El doctor Vela, culpable del primer robo de bebés que se juzga pero absuelto por prescripción del delito

El primer caso de robo de bebés en llegar a juicio ha terminado con la sentencia absolutoria de la Audiencia Provincial de Madrid al doctor Eduardo Vela, pese a considerarlo autor de los delitos que se le imputaban.

Vela, que actualmente tiene 86 años de edad, se enfrentaba a una petición por parte de la Fiscalía de 11 años de cárcel por delitos de detención ilegal y suposición de parto de Inés Madrigal. La acusación particular, por su parte añadía a los delitos citados los de falsedad documental y adopción ilegal.

Ahora, la Sección Séptima de la Audiencia Provincial ha absuelto al doctor de los delitos de detención ilegal, suposición de parto y falsedad en documento oficial, en el asunto conocido popularmente como ‘caso de los bebés robados’, al estimar que los hechos denunciados están prescritos.

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Bebés robados

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La Fiscalía pidió ayer 11 años y tres meses para Eduardo Vela por el robo de la niña Inés Madrigal. También solicita que se condene a la mujer de Vela, Adela Bermejo, por falso testimonio. El abogado de la acusación eleva la petición a 13 años.

Vela dirigió durante más de 30 años la clínica San Ramón de Madrid, uno de los epicentros de la trama de robo de bebés que operó entre finales de los años 50 y los 90, donde ejercía también como ginecólogo y director médico.

San Ramón, la fábrica de bebés expósitos

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Cientos de adoptados de forma irregular fueron alumbrados en una pequeña clínica que registró un número de nacimientos similar al de una gran maternidad. En San Ramón hubo un gran trasiego de embarazadas, muchas coaccionadas y engañadas. No hay partes de renuncia de las madres de sus bebés. Una red se encargó de todo. Esos hijos buscan hoy su identidad.

Las magistradas consideran al acusado autor de los tres delitos por los que se sentó en el banquillo tras quedar probado de forma incontestable en el juicio que el doctor entregó al matrimonio formado por Inés P.P. y Pablo M.R. “una niña de pocos días de edad fuera de los cauces legales, simulando la existencia de un parto que no se había producido y estableciendo una filiación falaz, y todo ello sin que conste que hubiera mediado consentimiento ni tan siquiera conocimiento por parte de los progenitores del recién nacido, siendo el acusado —según la sentencia—, la persona que hizo la certificación falaz acerca del supuesto parto de Inés P.P., a sabiendas de que tal hecho no era cierto”.

Madrigal presentó en 2011 una primera denuncia que fue archivada. Un año después, con la ayuda de SOS Bebés Robados, se inició el proceso que ha culminado hoy, 8 de octubre, con la absolución de Vela. Madrigal fue entregada por la clínica San Ramón, que dirigía el citado doctor a Inés Pérez Pérez —ya fallecida— y su marido. Pérez Pérez, la madre de Madrigal, pensó siempre que la adopción era legal, e incluso grabó un careo con el propio Vela cuando descubrió el crimen cometido.

Pese a quedar meridianamente probado que el doctor certificó con su puño y letra que Inés P.P. dio a luz en su presencia el 4 de junio de 1969 a una niña, lo que jamás tuvo lugar, que esa niña fue entregada sin consentimiento al matrimonio formado por Inés P.P. y Pablo M.R. y que gracias a estas maniobras la recién nacida pudo ser inscrita en el Registro Civil como su hija biológica, los magistrados le absuelven al considerar prescritos los delitos.

La Sala entiende que los tres delitos de los que se ha considerado autor al acusado constituyen un conjunto punitivo, en íntima relación de conexión, por lo que la prescripción depende de la del delito de mayor gravedad de los tres, la detención ilegal. “Así pues, y de conformidad con tal criterio —afirma la sentencia—, el plazo de prescripción será el de diez años, de conformidad con lo previsto en el artículo 131 del Código Penal”.

En la misma línea, las magistradas recuerdan que “el delito de detención ilegal tiene carácter de delito permanente, cuya consumación no se agota en el acto de la aprehensión, sino que continúa ejecutándose mientras se mantiene la situación de encierro o privación de libertad”, para a continuación señalar que “la limitación de libertad termina en el momento en que el menor alcanza la mayoría de edad, puesto que es a partir de ese momento cuando ya su libertad se ejercita de modo independiente, sin precisar del auxilio de sus tutores o guardadores”.

En cuanto al delito de suposición de parto, al tratarse de un delito de consumación instantánea, aun cuando sus efectos sean permanentes, la fecha de su consumación marca la del inicio del cómputo para la prescripción. Por lo que se refiere al delito de falsedad, a juicio de los magistrados su consumación es instantánea, sin perjuicio de que sus efectos se perpetúen en el tiempo.

“Como consecuencia de todo lo anterior, habida cuenta en que la fecha en que la perjudicada alcanzó la mayoría de edad fue el 4 de junio de 1987, y que el plazo de prescripción señalado por la ley para el delito más grave, el de detención ilegal, es de diez años, a la fecha de la presentación de la denuncia, abril de 2012, los delitos denunciados estaban prescritos”.

Por último, las magistradas desestiman la pretensión del Ministerio Público de que se deduzca testimonio contra la esposa del acusado por no haber querido desvelar la identidad de la niña, ante la presunción de que tales datos le eran conocidos, al considerar que no ha quedado probado que la testigo tuviera conocimiento de dato alguno al respecto.

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Todos los partidos, menos el Partido Popular, han asegurado su apoyo a la ley o su voto a favor para la toma en consideración en el Congreso.

Sentencia sobre el caso de Inés Madrigal by El Salto periódico on Scribd