Opinión
El apagón y la ofensiva nuclear de las derechas

El pasado lunes 28 de abril sucedió un acontecimiento histórico, otro más. A eso de las 12:33 del mediodía, un corte de luz dejó sin electricidad a todo el territorio de la península ibérica. Un apagón que sumió nuestra sociedad digital en un caos analógico en donde, una vez más, la extrema derecha aprovechó el estado de shock para acelerar su ofensiva en la enésima batalla cultural. Más allá de las tradicionales teorías de la conspiración —desde Putin a Marruecos—, de agitar el fantasma de la inseguridad, el caos y los saqueos, o de azuzar su particular guerra contra lo público, sobresale una orquestada campaña por la defensa de la energía nuclear al servicio de los intereses del oligopolio energético.

El gran apagón se ha producido en medio de una auténtica guerra cultural de la derecha contra el plan de cierre de las nucleares, que supuestamente tiene que arrancar en 2027 con la desconexión del primer reactor de Almaraz (en Cáceres) y que concluirá con el cierre de la planta de Trillo (en Guadalajara) en 2035. Un calendario pactado con las eléctricas en 2019, ya con el PSOE en el Gobierno, que contempla no sólo los plazos de cierre, sino también un desembolso multimillonario para sufragar el desmantelamiento de las plantas y la gestión de los residuos radiactivos por parte de la empresa pública Enresa. Un coste ínfimamente financiado a través de las tasas que pagan las eléctricas mientras están operando los reactores.

Se ha producido un cambio en el discurso público del oligopolio energético, que ha empezado a cuestionar públicamente el calendario que ellos mismos acordaron con el Gobierno

Pero la invasión rusa de Ucrania transformó radicalmente la agenda europea, especialmente en lo referente a la energía. La falta del gas barato ruso y las turbulencias políticas desatadas por la primera guerra en suelo europeo del siglo XXI le dieron una segunda vida a una decadente energía nuclear. Así, en 2022, la UE aprobó catalogar la energía nuclear y el gas como tecnologías de transición que permitirán facilitar el objetivo del Pacto Verde de emisiones netas cero en 2050. Desde ese momento, la energía nuclear ha pasado a contar con el sello “verde” hasta 2045, impulsando al lobby nuclear y a su brazo político, la extrema derecha. En Alemania, el nuevo gobierno de coalición de populares y socialistas ha acordado paralizar el desmantelamiento de las centrales nucleares cerradas, dejando abierta la posibilidad de una futura reactivación; en Italia, Giorgia Meloni está estudiando desarrollar minirreactores nucleares; y en Bélgica, el nuevo gobierno de conservadores y liberales ha aprobado un cambio de paradigma energético, desechando su plan de cierre de las centrales nucleares e invirtiendo más de 32.000 millones para ampliar su vida útil en más de diez años.

En este contexto se ha producido un cambio en el discurso público del oligopolio energético, que ha empezado a cuestionar públicamente el calendario que ellos mismos acordaron con el Gobierno, pidiendo ampliar la operación de las plantas, pero sin conseguir, por el momento, consensuar una propuesta común. Aunque en lo que no parece haber desacuerdos es en cuestionar la fiscalidad aparejada a las centrales nucleares, en especial la llamada tasa de residuos.

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El cambio de actitud de las eléctricas ha espoleado al PP y a Vox, que llevan años embarcados en la defensa de la energía nuclear y, por lo tanto, en el rechazo a la hoja de ruta para el cierre trazada por el Ejecutivo. En este sentido, el PP presentó a principios de abril una proposición de ley en el Congreso para evitar el cierre programado de las nucleares, justificándose en la “coyuntura geopolítica”. Además, condicionó su apoyo al decreto del Gobierno para paliar los efectos de los aranceles de Trump a que el Ejecutivo acepte ampliar la vida de las centrales. María Guardiola, presidenta popular de Extremadura, ha hecho de su defensa de la ampliación de la vida útil de Almaraz uno de los puntos fuertes de su gobierno, acusando al Gobierno central de conducir a las nucleares al cierre por la “asfixia fiscal”, en clara sintonía con las demandas del oligopolio energético. De hecho, al vicesecretario de Economía de los populares, Juan Bravo, el apagón del pasado lunes lo pilló en plena visita a la central de Almaraz.

Aunque quizás sea Vox el partido más beligerante en la defensa de la energía nuclear. Mientras que el PP supuestamente reivindica extender la vida útil de las nucleares para asegurar los suministros mientras se robustecen las alternativas limpias en España y Europa, Vox hace una defensa ideológica de las nucleares, enfatizando su papel para asegurar la soberanía energética española, obviando que, para que las centrales puedan funcionar, cada año tenemos que importar uranio desde Níger, Canadá, Kazajistán o Rusia. En este sentido, el pasado enero Vox comenzó una campaña de movilización y recogida de firmas para acabar con el calendario de cierre, así como para terminar con la presión fiscal que “asfixia” a las nucleares, defendiendo ayudar económicamente al mantenimiento de la energía nuclear, como si el oligopolio energético —que el año pasado alcanzó beneficios históricos— no ganara lo suficiente.

El apagón del pasado lunes ha espoleado a las derechas en su particular guerra cultural en favor de las nucleares, un campo de batalla perfecto para la disputa de la hegemonía discursiva, contribuyendo a crear un sentimiento común en favor de los intereses del oligopolio energético. En este sentido, el eurodiputado Hermann Tertsch planteó en su red social X: “En cuanto haya luz, habría que salir a la calle y ocuparla hasta que den marcha atrás con todo el cierre nuclear”. Dicho y hecho, la derecha se ha lanzado en tromba a la defensa de la energía nuclear con un objetivo multipropósito.

Una vez más se muestra cómo la lucha de la ultraderecha contra el supuesto “fanatismo climático” y en defensa de las nucleares tiene el objetivo claro de preservar los intereses del poder corporativo

No solo se utiliza para reafirmar el discurso soberanista de Vox —en horas bajas por su subordinación a las políticas trumpistas— o para cargar contra el Gobierno, sino también para atacar a la energía fotovoltaica, con el objetivo de deslegitimar las políticas de acción contra la crisis climática, amplificando los discursos negacionistas. Así, desde Vox han afirmado que tenían razón en su oposición al “fanatismo climático” y la agenda “woke” de Bruselas.

En este sentido, María Guardiola, la presidenta popular de Extremadura, ha afirmado en una entrevista posterior al apagón que el cierre de Almaraz “responde solo a criterios ideológicos y sectarios”, mostrándose favorable, al menos en lo discursivo, a revisar, como exigen Vox y el oligopolio energético, el impuesto regional a las nucleares dentro de una propuesta fiscal global. No podemos olvidar que Extremadura recauda más de ochenta millones anuales con el impuesto regional en Almaraz.

Una vez más se muestra cómo la lucha de la ultraderecha y la derecha contra el supuesto “fanatismo climático” y en defensa de las nucleares tiene el objetivo claro de preservar los intereses del poder corporativo. En este caso, no solo para defender la pervivencia del lucrativo negocio de las nucleares para el oligopolio energético, sino también como una cortina de humo perfecta para evitar que podamos centrar nuestra mirada en las nefastas consecuencias que ha tenido la privatización de José María Aznar de Red Eléctrica Española y la necesidad que evidencia el apagón de planificar y reformar el sistema energético, apostando por un modelo planificado bajo criterios sociales y ambientales, asegurando la renacionalización del operador del sistema, para tener una estructura más descentralizada basada en microrredes, que aporte resiliencia para que el único apagón que volvamos a tener sea el de las centrales nucleares.