Industria armamentística
Armas, Arabia Saudí y el puerto de Bilbao

Ongi Etorri Errefuxiatuak denuncia la “responsabilidad moral” de Asier Atutxa, presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao, desde donde “se han enviado en el último año más de 300 contenedores con explosivos"

Greenpeace Puerto de Bilbao
Protesta de Greenpeace en el puerto de Bilbao contra la exportación de armas el 22 de septiembre de 2017. Greenpeace
27 nov 2017 18:36

El Parlamento Vasco debatió el pasado 23 de noviembre una proposición no de ley formulada por el grupo parlamentario Elkarrekin Podemos con respecto a las relaciones políticas y ventas de armas a Arabia Saudí. En una moción presentada por EH Bildu, se proponía adoptar medidas para que las embarcaciones no transporten armamento militar desde el puerto de Bilbao, uno de los puntos de salida de un comercio valorado en 4.000 millones de euros en España, que la sitúa en el séptimo puesto en el ránking global de venta de armas.

En el exterior del parlamento, un nutrido grupo de personas de la plataforma Ongi Etorri Errefuxiatuak se manifestaban cuestionando el modelo de la autoridad portuaria de Bilbao y su permisividad en el envío de material y suministros armamentísticos destinados a Arabia Saudí. Estos recursos militares son empleados en la guerra que la monarquía absolutista saudí mantiene con Yemen y en la cual la ONU ha denunciado numerosos crímenes de guerra contra la población civil —más de 5.000 civiles han perdido sus vidas y unos 8.700 personas han resultado heridas desde 2015, según datos de la ONU—.

La plataforma Ongi Etorri Errefuxiatuak ya ha protagonizado varias protestas contra estos envíos de material bélico. El pasado ocho de noviembre, se manifestaron en el puerto durante la presentación del plan estratégico del puerto de Bilbao, para denunciar el tráfico de armas y el trato recibido a los migrantes. En dicha presentación se encontraban numerosas autoridades, entre ellas, la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad Arantxa Tapia.

La asociación en defensa de los derechos de las personas refugiadas critican que la “responsabilidad moral” del presidente de la Autoridad Portuaria, Asier Atutxa, queda demostrada dando su visto bueno a esta “filosofia” comercial. Según Atutxa, el puerto “es una infraestructura crítica” y el muro previsto no se construye por “una cuestión de inmigración”, sino para “asegurar la seguridad de las mercancías y los pasajeros”, aunque también ha señalado que en el Puerto de Bilbao hay “todo tipo de mercancías”. Desde Ongi Etorri Errefuxiatuak denuncian que este último año “se han enviado más de 300 contenedores con explosivos” desde el puerto de Bilbao. En uno de esos envíos el bombero vizcaíno Ignacio Robles fue sancionado por realizar un acto de desobediencia al negarse a participar en las labores de control de un cargamento de 26 contenedores de explosivos con destino a Arabia Saudí.

Para Mario Rodríguez, director ejecutivo de Greenpeace España, “las actas que aprueban las exportaciones de armas son privadas a causa de la Ley de Secretos Oficiales de 1968”. “La transparencia es clave para poder regular el mercado armamentístico y evitar que los cargamentos se usen para vulnerar los derechos humanos”, afirma.

Otras organizaciones como Amnistía Internacional, Fundipau o Intermón Oxfam también se han posicionado respecto al tráfico de armas llevado a cabo en el puerto bilbaíno. En la campaña “Armas Bajo Control” denuncian que, desde que se inició su intervención militar en Yemen en 2015, España ha enviado más de 650 millones de euros en armamento a Arabia Saudí lo que ha “provocado” una “catástrofe humanitaria”. De forma paralela, Navantia —sociedad pública dedicada a la construcción naval civil y militar— ha ultimado la venta de cinco corbetas a este país por un valor estimado de 2.000 millones de euros, una cifra que pone de manifiesto el volumen de negocio en torno a la industria militar entre estos dos países.

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