Ocupación israelí
Las organizaciones de solidaridad con Palestina tachan de “cosmético” el embargo aprobado por el Gobierno

Ha habido que esperar dos semanas desde que el presidente español, Pedro Sánchez, lo anunciara y dos años de genocidio para que el Gobierno español lo apruebe. El Real Decreto Ley de embargo de armas a Israel ha sido publicado en el BOE y ha entrado en vigor este 24 de septiembre. El resultado no ha convencido a la principal plataforma en España de solidaridad con Palestina, la Rescop. Esta red se muestra tajante: “No es un embargo de armas”. La ley, que debe ser refrendada en un máximo de 30 días en el Congreso, “no responde a las obligaciones legales internacionales ni —mucho menos— a las necesidades del pueblo palestino”, señalan.

Según apuntan, se trata de una “medida maquillada, imprecisa, incompleta y llena de excepciones”. La discrecionalidad que se reserva el Gobierno para saltarse la ley aprobada cuando se produzca un “menoscabo para los intereses nacionales”, supone una “amplia grieta legal” que permitiría extender la “complicidad” del Gobierno español con el genocidio.

“El Gobierno debe dejar de adoptar medidas simbólicas y debe tomar decisiones valientes. Lo que está en juego son vidas humanas. La sociedad civil exige un embargo de armas real, integral y sin fisuras”

La “grieta legal” de la que habla Rescop no se limita a las “excepciones a la carta”, sino también a importantes ausencias y ambigüedades que facilitan que los objetivos generales del RDL —”preservar la paz y la seguridad global, proteger los derechos humanos y prevenir el comercio ilícito de armas”— se vean minados.

Según el Gobierno, el tránsito de armas en los puertos españoles con destino a Israel hace tiempo que no se produce. Y, sin embargo, todas las semanas, el movimiento de Boicot, Sanciones y Desinversiones (BDS) realiza acciones para alertar sobre escalas de material militar destino a Israel o atraque de buques de empresas que contribuyen al genocidio y la ocupación. La última fue este 23 de septiembre, cuando cientos de personas se concentraban en València para denunciar la llegada del buque Maersk Norfolk, que transporta piezas de cazas F-35 desde Tánger a territorio israelí.

El RDL dispone que el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministerio de Economía “denegarán las solicitudes de tránsito” de armamento a Israel. Sin embargo, para la Rescop, el texto no incluye protocolos ni mecanismos de verificación que garanticen que estas escalas dejen de producirse. “En nuestros puertos, aeropuertos y bases militares, pueden seguir transitando barcos y aviones con material militar”, contraponen. El tránsito de armas hacia Israel, además, podrá seguir utilizando el territorio español como escala a través de las bases estadounidenses de Morón y Rota, que se mantienen “intocables”.

Entre las limitaciones del texto, la Rescop añade que el RDL “no afecta a los contratos adjudicados a la industria militar israelí o sus filiales”. Tampoco prohíbe, añaden, que la administración pública contrate a empresas israelíes o que contribuyen al genocidio y la ocupación. La empresa energética israelí Enlight, con intereses en territorios ocupados palestinos y negocios con las fuerzas armadas israelíes, podrá seguir operando y ampliando su presencia en España. La empresa vasca Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) podrá seguir construyendo y manteniendo los tranvías que llevan colonos y soldados a los territorios ocupados y recibir millonarias adjudicaciones de las administraciones públicas.

La disposición que prohíbe importaciones de “productos originarios de asentamientos israelíes en Territorio Palestino Ocupado” también es ambigua y no está definida en el RDL. Según el decreto, todas las mercancías originarias de Israel deberán incluir el código postal y la localidad que identifique su procedencia. La Agencia Tributaria aprobará el listado de localidades y códigos postales correspondientes a los asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado para  identificar estos productos vetados. El problema de esta disposición, además de su indefinición y que no podrá ser aplicado hasta que la Agencia Tributaria realice ese listado, es que no queda claro si incluye la importación de minerales extraídos de territorios ocupados.

La empresa vasca Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) podrá seguir construyendo y manteniendo los tranvías que llevan colonos y soldados a los territorios ocupados y recibir millonarias adjudicaciones de la administración pública

Es el caso de la empresa israelí ICL, que extrae sal, potasa y bromuro de la cuenca norte del Mar Muerto, ubicada en la Cisjordania ocupada. Si la prohibición de importaciones se limita solo a los “asentamientos ilegales”, apenas serán unos pocos productos los que deberían ser prohibidos, entre ellos los dátiles Medjool o las cremas Premier. Si el veto de importaciones se extiende a todos los territorios ocupados, con independencia de si haya o no “asentamientos”, las consecuencias serían muy diferentes: ICL es una de las mayores productoras y distribuidoras de fertilizantes en España.

Pese a sus limitaciones, desde la Rescop reconocen los aspectos positivos del embargo. Este texto implica la revocación de las autorizaciones vigentes de importaciones y exportaciones de armamento, “aunque se pueden mantener en vigor utilizando la excepción ambigua de la que permite al Gobierno reactivarlas cuando invoque un supuesto interés general nacional".  Otro aspecto positivo es la prohibición del tránsito de combustible JP4, JP5 y JP8 con destino a las Fuerzas Armadas israelíes, algo que hasta ahora no estaba contemplado en medidas previas.

“El Gobierno debe dejar de adoptar medidas simbólicas y debe tomar decisiones valientes. Lo que está en juego son vidas humanas. La sociedad civil exige un embargo de armas real, integral y sin fisuras”, dicen. Desde la Rescop, mantienen “la esperanza” de que la presión social obligue a mejorar un texto que es “un colador”. Desde esta red de organizaciones exigen la aplicación de un “embargo integral”, algo que no está reflejado en el texto del RDL. Un “embargo integral” subrayan “significa prohibir cualquier exportación, importación, transferencia, producción o compraventa de armas con Israel, incluyendo todos los tránsitos, con carácter retroactivo y aplicable tanto a la contratación pública como privada”. Además, explican, estas medidas deben contar con mecanismos de transparencia y verificación independiente que garanticen su cumplimiento real, “sin medias tintas, excepciones ni trampas legales”.