Opinión
El Gobierno de España tarda en estar con el derecho internacional frente al comercio de armas

Esta semana ha atracado en el puerto de Sagunto (Valencia) el primer buque saudí “Bahri” del 2021. Buques de la muerte que navegan por aguas europeas rozando la ilegalidad y el misterio, aunque sea un secreto a voces que cargan armas y otro material bélico en nuestros puertos con destino final Arabia Saudí. La cuestión es que Arabia Saudí está en guerra, liderando una coalición internacional contra Yemen quien está sufriendo lo que Naciones Unidas ha reconocido como la peor crisis humanitaria del mundo, aunque apenas escuchemos hablar de ella. 

¿Es legal vender armas en este contexto? ¿Qué pasa con la legalidad internacional? Pues que nos la saltamos. Desde el 2014 tenemos el Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA) de Naciones Unidas que regula este comercio. En concreto su artículo 6 recoge que un Estado no autorizará ninguna transferencia de armas convencionales si en el momento de la autorización “tiene conocimiento de que las armas (...) podrían utilizarse para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad, infracciones graves de los Convenios de Ginebra 1949, ataques dirigidos contra bienes de carácter civil o personas civiles”. Parece evidente que contra Yemen bastantes de estas premisas se están cumpliendo. Pero seguimos. 

También nos saltamos la arquitectura europea. Existe una Posición Común del Consejo de Europa (2008)2 que recoge los criterios que los Estados miembro deben tener en cuenta cuando estudian las solicitudes de exportación de armas, como el respeto a los derechos humanos en el país de destino final, el respeto del derecho internacional humanitario o el mantenimiento de la paz, la seguridad y la estabilidad regional. El texto señala claramente que se denegará la licencia de exportación en caso de que el material pudiera ser utilizado para cometer violaciones del Derecho internacional humanitario. 

La ilegalidad de estos barcos Bahri tiene como guinda final que sus prácticas son contrarias a la legislación de seguridad marítima, como el apagado del geolocalizador o el falseo de la ruta

El Parlamento Europeo ha emitido varias resoluciones avisando que vender armas a Arabia Saudí incumple esta posición común. Sin ir más lejos, este mes de febrero se volvió a abordar la cuestión en un debate con el Alto Representante y vicepresidente Josep Borrell y se saludó la decisión de la Administración de Biden de congelar la venta de armamento. El problema es que estas resoluciones del Parlamento Europeo, a pesar de ser la única institución europea elegida democráticamente por sufragio universal, no son vinculantes. Y mientras algunos países europeos como Italia aceptan suspender su venta de armas a Arabia Saudí, la industria armamentística de aquellos que lo siguen permitiendo se frota las manos porque toca más trozo del pastel y sus beneficios se disparan. Tal es el caso de España que se ha convertido en la 7º potencia armamentística del mundo. Y es que, en estos tiempos de crisis, la industria militar española está boyante y sin nubarrones al frente, muy acorde a la necropolítica que rige nuestras vidas donde unos pocos deciden, por acción u omisión, qué vidas tienen valor y cuáles no. Por fortuna, pese a los oídos sordos de algunos Gobiernos, la oposición a estos buques Bahri va creciendo entre la sociedad civil. En el 2019 los estibadores de Marsella y de Génova se negaron a cargar equipamiento militar. El Bahri tampoco pudo atracar en el puerto de Amberes por un dictamen judicial promovido por colectivos sociales, y del puerto de Bilbao también se le ha logrado expulsar tras el gran rechazo social. 

La ilegalidad de estos barcos Bahri tiene como guinda final que sus prácticas son contrarias a la legislación de seguridad marítima, como el apagado del geolocalizador o el falseo de la ruta para que no se sepa dónde está y hacia dónde va. Actuaciones sistemáticas por parte de esta naviera saudí y muy peligrosas, pues ponen en riesgo a otros barcos que naveguen por aguas europeas. 

Podemos hacer algo. Es nuestra responsabilidad desde el Norte global denunciar esta realidad donde los Estados aplican políticas de la muerte para seguir funcionando. Quizá podamos empezar rechazando todos los buques Bahri transportadores de armas de nuestros puertos y exigir transparencia en el comercio de armas.