Bebés robados
Bebés robados: una losa de 800 gramos frente a décadas de impunidad

El pasado 9 de marzo Matilde Ruiz se acercó al cementerio municipal de Alicante para conocer al equipo de arqueólogos que desde principios de mes se encuentra excavando en la fosa X donde se ubican los restos de once represaliados por el franquismo en 1940. Matilde es una mujer “con mucho genio”, como ella misma reconoce, y su intención al acudir al cementerio fue pedir la colaboración de los arqueólogos que, buscando los restos de un crimen franquista, se encontraron la prueba de otro delito del mismo periodo cuyas víctimas siguen vivas en su mayoría y tratando de que se haga justicia. 

La fosa X, ubicada en el cuadrante 12 del cementerio de Alicante, se excavó en su día para arrojar los cuerpos de los vencidos en la Guerra Civil, pero posteriormente también sirvió para depositar los restos de bebés fallecidos y miembros mutilados del Hospital General de Alicante. Esa circunstancia es la que les llevó al hallazgo de un féretro infantil en cuyo interior solo se encontraron dos fragmentos de una losa de cerámica de unos 800 gramos depositada supuestamente para simular el peso de un neonato fallecido: una pista obvia del robo de bebés, práctica sistemática que se ha llevado a cabo en España durante décadas con total impunidad a pesar de las cientos de denuncias que se han presentado y que acaban siempre en vía muerta. 

Al segundo día de ingreso, después de observar que el recién nacido “estaba perfecto”, le comunicaron a Matilde Ruiz que su hijo había fallecido súbitamente

Más de dos décadas lleva luchando Matilde Ruiz por conocer el destino del bebé que alumbró en 1973 en el hospital La Fe de Valencia. Cuando dio a luz “estaba sola”, pero al encontrarse en el hospital se sentía “segura de que estaba bien atendida”. Nada más lejos de la realidad, pues al segundo día de ingreso, después de observar que el recién nacido “estaba perfecto” y “no presentaba ninguna anomalía”, le comunicaron que había fallecido súbitamente. A continuación ataque de nervios y sedación total durante un día completo. “Vieron la posibilidad de llevarse al niño porque no vieron a nadie conmigo”, asegura Matilde. 

El caso de Matilde Ruiz tiene las mismas características que el de miles de mujeres que dieron a luz en España entre 1940 y 1990. Matilde estaba casada entonces, pero su marido se encontraba en un viaje de negocios en el momento del parto. Después de anunciársele el fallecimiento, cuando despertó de la sedación, al exigir ver a su hijo la llevaron ante una caja con los restos cadavéricos de un bebé más grande y más moreno que el que había tenido en brazos apenas un día antes, volvió a reclamar y “todo el mundo empezó a decirme que me iban a pinchar otra vez y que iban a dormirme porque yo estaba enferma de lo que me había ocurrido, que se me había muerto el niño”, pero ella sostiene que  “no estaba enferma, yo dije de inmediato que ese niño no era mi hijo”, y ni de inmediato ni después, todas las denuncias que interpuso acabaron archivadas. 

Han pasado cincuenta años de aquel momento y más de dos décadas de lucha, Matilde actualmente preside la asociación Afectados Bebés Hospitales SBR, por lo que al enterarse de que los arqueólogos que buscaban los restos de los represaliados del franquismo hallaron una caja fúnebre de un bebé con un trozo de cerámica que serviría para simular el peso de un feto o neonato fallecido, tuvo claro que aquello era una prueba obvia e irrefutable de una práctica sistematizada de la que ella misma y miles de mujeres más habían sido víctimas durante décadas, de modo que no lo dudó a la hora de acudir a interponer una denuncia ante lo que Matilde afirma enfáticamente que se trata de “una prueba verídica” del robo de bebés.

Hasta ahora de la fosa X han sido exhumados los restos de 36 neonatos y siete miembros amputados, entre los cuales figura el hallazgo de este féretro infantil

Hasta ahora de la fosa X han sido exhumados los restos de 36 neonatos y siete miembros amputados, entre los cuales figura el hallazgo de un féretro infantil en cuyo interior se encontró esta losa de cerámica, descubrimiento que a juicio de María José Picó, presidenta de la Asociación de Bebés Robados y Adopciones Irregulares de Alicante (AVA), “es esperanzador” porque “una vez más se demuestra que enterraban cajitas vacías y engañaban a las madres”, puntualiza María José, que nació en 1962 en el Hospital General de Alicante junto a su hermana melliza, a quien nunca llegó a conocer.   

