Minería
Cierre en falso del proyecto de mina en Alconchel

El 1 de febrero se ha conocido, a través de la web del ayuntamiento de Olivenza, que la Dirección General de Sostenibilidad de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad ha dictado resolución por la que daría por finalizada la evaluación de impacto ambiental ordinaria del “Proyecto Minero Industrial Alconchel”, declarándose resuelto su procedimiento y ordenando su archivo. Alega como causa la insuficiente documentación aportada por Río Narcea Nickel S.A. El proyecto momentáneamente paralizado en su tramitación, denominado Gato Montés, pretende la extracción de hierro, cobre y oro a cielo abierto, generando una fuerte oposición vecinal en la comarca.

De acuerdo a la Dirección General de Sostenibilidad, resulta insuficiente la documentación aportada por el promotor en la fase de análisis técnico del expediente, no especificando “soluciones ante posibles roturas de balsas; el impacto que tendrá sobre especies protegidas; la capacidad de gestión de agua a emplear; el impacto sobre el patrimonio; ni ha dado respuesta al requerimiento de las autoridades portuguesas”, como recuerda el consistorio de Olivenza, que a la vez afirma que la citada resolución “corrobora el escrito presentado (…) que veía dudas sobre la influencia e impacto que el proyecto pudiera tener sobre el término municipal de Olivenza”.

Portavoces cualificados de la  Plataforma Alconchel Sin Mina han afirmado recibir “con cierto estupor la noticia”, expresando desconfianza ante el hecho de que una declaración “tan importante como puede ser ésta, se dé a conocer de una forma tan informal, por las redes sociales”, aunque piden, también, “que no se malinterprete: no vamos a matar al mensajero, y nos alegramos de la noticia”.

En las actuales circunstancias el expediente puede reactivarse de nuevo, desde el principio. La resolución emitida, de hecho, no entra en cuestiones de fondo y únicamente alude a defectos de forma

“Simplemente —remarcan— no entendemos varias cuestiones, que estamos investigando, y otras que el equipo legal que nos asesora está estudiando. Mientras tanto, y con la escasa información de la que disponemos, hacemos una primera valoración, con la prudencia que merece el tema y con las puntualizaciones que creemos convenientes hacer a las declaraciones vertidas en los medios”.

Recuerdan que, en sentido estricto, la resolución recibida por el Ayuntamiento de Olivenza no significa, en absoluto, el cierre definitivo del proyecto extractivista, ya que se trata de una resolución de archivo de un expediente que, según el colectivo contrario al proyecto, ni siquiera acredita haber sido notificado a la empresa minera y está abierto a posible recurso.

En esta línea, afirma la Plataforma desconocer “de donde se deduce, además, que esta resolución es firme, como se comenta en la noticia publicada en la web del Ayuntamiento. Por otro lado, nos parece cuanto menos osada la afirmación del alcalde, Manuel José González Andrade”. El regidor oliventino afirmó, textualmente: “Se acabó el tema de la mina a cielo abierto de Alconchel”.

Atendiendo a los expedientes de otras minas del país, no es en absoluto descartable —y perfectamente posible desde la legalidad— que se recupere el proyecto dentro de los largos plazos que permite la legislación en base al ejercicio de los derechos mineros.

Se trata de una resolución de archivo de un expediente que, según el colectivo contrario al proyecto, ni siquiera acredita haber sido notificado a la empresa minera y está abierto a posible recurso

De hecho, no se trataría en el caso que nos ocupa de una Declaración de Impacto Ambiental negativa, ni de una negativa de concesión de explotación, que sí supondrían un serio y probablemente definitivo revés a la mina, ya que en las actuales circunstancias el expediente puede reactivarse de nuevo, y hacerlo desde el principio.

La resolución emitida, de hecho, no entra en cuestiones de fondo y únicamente alude a defectos de forma. No se pronuncia sobre factores urbanísticos, medioambientales ni legales que, a juicio de Alconchel sin Mina, incumple el proyecto, sino que únicamente lo hace en relación a una falta de documentación, perfectamente subsanable que, recuerda la oposición al proyecto, “de una u otra forma se podría estar redactando y se podría volver a presentar, incluso podrían acortar los plazos recurriendo a la tramitación por vía de urgencia, dado el caso”.

Como aspecto sorprendente, es de subrayar que ninguna de las entidades personadas en el contencioso desde el principio del mismo (Plataforma, Ecologistas en Acción, Ayuntamiento de Alconchel, particulares interesados que presentaron alegaciones, la propia minera…) haya recibido la citada resolución, con una antigüedad de más de dos meses y medio (su fecha es de 13 de noviembre del pasado año, por más que su sorprendente conocimiento público haya tenido lugar esta misma semana), siendo la única entidad a la que llega por vía oficial aquella que fue la última en personarse (el Ayuntamiento de Olivenza, que lo hiciera a mediados de diciembre de 2020), y además fuera del periodo de alegaciones. Según diversas fuentes, lo habría hecho conociendo el contenido de la resolución y con intención de obtener evidente rédito político en un conflicto en el que ha sido acusado de desenvolverse con una calculada tibieza. En este orden de cosas, es de señalar la importancia que la circunscripción electoral de la comarca de Olivenza tiene a la hora de determinar la composición de la Diputación Provincial de Badajoz. 

La empresa minera, a juicio de la Plataforma “todavía tiene mucho que decir y, por lo tanto, no podemos lanzar las campanas al vuelo hasta que exista una resolución que definitivamente destierre esta aberración de proyecto”. Queda por ver ahora qué pasos dará el grupo SACYR (cuya división, Valoriza Minería, ha adquirido los derechos de prospección en Alconchel de la empresa Río Narcea Nickel, anterior propietaria, también, de la mina de Aguablanca, en Monesterio) y, sobre todo, en qué se puede sustanciar este aparente parón de un proyecto que abriría las puertas a un plan mucho más ambicioso de explotación minera en toda la provincia, con fuerte intervención de capital extranjero e intereses cruzados de diversos agentes con gran poder político, mediático, industrial y financiero.