Opinión
Ni un paso atrás

El pasado jueves 11 de julio, Inés Madrigal anunciaba en rueda de prensa que había encontrado a su familia biológica después de años de búsqueda. Para muchas víctimas y, por supuesto, para nuestra asociación, Todos los niños robados son también mis niños, este reencuentro ha sido motivo de gran alegría.

El derecho de toda persona a conocer sus orígenes es esencial en un Estado de derecho. Sin embargo, en el nuestro, las víctimas de robos de bebés, uno de los crímenes más atroces cometidos durante el franquismo y hasta bien entrada la democracia, han visto cercenado su derecho a la verdad.

En un proceso exitoso de búsqueda de los orígenes, esa verdad puede poner de manifiesto adopciones legales, ilegales, robos o, como en el caso de Inés, una apropiación para regalarla e inscribirla como hija biológica de una mujer que no podía tener hijos. Del mismo modo, para las familias que buscamos hijas, hijos, hermanas y hermanos, cabe la posibilidad de que las investigaciones demuestren la muerte de algunos bebés. En otros casos, se demostrará el robo. Ninguna asociación es ajena a este abanico de posibles resultados. Ello no afecta a la existencia del crimen del robo de bebés, que ha sido una práctica represiva y generalizada en distintos países que han padecido situaciones de conflicto armado o dictaduras y cuyas consecuencias se han alargado en el tiempo. Nuestro país se encuentra entre estos.

Queremos que el crimen cometido durante el régimen dictatorial y parte de la democracia sea investigado de forma rigurosa y exhaustiva por las autoridades estatales competentes. Queremos saber, y tenemos derecho a saber, la verdad: una verdad colectiva y plural que dé respuestas a todas y a cada una de las víctimas.

Para construir un relato colectivo, no solo es necesario que la justicia lleve a cabo con honestidad y compromiso todas las investigaciones solicitadas, sino que todos los reencuentros reciban la misma atención que el de Inés Madrigal. Sin embargo, sabemos que la mayoría de los reencuentros de robos de bebés y niños se lleva a cabo sin luz ni taquígrafos.

Es absolutamente necesario que se hagan públicos todos los reencuentros, pero existen razones por las que se hacen en secreto. Una de ellas es el temor de los hijos a que sus madres y padres adoptantes sean requeridos por la justicia como supuestos implicados en el robo.

No se puede exigir a las víctimas la difusión del resultado de sus búsquedas en general y, en especial, cuando se demuestra que han sido niños robados. Sin embargo, les hacemos un llamamiento para que hablen sin miedo de forma pública y que denuncien sus casos. De igual modo, sería muy beneficioso que las autoridades tranquilizaran públicamente a las víctimas explicando que el hecho de que los padres y madres adoptantes sean llamados a declarar no implica que sean considerados criminales. Desde siempre, hemos defendido el supuesto de que las madres y padres adoptantes, excepto en algún caso muy evidente, no han sido en absoluto conocedores del robo.

“Entrega voluntaria”

En el caso de Inés Madrigal, los medios han dicho que fue dada en adopción de “manera voluntaria”. Hablar de la “voluntad” de una madre soltera a la hora de entregar un bebé en el contexto patriarcal de una dictadura ultracatólica es altamente problemático porque hace caso omiso de la realidad jurídica y sociocultural que marcaba la vida de las mujeres durante el franquismo. En ausencia del testimonio de la madre, es muy difícil saber qué grado de voluntariedad y qué grado de coacción existió en la entrega de Inés. 

Tanto en el caso de Inés Madrigal, que fue dada “voluntariamente” para que fuese adoptada, como en el caso de los bebés que sí fueron robados, existe como parte intrínseca de estos delitos un componente de género que tendría que ser tomado en cuenta por la Justicia.

“El vuelco judicial”

Son sorprendentes algunas declaraciones de la prensa que dicen que este hallazgo puede dar un vuelco al relato sobre bebés robados. No debería ser así, ya que si algo se ha demostrado con este reencuentro es que el tráfico de bebés existía.

Según lo que se ha conocido, Eduardo Vela no hizo ningún trámite para que Inés pudiera ser adoptada, sino que se apropió de la niña y la regaló a un matrimonio. Si hubiera sido adoptada, Inés seguramente habría podido encontrar mucho antes a su madre. Pero la víctima de este delito no ha sido solo Inés, sino también su madre, ya que Eduardo Vela, al proceder como lo hizo, impidió que la madre de Inés pudiera hallarla si así lo hubiera deseado.

