados en Gaza hasta ahora, más de la mitad han sido mujeres y niños. A esta tragedia hay que sumar dos millones de personas desplazadas internamente en riesgo de hambruna. El ejército sionista intensifica su limpieza étnica de la población gazatí; la infancia es la principal víctima de los continuos ataques contra escuelas, refugios y hospitales. A las puertas de una guerra regional en Oriente Medio la comunidad internacional intenta ponerse de acuerdo y tomar represalias contra el genocidio del gobierno Israelí. 

Ninguna de las principales potencias de la Unión Europea reconoce al Estado de Palestina. Es en este contexto de oposición donde España, Irlanda y Noruega han decidido aceptarla como nación independiente, aunque la declaración no vaya acompañada de ninguna medida práctica. La sociedad civil ha aumentado la presión sobre los aliados de Israel para detener el envío de armamento y exigir a sus gobiernos que rompan relaciones diplomáticas. Desde La Haya, a petición de Sudáfrica, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) ha emitido una orden de arresto contra el premier Netanyahu y su ministro de Defensa. 

Defensa occidental del apartheid

Con las nuevas adhesiones de España, Irlanda y Noruega a la causa de la soberanía Palestina son ya 146 países, de los 193 que constituyen la ONU, es decir, la mayoría de las naciones del mundo. Estados Unidos y las grandes potencias de la Unión Europa solo reconocen al Estado de Israel. Tras la victoria de la izquierda en las elecciones presidenciales celebradas recientemente en Reino Unido y Francia, el premier británico, Keir Starmer, manifestó “la firme intención” de reconocer al Estado de Palestina. A su vez, antes de que Macron designase a un primer ministro de la derecha, la portavoz de Francia Insumisa, Mathilde Panot, había declarado que esta sería una de las primeras medidas a tomar por el nuevo gobierno. Alemania e Italia son reacias. Roma es la más firme defensora del proyecto sionista para establecer una mayoría judía en Palestina. El gobierno alemán, formado por socialdemócratas, liberales y verdes, ha rechazado aplicar el término “apartheid”. El odio y la xenofobia hacía la comunidad árabe en el Estado germano es una auténtica lacra.

Hablar de apartheid es hablar de la ocupación israelí, de la represión del ejército y la policía, de detenciones y tortura. El apartheid es una herencia del colonialismo conocido como “colonialismo de asentamiento”. Se trata de un sistema político y económico por el cual un país conquista a otro para poseer sus recursos, pero en lugar de explotar a la población nativa se la elimina. El sionismo es un fenómeno parecido al utilizado en la formación de Canadá o Sudáfrica por los europeos. 

En diciembre Sudáfrica abrió un procedimiento contra Israel ante el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) de la ONU, acusándolo de “causar exterminio, causar hambruna como método de guerra, incluida la denegación de suministros de ayuda humanitaria, y atacar deliberadamente a civiles en conflicto”. En un proceso paralelo, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, pidió orden de arresto contra Netanyahu y su ministro de Defensa. Ahora, los jueces del tribunal con sede en La Haya son quienes han de decidir si aprueban o no la petición del fiscal. El TIJ fue establecido en 1945, pero la proliferación de órganos judiciales internacionales ha ido limitando sus competencias. En 2002 se creó la CPI para tener facultad en casos contra individuos —no países— por crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad. 

Otros países se han ido sumando oficialmente a la demanda sudafricana ante el TIJ. Cuba, Chile, España, Nicaragua, Colombia, México, Egipto, Libia y Turquía han tomado acciones legales contra el gobierno de Netanyahu. España es el único país occidental que ha respaldado la denuncia de Sudáfrica. En caso de emitirse una orden de detención todos los países de la Unión Europea estarían obligados a obedecerla, ya que son miembros del Estatuto de Roma firmado en 2002. En el estatuto se establecieron cuatro tipos de crímenes punibles: crimen de lesa humanidad (tortura, desaparición, esclavización, actos de violencia sexual, etc.); genocidio; crímenes de guerra; y el crimen de agresión. 