Precedente de 2012

El caso de la hermana de María José es paradigmático, pues fue uno de los primeros casos de bebés robados que suscitó la actuación de la Fiscalía de Menores para esclarecer lo ocurrido. En enero de 2012 se llevó a cabo en el cementerio de Alicante una de las primeras exhumaciones de bebés robados del país en el mismo parterre en el que se encuentra la Fosa X con los represaliados franquistas y a apenas unos metros de la que albergó a José Antonio Primo de Rivera antes de su traslado al Valle de los Caídos. La ex diputada autonómica de EU y arqueóloga, Esther López Barceló, estuvo presente en aquella exhumación, decretada tras la denuncia de María José y encaminada a esclarecer si los restos de su hermana efectivamente se encontraban en el lugar consignado cincuenta años antes.

En enero de 2012 se llevó a cabo en el cementerio de Alicante una de las primeras exhumaciones de bebés robados del país

“La cuestión fue que el fiscal no tenía ni idea de que aquello requería de un protocolo científico”, recuerda López Barceló, quien en aquel momento exigió que se paralizara la actuación porque “los obreros del cementerio estaban dispuestos ya a meter el pico en ese trozo de fosa”. El fiscal le pidió que, en calidad de arqueóloga, realizara ella la exhumación debido a que la actuación se estaba basando en la memoria del padre que cincuenta años antes había depositado la caja con los restos de su hija y en el momento de la exhumación se encontraba muy mayor, y porque “había costado tantísimo llegar a ese punto”, de modo que ante “la presión mediática y emocional” al final la exparlamentaria accedió a conducir ella la actuación arqueológica.

Fruto de aquel trabajo, que fue seguido por decenas de medios nacionales e internacionales, se consiguió dar con los fragmentos desechos de una caja que coincidía con el recuerdo del padre, así como con los restos esqueléticos de un neonato que, por su ubicación, “yo estaba segura de que lo que había sacado era lo único que podía pertenecer a esa caja”, asegura López Barceló. Ante esos restos el fiscal, que siguió todo el proceso de exhumación, ordenó que se realizara la prueba de ADN para determinar si estaban emparentados con la familia Picó, de manera que, explica la exparlamentaria, “si daba negativo se pondría a investigar al ginecólogo” que atendió a la madre.

La prueba tardó un año en hacerse y, efectivamente, el ADN de los restos no se correspondía con el de la familia Picó. No obstante el fiscal, en lugar de proceder como anunció un año antes, decidió que había que realizar una segunda exhumación en un lugar diferente al de la primera vez basándose en los planos del cementerio y no en la memoria del padre, que pasado un año había sufrido “un deterioro cognitivo muy grande”, recuerda López Barceló, que acudió la primera vez a acompañar a la familia Picó por la relación de amistad que les unía y acabó supervisando todo el proceso de la primera excavación y estuvo presente en la segunda. 

A juicio de López Barceló, en un principio vio con buenos ojos esa segunda exhumación en la que sí estaría el arqueólogo municipal, pero al ver que “de una forma bastante poco empática” el arqueólogo cuestionaba el testimonio del padre y aseguraba que la primera exhumación se hizo en el lugar equivocado, señalando otro lugar completamente distinto, la exdiputada y arqueóloga comenzó a desconfiar, confirmando sus sospechas con el hecho de que, al no encontrar nada en esa segunda actuación, “se llegó a la conclusión de que no estaba la caja porque el enterrador se la había llevado después de enterrarla delante del padre”, explica la exparlamentaria, conclusión que dio lugar al archivo de la causa. 

“Cualquiera que escuche este relato es evidente que cae en la cuenta de que ese fiscal ha recibido una presión y ha tenido que cambiar el curso de los acontecimientos”, considera López Barceló

“Cualquiera que escuche este relato es evidente que cae en la cuenta de que ese fiscal ha recibido una presión y ha tenido que cambiar el curso de los acontecimientos”, considera López Barceló, quien asegura que el representante del Ministerio Público tras esa segunda exhumación “cambió totalmente de actitud” con ella y con María José, y de la predisposición mostrada al principio pasó al “silencio y actitudes esquivas”. 

