Opinión
Educación y vivienda: dos derechos inseparables para la infancia

Hace unas semanas me sorprendió conocer que un fondo suizo, concretamente Swiss Life, ha comprado por 200 millones de euros varios colegios concertados en la Comunidad de Madrid. Sorprende, también, que se sigan creando nuevas escuelas concertadas cuando cada año disminuye la población infantil. Más aún si tenemos en cuenta que el concierto educativo nació para suplir, de manera excepcional, carencias de la escuela pública y garantizar el derecho universal a la educación conforme al mandato constitucional. Sobre este debate, complejo y profundamente ideológico, hay entidades como la AFFAC o Marea Verde que saben mucho más que yo y llevan años alertando de sus derivas.

El artículo 27 de la Constitución Española establece la obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza básica, reconoce la participación de la comunidad educativa y ampara las libertades educativas. En este marco, el concierto debería ser una herramienta subsidiaria, no un pilar estructural del sistema ni, mucho menos, un activo financiero atractivo para fondos de inversión.

Pero si hay una evidencia incontestable de que sin derechos sociales básicos no puede haber educación digna, esa es la crisis de la vivienda. La educación no puede desligarse de las condiciones materiales de vida de la infancia: sin un hogar estable y adecuado, el derecho a estudiar —y a aprender— queda gravemente vulnerado. Esta realidad, que las escuelas conocen desde hace tiempo y gestionan como pueden, ha sido recientemente documentada con datos que deberían incomodar a cualquier responsable político.

En solo 46 centros educativos de la ciudad de Barcelona, más de doscientos niños y niñas han sufrido un desahucio o viven bajo la amenaza constante de perder su vivienda

El estudio Detección de situacions d’infrahabitatge i desnonaments en centres educatius de Barcelona, elaborado por la plataforma Docents 080 con la colaboración del Observatori DESCA, pone cifras a una violencia estructural que atraviesa las aulas. En solo 46 centros educativos de la ciudad de Barcelona, más de doscientos niños y niñas han sufrido un desahucio o viven bajo la amenaza constante de perder su vivienda. Muchos han sido reubicados en pensiones o alojamientos temporales en condiciones precarias, a menudo lejos de su escuela y de su red de apoyo. La práctica totalidad de los centros participantes detecta situaciones de infravivienda entre su alumnado y relata cambios continuos de domicilio, rupturas de rutinas y, en los casos más extremos, episodios de sinhogarismo infantil.

Las consecuencias son inmediatas y visibles: aumento del absentismo, descenso del rendimiento académico, dificultades de concentración, ansiedad, cansancio crónico y un impacto emocional profundo. No se trata de problemas individuales ni de trayectorias personales fallidas, sino del resultado directo de una política de vivienda que expulsa a las familias más vulnerables y traslada el coste humano a las escuelas. El aula se convierte así en el espacio donde estallan desigualdades que se generan fuera, pero que condicionan de manera irreversible el presente y el futuro educativo de la infancia.

Las consecuencias son inmediatas y visibles: aumento del absentismo, descenso del rendimiento académico, dificultades de concentración, ansiedad, cansancio crónico y un impacto emocional profundo

Es imposible garantizar una educación de calidad, equitativa e inclusiva si no se asegura una vivienda digna para toda la infancia. El sistema de bienestar sigue funcionando en compartimentos estancos: educación, vivienda y servicios sociales avanzan por carriles separados, como si no estuvieran profundamente interconectados. Mientras tanto, niños y niñas ven vulnerados varios derechos fundamentales a la vez, sin que ninguna administración asuma plenamente su responsabilidad.

Proteger a la infancia es una decisión colectiva. Garantizar que ningún niño o niña pierda su hogar es también garantizar su derecho a aprender, a crecer con estabilidad y a imaginar un futuro posible. Detener los desahucios donde hay menores no es solo una medida urgente: es una apuesta por una sociedad más justa, que coloca la vida y los derechos de la infancia en el centro.