Opinión
La próxima disputa municipalista en Valencia

Amanece en Alboraya. Un helicóptero de la Guardia Civil sobrevuela el Forn de Barraca, la alquería icono de la lucha por la huerta valenciana. Un grupo de vecinos y vecinas espera desde la noche en la puerta, a sabiendas de la operación que pretendía ejecutar esa mañana la Delegación de Gobierno: derruir una de tantas alquerías que, está previsto, sean demolidas para ampliar la autovía V-21. Todo esto sin siquiera hablar con las fuerzas políticas del Pacte del Botànic, que gobiernan todo el territorio. Desde el amanecer se amontonan los tuits de tristeza y resignación: el pueblo valenciano ve impotente cómo destrozan desde las élites sus raíces y sus orígenes. Una vez más, porque esto viene de lejos.

La ZAL fue un plan urbanístico perpetuado por Rita Barberá pensado para expandir el puerto de Valencia. Su desarrollo requería la expropiación de tierras de cultivo y el derribo de las viviendas de la zona. Dada esta situación, los vecinos de la Punta comenzaron a organizarse para defender su territorio, sus familias, su modelo de vida. Algunos jornaleros, advertidos de la ZAL, abandonaron La Punta y vendieron sus propiedades al Puerto. Así, en el año 2000, el vecindario organizado de La Punta invitó a jóvenes implicados en colectivos sociales a que ocuparan las casas abandonadas y se organizaran con ellos para plantar cara a la ZAL.

La defensa contra la ZAL dio lugar a una comunidad con muchas contradicciones, donde agricultores de más de 50 años debían entenderse con jóvenes de militancia anarquista 

Esto dio lugar a la construcción de una comunidad con muchas contradicciones, donde se produjo una necesidad de entendimiento entre agricultores valencianos de más de 50 años y jóvenes de militancia anarquista. Pero se generó un proyecto muy hermoso: defender conjuntamente una forma de vida alejada de la que impone el neoliberalismo en las ciudades. La vida en la huerta de Valencia es un oasis para los espacios y los ciclos vitales, fuera de las dinámicas de la ciudad donde impera el consumismo desenfrenado, el trabajo sin límite y el individualismo, y donde cada día crece el número de personas que sufren estrés, ansiedad o depresión. Como dice una jornalera en el documental A tornallom, “en su modelo de ciudad el sentido de la humanidad se diluye en centros comerciales”.

A partir de este conflicto, ha habido una larga serie de agresiones a la tierra valenciana. Una de las más recientes, en 2016, con un intento de organizar un macrofestival de música electrónica, el Marenostrum, que implicaba la destrucción de varias zonas consideradas como Parque Natural y de gran valor ecológico. En primera instancia, fue permitido por el Ayuntamiento del PSOE, aunque finalmente la Generalitat Valenciana desaconsejó su celebración. En este contexto histórico se han anunciado dos planes con previsión de llevarse a cabo en los próximos años que ponen definitivamente en peligro las últimas zonas de huerta cercanas a los núcleos urbanos del norte de Valencia: uno en Alboraya y otro en el barrio de Benimaclet.

La ampliación de la V-21 y el PAI ponen definitivamente en peligro las últimas zonas de huerta cercanas a los núcleos urbanos de Valencia

En primer lugar, en el pueblo de Alboraya, la ampliación de la autopista V-21 supone la destrucción de 62.000 metros cuadrados de campos de cultivo y tiene el beneplácito de José Luis Ábalos, Ministro de Fomento del PSOE. Por otra parte, en Benimaclet se inicia el proyecto del PAI, una gran construcción que no responde a ninguna demanda de vivienda y que destroza la estética del distrito de Benimaclet.

Además, la edificación supone acabar con los huertos urbanos del barrio construidos por las asociaciones vecinales y con el CSOA l’Horta, un Centro Social Ocupado que convirtió una casa abandonada en un espacio de encuentro y un descampado colindante en cientos de metros de terrenos que son cultivados entre muchos ciudadanos de la zona. Otra tarea pendiente del municipalismo es construir espacios para los jóvenes donde puedan encontrarse, discutir, hacer música; en definitiva, juntarse para ser libres. Muchas de estas funciones las cumplió para mí y muchos jóvenes de mi barrio el CSOA l’Horta, que ahora pretende destruir el plan PAI por un puñado de viviendas innecesarias.

Otra tarea pendiente del municipalismo es construir espacios para los jóvenes donde puedan encontrarse, discutir, hacer música; en definitiva, juntarse para ser libres

Estos dos proyectos, evidentemente, cuentan con el rechazo de las asociaciones vecinales de ambas localidades además de, entre otros organismos locales, el Consejo Regulador de la Chufa. Pero esto es irrelevante para los cargos públicos del PSOE, que sólo atienden a sus intereses y a los de las grandes empresas y sus pelotazos urbanísticos, todo ante la inminencia de una nueva recesión económica (“primero como tragedia, después como farsa…”). Si hay algo en lo que el municipalismo puede contribuir a mejorar la vida de la gente es estableciendo como eje central un nuevo modelo de urbanismo, que además tenga como pilares fundamentales el ecologismo y la paralización de los procesos de gentrificación de los barrios; es decir, que sus habitantes no tengan que ser expulsados a consecuencia de una subida abusiva del alquiler o porque no puedan hacer la compra en la tienda de cupcakes y muffins donde antes había una panadería.

Con todo, Metrovacesa, la empresa promotora del PAI, insiste en que su proyecto incluye un gran número de zonas verdes. Parece que no han entendido que si el ecologismo se constituye como fuerza social emergente no es para que sea utilizada como excusa en las grandes maquinaciones de las multinacionales, sino para construir un ecologismo social que sea radicalmente transformador. Por todo esto, si hay algo donde ya no podemos ceder es en el cuidado de nuestros barrios, de los espacios donde aún hay lazos comunitarios y cultura popular. Y para ello necesitamos un Ayuntamiento que emprenda con valentía los próximos retos del municipalismo valenciano.