Eduardo Vela fue declarado culpable de tres delitos en la sentencia del 8 de octubre de 2018: detención ilegal, suposición de parto y falsificación en documento oficial. Sin embargo, fue absuelto por prescripción de los mismos. Ante esta circunstancia, Inés Madrigal recurrió al Tribunal Supremo. La esperanza era que el Alto Tribunal sentara jurisprudencia para que los delitos del robo de bebés no prescribieran. Todavía en espera de esta resolución, la Fiscalía General del Estado, una vez conocido que Inés no fue robada sino entregada de “forma voluntaria”, ha planteado la modificación de la sentencia para eliminar de ella el delito de detención ilegal.

Inés no fue una bebé robada pero la resolución del Supremo, en cuanto al criterio de prescripción de los delitos mencionados, también afectará a todas las personas que sí son víctimas por el robo de bebés y esto debería ser tenido en consideración por la Justicia a la hora de emitir una resolución al procedimiento todavía abierto en este Tribunal.

La prescripción y los organismos de derechos humanos

En cualquier caso, y decida lo que decida el Tribunal Supremo, lo que está claro es que la sentencia del 8 de octubre de 2018 sobre el caso de Inés Madrigal no recoge, para los casos del crimen de lesa humanidad del robo de bebés, “los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional”, tal y como expresaba el fiscal del Tribunal Supremo, Carlos Castresana, en su artículo del 9 de octubre de 2018 en el diario digital infoLibre, “¿Qué prescripción?”.

Pero, además, tampoco pareció tener en cuenta la sentencia que el objetivo prioritario de cualquier tribunal es “restaurar el orden jurídico perturbado”, tal y como también se indica en el anterior artículo citado de Castresana. Es por ello que el artículo 132 del Código Penal establece que, en los delitos de ejecución permanente, la prescripción no empieza a computarse hasta que se elimina la situación ilícita. “El doctor Vela privó a Inés desde el día en que nació de su identidad, nombre, estado civil y filiación” como podemos leer en el artículo citado. Ahora que ya se ha eliminado esa situación ilícita al encontrar Inés a su familia de origen sería cuando tendría que empezar a computarse la prescripción según nuestro derecho interno. Y no podemos olvidar que la situación ilícita se ha resuelto gracias a la voluntad y persistencia de Inés, no porque las autoridades hayan buscado, como era su obligación, a su familia biológica.

El robo de bebés se califica como delito de lesa humanidad en la causa penal 4591/2010 en la que se investigan los crímenes cometidos durante la dictadura franquista que se tramita, en aplicación del principio de justicia universal, en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 1 de Buenos Aires, Argentina, a cargo de la jueza María Servini de Cubría y cuya principal impulsora es la Coordinadora de apoyo a la Querella argentina-Ceaqua. De igual manera, así se califica este crimen en el Código Penal español, en su artículo 607 bis.

También la Querella interpuesta en México por Amnistía Internacional para investigar los crímenes del franquismo, como delitos contra la humanidad, se abrió por la demanda presentada por Ligia Ceballos, que podía ser una niña robada en España y trasladada a México en 1968. La Procuraduría mexicana investiga el caso como un caso de desaparición forzada.

La comunidad internacional ha instado a las autoridades españolas a investigar de forma eficaz este crimen. Así, en julio de 2014, el relator de la ONU, Pablo de Greiff, afirmó que España está obligada por el derecho internacional y la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, y que ratificó en el 2009, a “fortalecer los esfuerzos con mira a buscar e identificar a los niños y niñas que podrían haber sido víctimas de la apropiación”.

En el mismo sentido lo dice el Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o involuntarias, expuesto en septiembre de 2014 en el 27º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y en Noviembre de 2017, se aprobó el Informe de la Misión y Recomendaciones de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, elaborado a raíz de la visita de inspección realizada en España del 22 al 23 de mayo de 2017, en el que se establecen 31 recomendaciones al Estado español basadas en el derecho a la verdad, la justicia, reparación y garantías de no repetición de las víctimas por el robo de bebés.

La falta de investigación de este crimen de lesa humanidad y la negación de los derechos a la verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición que padecen las víctimas es algo inaudito para los organismos de derechos humanos que consideran el robo de bebés como un crimen internacional y por tanto imprescriptible.

Los laboratorios de ADN

No podemos obviar que lo sucedido con el caso de Inés refuerza la ya conocida desconfianza de las víctimas en los laboratorios de ADN de España. Sea cual sea la causa de que los laboratorios no consigan realizar cotejos exitosos, mientras que sí lo hacen laboratorios extranjeros, pone en evidencia la ineficacia de los protocolos que utilizan para conseguirlo. Es extremadamente preocupante que dos personas que comparten parentesco y han confiado su información genética a unos laboratorios no reciban información válida y confiable.