Por su parte María José Picó coincide en que las exhumaciones de su hermana fueron “otro palo más en el camino con el que nos encontramos”, pues a su juicio “no gustó lo que se encontró en la primera, que es que no estaba el cuerpecito enterrado, entonces dijeron que no era esa [fosa], que era otra, y en la otra evidentemente tampoco apareció, con lo cual quedaba claro, pero a pesar de eso los casos se archivan”. Otro ejemplo de exhumación que acabó en archivo fue el de Laura Perales, que denunciaba el robo de su bebé en el Hospital General de Alicante en 1980; en su caso también se hizo la exhumación poco después que la de los Picó, encontrándose en el lugar una caja que contenía un brazo amputado de un adulto. Su caso, a pesar de que existía evidencia de sustitución de los restos, tampoco se siguió investigando.

Y es que los obstáculos en los casos de bebés robados se dan tanto antes como después de su judicialización. Paco Alarcón es secretario de la asociación que preside María José y está casado con Lola, a quien le robaron a su hermana menor en 1969. La madre de Lola tuvo siete hijos en su casa de Guardamar del Segura, pero en el octavo embarazo fue al Hospital General de Alicante. Allí dio a luz a una niña, Rosario, y tras siete días de ingreso en los que la bebé estaba “perfectamente sana”, les comunicaron que había fallecido. Décadas después, cuando la familia ha acudido al centro hospitalario para solicitar la documentación relativa al ingreso de madre e hija, “nos dijeron que no había nada, que no existía documentación familiar de ningún enfermo de esa época, sin darnos más excusas”, explica Alarcón, quien destaca que “eso no nos lo creemos”. 

Tras esta primera petición que se hizo a través de la oficina de atención al paciente, volvieron a cursar por registro de entrada otra solicitud más formal dirigida a la dirección del hospital que tuvo el silencio administrativo como respuesta. Alarcón explica que su caso es común al de otros asociados de su organización, a quienes al pedir información “les dicen que si [se perdió] en una riada”, como le dijeron a Maria José Picó, o que no hay documentación, de manera que el Hospital General de Alicante no facilita la información requerida por los afectados, que ya lo han puesto en conocimiento de la Conselleria de Sanidad para que medie en este sentido tratándose de un hospital de titularidad pública. 

Intervención institucional

En cuanto a la intervención de la administración autonómica, en el caso de las fosas del cementerio de Alicante el equipo de arqueólogos está trabajando en busca de los restos de fusilados en 1940 merced a una subvención de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica de la Generalitat Valenciana. Los restos de los represaliados se encuentran bajo casi dos metros y varias décadas de enterramientos procedentes del hospital, de modo que ya han consumido el plazo previsto para llegar a los restos de los fusilados y están a la espera de una prórroga de la concesión para poder continuar hasta llegar al estrato de 1940. 

La Conselleria mencionada sacó varias partidas para buscar restos de represaliados franquistas, pero ante el hallazgo de esta pieza de cerámica como prueba evidente del robo de bebés, y a instancia de las asociaciones de afectadas, ahora también tendrán que estudiar formas de apoyar en estos casos. El director general de Qualitat Democrática de la Generalitat, Iñaki Pérez Rico, se reunió el pasado jueves en Valencia con varias representantes de las asociaciones de afectadas por casos de bebés robados, a quienes trasladó la voluntad de su departamento de colaborar con las organizaciones, pero teniendo en cuenta que es la Conselleria con menos presupuesto y que en este ejercicio ya tienen licitadas varias actuaciones para buscar restos de represaliados, de modo que se planteó la posibilidad de que el próximo ejercicio se destinen ayudas concretas para casos de bebés robados. 

