Opinión
Ámsterdam prohíbe la publicidad de la carne, España la promociona

La decisión del Ayuntamiento de Ámsterdam de prohibir la publicidad de carne en el espacio público a partir de mayo de 2026 es una de las señales políticas más poderosas que hemos visto en el terreno de las políticas alimentarias. No se trata de una concesión menor ni de una estratagema cosmética: es una intervención deliberada en el corazón de la vida urbana, cuestionando la normalización de ciertos productos y el papel del marketing masivo en la configuración de nuestros hábitos de consumo. Poner a la carne —y a los combustibles fósiles— fuera del espacio publicitario tradicional es reconocer que no se puede avanzar en salud pública o en clima si dejamos intacto el aparato promocional que sostiene patrones de consumo insostenibles.

En España estamos lejos de ese tipo de audacia política. Es más, en España se promociona su consumo desde las administraciones públicas, sin ir más lejos la Generalitat de Catalunya lanzó una campaña para promover el consumo de carne de cerdo durante la pasada Navidad y, a la que puede, el Ministerio de Agricultura saca pecho de las bondades casi infinitas de uno de los sectores más contaminantes. Además de dar toda la cobertura posible a las campañas de la patronal del sector porcino que promocionan el consumo de carne, incluso clasificándola como carne blanca cuando no lo es. Por el contrario, las escasas y tímidas declaraciones que buscan informar sobre los impactos negativos del consumo excesivo de carne y derivados cárnicos han sido objeto de una intensa controversia política y escarnio público.

Por cada día de salud que perdemos a causa del tabaco, perdemos 5 a causa de la alimentación insana y por cada día perdido a causa del alcohol, perdemos 9 por alimentación insana

Somos uno de los países de Europa con mayores niveles de consumo de carnes. En concreto, comemos seis veces más carne de la necesaria, pero, lo que es peor, comemos diez veces más carne roja de la recomendada y ocho veces más de la procesada. Con respecto a la población infantil, ésta come entre 3,5 y 4 veces más carne que el máximo recomendado; 3,5 veces más carne roja y entre el doble y el triple de procesada. Es importantísimo tener claro que este patrón de consumo no es inocuo. Estamos superando, y por mucho, las recomendaciones sanitarias y lo estamos pagando con enfermedad y muertes prematuras. Por poner solo un ejemplo, España tiene una de las tasas más elevadas de cáncer colorrectal en Europa, una enfermedad asociada —entre otros factores— al consumo de carnes procesadas. Por cada día de salud que perdemos a causa del tabaco, perdemos 5 a causa de la alimentación insana y por cada día perdido a causa del alcohol, perdemos 9 por alimentación insana.

Además de la carga sobre la salud individual, este patrón alimentario tiene un impacto enorme sobre el sistema sanitario, que debe asumir el tratamiento de enfermedades crónicas vinculadas a dietas poco saludables, con un coste económico anual que se cuenta en decenas de miles de millones de euros. Uno de cada cinco euros del presupuesto de sanidad en nuestro país se dedica a tratar los efectos en la salud de la alimentación insana.

Peor aún, el consumo desmedido y desproporcionadamente alto afecta de manera directa a la población infantil. Este consumo precoz no solo establece hábitos que perduran a lo largo de la vida, sino que está relacionado con riesgos crecientes de obesidad infantil y enfermedades metabólicas.

Si España quiere cumplir con sus compromisos climáticos y reducir emisiones de CO₂, no puede ignorar el papel del sistema alimentario y en particular del consumo de carne

El consumo excesivo de carne no solo afecta nuestra salud: también es una de las grandes chimeneas del cambio climático. Si se hacen bien los cálculos (asociando al sector cárnico su parte correspondiente de emisiones del sector agrícola, energético, de transporte, industrial o de residuos), nos encontramos en que casi un tercio de las emisiones del país pueden atribuirse a este sector. Si España quiere cumplir con sus compromisos climáticos y reducir emisiones de CO₂, no puede ignorar el papel del sistema alimentario y en particular del consumo de carne. Es una verdad incómoda: las políticas climáticas que no aborden los motores alimentarios del cambio climático serán insuficientes.