Los laboratorios privados homologados emplean los mismos marcadores que el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF), según expuso su director, Antonio Alonso, en la reunión que mantuvo con las asociaciones el pasado 20 de junio. Uno de esos laboratorios privados es donde tenían sus perfiles genéticos Inés y uno de sus hermanos y no se produjo ninguna coincidencia; entendemos, por tanto, que igual habría pasado de haber estado esos perfiles en el INTCF.

En nuestra opinión, esta información pone en entredicho el Informe sobre exhumaciones publicado el 18 de mayo de 2017 por dicho instituto. Este informe, además, fue realizado a partir de unos datos cuya representatividad es imposible evaluar, no solo porque el número de muestras es muy reducido, sino también porque no se facilitan los criterios de selección de esas muestras. Pero en este informe no se han incluido las exhumaciones donde aparecen restos de un bebé que no tiene coincidencia genética con los familiares que buscan, ni aquellas en cuyos ataúdes se encuentran restos de adultos donde tendría que haber restos de niños, ni en las que aparecen las cajas vacías sin restos. No están porque en el INTCF solo tratan las exhumaciones que les llegan por vía judicial, ¿qué ocurre con todas las denuncias que no consiguen prosperar debido al archivo masivo que se produce?, ¿en qué informes constan esos casos?

A pesar de todos estos hechos, el informe concluye que los resultados no demuestran que haya habido en nuestro país un tráfico organizado de niños. Con lo cual es evidente que, mientras no se investiguen en profundidad todos los casos y dejen de cerrarse por parte de Fiscalía o de los juzgados, es muy difícil tener o hacer un estudio riguroso.

La Ley de bebés robados

Cada vez es más urgente que se promulgue una ley que permita resolver todos los casos de bebés robados. La Coordinadora de apoyo a la querella argentina-Ceaqua, entidad en la que se integra nuestra asociación Todos los niños robados son también mis niños, promueve desde hace año y medio en el Congreso de los Diputados la Proposición de Ley de bebés robados en el Estado español, de la que se habló extensamente en el artículo “¿Por qué una ley estatal de bebés robados?”, publicado por El Salto el 25 de octubre de 2018.

Esta ley garantizaría por primera vez el efectivo disfrute de sus derechos a las víctimas del robo de bebés, reconoce y asegura los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición; y reconoce la condición de víctimas para los afectados por este crimen, al que se considera un crimen contra la humanidad. Es un texto que integra a todas las víctimas por el robo de bebés, las de la dictadura y las que se produjeron después, las familias que buscan hijos y hermanos, y las personas que luchan por saber su identidad.

En lo que respecta a los organismos, en la proposición de ley se contempla la creación de una Fiscalía Especial que se encargue de garantizar los derechos de las víctimas, una Unidad de Investigación de la Policía Judicial y una Comisión Estatal por el Derecho a la Identidad. Además, para que hagan el trabajo estos organismos, se les dota de una base de satos que elaborará un censo de todos los casos, y una base de ADN nacional, cuyas pruebas serán gratuitas, con toda la información de todos los desaparecidos y de sus familias. Con esta ley, España empezaría a cumplir las recomendaciones de Naciones Unidas, y especialmente la del relator de Justicia Transicional, así como los Principios del Derecho Internacional de Derechos Humanos.

Es esta una iniciativa legislativa, que cuenta con el apoyo de Amnistía Internacional, de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, de la Red Argentino Europea por el Derecho a la Identidad (representantes de las Abuelas de Plaza de Mayo en España), de The Guernica Centre for Internacional Justice y de 18 asociaciones de víctimas por el robo de bebés en toda España.
El 20 de noviembre de 2018 fue aprobada por unanimidad su toma en consideración, pasando así a formar parte de la agenda de trabajo del Parlamento estatal. El 13 de diciembre se aprobó también por unanimidad su trámite de urgencia. Sin embargo, el final de la anterior legislatura hizo imposible la continuación del proceso parlamentario para su aprobación final. Es urgente que en esta nueva legislatura eche a andar para que la Ley de bebés robados vea por fin la luz.

Inés ha conseguido encontrar a su familia y compartimos con ella su alegría. Su caso fue el de una entrega cuyo grado de intencionalidad o voluntad nos es imposible valorar con los datos hasta ahora conocidos. Sin embargo, sigue habiendo miles de personas en busca de sus orígenes y miles de madres que no dieron a sus hijos en adopción y a las que les fueron robados con burdas mentiras y, hasta hoy, con total impunidad. Estas ciudadanas y ciudadanos siguen esperando que el Estado y sus instituciones las protejan y busquen a sus bebés robados, y que se hagan efectivos el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. Solo reconociendo y ejercitando estos derechos nos aseguraremos de que, en el futuro, este crimen no se repita.