No obstante, Pérez Rico es claro respecto a la responsabilidad institucional, pues a su juicio es el Gobierno central el que debe intensificar el trabajo a nivel estatal mediante bancos de ADN que cubran todo el territorio, pues los bebés podían acabar a cientos de kilómetros del lugar donde fueron sustraídos de sus padres biológicos. Pero en este sentido el director general puntualiza que la administración que debería actuar en primer lugar en estos casos es la Justicia y por ello, inmediatamente después de que los arqueólogos reportaron el hallazgo de la losa desde la Conselleria, cursaron una denuncia ante la Fiscalía para que se investigue su procedencia y si efectivamente se trata de un caso de bebé robado. 

A principios de esta semana Amnistía Internacional publicó el informe Tiempo de Verdad y Justicia. Vulneraciones de los Derechos Humanos en los casos de Bebés Robados sobre el que llevan trabajando desde hace años y en el que diseccionan la situación de los casos de sustracción de bebés en el Estado español. En el documento detallan que el robo de bebés comenzó al finalizar la Guerra Civil como parte de la represión franquista “contra quienes eran percibidos como opositores al régimen”, y en especial contra “mujeres que simpatizaban con grupos republicanos”, y que a partir de 1975 los crímenes cometidos durante el franquismo “fueron ignorados y permanecieron en la impunidad”, existiendo denuncias de sustracción de menores “hasta bien entrada la década de los 90”. 

Respecto a la responsabilidad institucional, Amnistía Internacional hace varias recomendaciones dirigidas a todos los niveles de la administración. En primer lugar conmina al poder Legislativo a avanzar en la promulgación de una Ley específica sobre búsqueda e identificación de bebés robados; a que reforme el Código Penal para que la prescripción del delito comience a partir de la determinación de la suerte y paradero de la persona desaparecida; y a que establezca una base de datos estatal centralizada y un programa de asistencia integral a las víctimas.

Amnistía Internacional conmina al poder Legislativo a avanzar en la promulgación de una Ley específica sobre búsqueda e identificación de bebés robados

Actualmente solo Catalunya cuenta con una Ley autonómica sobre bebés robados aprobada el pasado 31 de diciembre, y el Congreso mostró en junio de 2020 su apoyo casi unánime (con la excepción de Vox) a la aprobación de una ley para que se investiguen los casos de sustracción de menores durante el franquismo y posteriormente, en medio de un debate en el que la ultraderecha directamente negó la existencia de una trama sobre la que existen sobradas evidencias. 

La ONG también realiza recomendaciones al Gobierno y las Autonomías para que ejecuten políticas activas de coordinación de búsquedas de posibles sustracciones; y al Poder Judicial y la Fiscalía para que se investiguen de oficio los posibles casos de bebés robados, se establezca una doctrina de prescripción de estos casos como crímenes de lesa humanidad conforme al derecho internacional y se reexaminen las causas penales archivadas. Y finaliza con peticiones expresas al Vaticano y la Conferencia Episcopal para que facilite a las posibles víctimas sus documentos en el caso de que hubiera involucradas instituciones pertenecientes a la Iglesia. 

En definitiva, el robo de bebés ha sido un crimen sistemático que se amparaba en la estructura sociológica del franquismo y se extendió hasta casi dos décadas después de la muerte del dictador, un crimen que elegía como víctimas a las mujeres que consideraba vulnerables o que no encajaban en los principios del Movimiento Nacional y la moral católica que impregnó la sociedad hasta mucho después de la Transición. Y esta percepción sistematizada continúa hasta hoy, Esther López Barceló destaca que las mujeres que han sufrido casos de robo de bebés “se encuentran tan solas que desconfían de todo el mundo porque son muchas las veces que se han intentado aprovechar de ellas”, y al respecto menciona desde empresas de ADN hasta abogados que se ofrecían a llevarles sus casos previo pago.

“Me vieron completamente sola y eso es lo que pasó, me vieron sola y tenían el movimiento ya hecho”, asegura Matilde Ruiz sobre el día en que le robaron a su hijo. Esa soledad que se aprovechaba para robar bebés ha acompañado a las afectadas durante décadas en forma de causas archivadas, paripés parlamentarios y parásitos de la abogacía y el peritaje. La soledad de las víctimas más el silencio de los cómplices como base para la comisión de un crimen que, en palabras de Esther López Barceló, “no es investigado, queda impune y a nadie le interesa”, porque en España “el crimen perfecto se llama crimen franquista”, sentencia.