Más impactos, el sector cárnico es un gran succionador de agua (en un momento de escasez estructural de la misma), un enorme contaminante de suelos, aguas y aire. Las zonas hiper productoras generan unas de las mayores emisiones de amoníaco a la atmósfera, un importante contaminante ambiental que afecta gravemente a nuestra salud respiratoria. Una enorme mancha de amoníaco que se ve claramente desde el espacio.

Pero no se vayan todavía, aún hay más. A todo esto hay que sumarle la degradación de los suelos, el uso excesivo de pesticidas, agrotóxicos y fertilizantes sintéticos asociados a la alimentación de esta inmensa mole cárnica y tendremos algo parecido al túnel del terror.

Volviendo al consumo. Una de las claves para cambiar hábitos de consumo es actuar sobre lo que nos rodea: el espacio comunicativo, la publicidad, los incentivos. Ámsterdam lo ha entendido con valentía; en España, en cambio, seguimos atrapados en una regulación insuficiente y obsoleta.

El llamado Código PAOS, un sistema de autorregulación de la publicidad de alimentos dirigida a la infancia, lleva casi dos décadas demostrando su incapacidad para reducir la exposición de niñas y niños a anuncios de productos insanos. Aunque incluso el propio Ministerio de Consumo ha reconocido que ese código no cumple, la normativa efectiva que debería sustituirlo sigue paralizada. El resultado es que millones de menores siguen expuestos a un bombardeo publicitario que incentiva productos ricos en grasas, sal, azúcares y aditivos —incluidas carnes procesadas— sin contrapesos regulatorios reales.

Si en Ámsterdam la solución ha sido limitar la presencia publicitaria de la carne en el espacio urbano, en España seguimos discutiendo sobre códigos autorregulados que nadie cumple

Esta falta de regulación no es un detalle administrativo: es un vacío político de enorme impacto, que permite que la industria marque la agenda y determine qué productos se normalizan socialmente. Si en Ámsterdam la solución ha sido limitar la presencia publicitaria de la carne en el espacio urbano, en España seguimos discutiendo sobre códigos autorregulados que nadie cumple.

La publicidad no es la única palanca que necesitamos activar. Otra herramienta básica —y todavia subutilizada— es la fiscalidad alimentaria. Gravar productos que tienen un impacto negativo claro en salud pública y clima, como las carnes procesadas —que organizaciones como la OMS consideran asociadas a mayor riesgo de cáncer— no es un castigo arbitrario: es una forma de internalizar los costos sociales y ambientales que actualmente pagan el sistema sanitario, las familias y el planeta.

Al mismo tiempo, políticas fiscales que favorezcan alimentos saludables y de bajo impacto ambiental —como frutas, verduras, legumbres o proteínas vegetales— pueden ayudar a reequilibrar nuestros patrones de consumo. España tiene margen para explorar este tipo de instrumentos económicos como parte de una política alimentaria integral.

La iniciativa de Ámsterdam es una ventana de esperanza y un recordatorio de que las políticas alimentarias no son un lujo ni una discusión secundaria. Son decisiones profundas sobre qué vidas queremos para nuestras comunidades, qué tipo de salud pública defendemos, y cómo nos relacionamos con los límites ecológicos del planeta.

No se trata de imponer un estilo de vida, se trata de proteger vidas, reducir sufrimiento y construir un futuro en el que la alimentación sea un vector de justicia social y sostenibilidad ambiental

España está atrasada en estas materias: sigue sin una regulación eficaz de la publicidad alimentaria, sin una fiscalidad que responda a la evidencia científica, y con patrones de consumo que perjudican tanto la salud de la población como la estabilidad climática. Para avanzar, necesitamos políticas públicas valientes que intervengan en el espacio comunicativo, que reformulen incentivos y que protejan especialmente a la infancia.

Si Ámsterdam nos muestra un camino, España no solo debe seguirlo: debe corregir sus propias negligencias, adaptar sus políticas y poner en marcha acciones coherentes con la urgencia climática y de salud pública. No se trata de imponer un estilo de vida, se trata de proteger vidas, reducir sufrimiento y construir un futuro en el que la alimentación sea un vector de justicia social y sostenibilidad ambiental. Eso —y no menos— es lo que nuestras políticas alimentarias deben empezar a reflejar hoy.