Por otro lado, solo un mes tardó el gobierno conservador del Reino Unido en presentar una alegación donde se cuestionaba la jurisdicción de la Corte Penal Internacional sobre los ciudadanos israelíes, obligando a la CPI a posponer la orden de arresto a Netanyahu y a su ministro de Defensa. Pero, tras la victoria electoral de julio, el laborismo británico de Keir Starmer se ha negado a rechazar la potestad de la Corte. El presidente Joe Biden ha refutado las acusaciones de genocidio en Gaza y considera “escandalosa” la orden de detención de sus dirigentes. EEUU no es signatario del Estatuto de Roma y tampoco reconoce la jurisdicción de la Corte por lo que no estaría obligado a arrestar al líder sionista en caso de que viajara a su territorio.

Embargo y ruptura de relaciones diplomáticas

Los aviones israelíes lanzan a diario pesadas bombas contra las tiendas de campaña de los civiles desplazados. Una de las más utilizadas es la MK84, fabricada en Estados Unidos. Esta bomba es capaz de aniquilar a la población en un radio de 300 metros y fue intensamente empleada durante la guerra de Vietnam. EEUU es el principal proveedor de armamento a Israel. El paquete aprobado en 2024 por la Cámara de Representantes de Washington para la ayuda exterior ha sido de 90.000 millones de euros: dos tercios se destinarán a Ucrania y una cuarta parte será para el Estado sionista. Otro importante proveedor es Alemania con alrededor del 30% del suministro de armamento que recibe Tel Aviv. Reino Unido también exporta material bélico, aunque se desconoce su valor total. La industria de defensa es un negocio comercial y militar global en el que la socialdemocracia europea mantiene una actitud de miserables fruteros.

Desde el 7 de octubre España afirma haber suspendido la exportación de armas a Israel. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, aseguró en una comparecencia de prensa que no se había producido ningún intercambio comercial de este tipo con Tel Aviv, pero un informe del Centre Delàs demuestra que en noviembre se vendieron armas, munición, carros y automóviles blindados por valor de un millón de euros. 

Ante esta situación de desconcierto Podemos presentó una Proposición no de Ley (PNL) acerca de las medidas a adoptar para detener la ofensiva israelí en Gaza y Cisjordania. En el parlamento se debatió y votó sobre la interrupción inmediata del comercio de armas con Tel Aviv y la ruptura de relaciones diplomáticas, entre otras propuestas. La moción del punto referente a la suspensión del comercio de material bélico fue impugnada, de nada sirvió el voto afirmativo del PSOE contra los del PP, Vox y Junts.

La ruptura de relaciones fue rechazada por el PSOE, Esquerra Republicana de Catalunya y parte de Sumar

Sobre las otras cuestiones planteadas por Podemos de “Proceder a la suspensión de las relaciones diplomáticas con Israel hasta que cese la ofensiva” y “Promover la suspensión del Acuerdo de Asociación Estratégica entre la Unión Europea e Israel”, las dos propuestas también fueron tumbadas. La ruptura de relaciones fue rechazada por el PSOE, Esquerra Republicana de Catalunya y parte de Sumar; en la votación sobre la suspensión del acuerdo estratégico el PSOE se abstuvo y ERC votó de nuevo en contra.

Desde el inicio de la guerra contra Gaza tres países han decidido cortar los lazos diplomáticos con el Estado sionista. Los tres son latinoamericanos, lo que demuestra la relevancia geopolítica del conflicto. Venezuela lo hizo en 2009; en octubre Bolivia tomó la decisión alegando crímenes de lesa humanidad contra la población palestina; y Colombia, en voz de su presidente Petro, ha afirmado que “no puede volver la época del genocidio, del exterminio de un pueblo entero ante nuestros ojos”.