Control social
Vigilar, castigar y desahuciar: securitización y punitivismo más allá de la gran ciudad

Collado Villalba, 19 de febrero. Desde horas tempranas de la mañana, la arteria principal de nuestro municipio recibió a unos 70 agentes de la Policía Municipal. Acudieron armados con escopetas de proyectiles de goma y haciendo uso de varios drones, que vigilaban desde las alturas. El objetivo: ejecutar el desahucio de 100 personas que vivían en un bloque perteneciente a la SAREB, el “banco malo”. El desalojo, ordenado cautelarmente por el Ayuntamiento de Collado Villalba, duró más de 8 horas y fue uno de los mayores macrodesahucios en la Comunidad de Madrid de los últimos tiempos.

Desde el movimiento de vivienda consideramos necesario denunciar no sólo la violencia directa e inmediata de los desahucios, sino también toda la estructura punitiva que marca la gestión de la pobreza en nuestras ciudades, incluyendo las de la periferia. Las vidas de las pobres y las migrantes son vigiladas, inspeccionadas, disciplinadas y castigadas cuando no logran, o no quieren, aportar trabajo y valor al capital. Así, hechos como este desalojo funcionan como relatos ejemplificadores de lo que puede ocurrirle a quien no participe correctamente en el juego de la productividad. La violencia estatal es presentada como la única forma de mantener la seguridad, no sólo en las grandes urbes, sino también en otro tipo de municipios sobre los que no se pone el foco habitualmente, como el caso que nos ocupa.

Desde el movimiento de vivienda consideramos necesario denunciar no sólo la violencia directa e inmediata de los desahucios, sino también toda la estructura punitiva que marca la gestión de la pobreza

Collado Villalba es un municipio de la Sierra de Guadarrama, al noroeste de la Comunidad de Madrid, de algo más de 67.000 habitantes. En 2024 contaba con una tasa de afiliadas a la Seguridad Social muy inferior a la de la Comunidad de Madrid, mayor paro y menor nivel adquisitivo: uno de sus barrios se encontraba en 2025 entre el 2% y el 3% más pobres de España. Sin embargo, no es sólo la situación económica precaria lo que caracteriza al municipio: las políticas de securitización se han convertido en la seña de identidad del gobierno local, liderado por el Partido Popular desde 2011 y encabezado desde 2014 por Mariola Vargas Fernández. En concreto, estas políticas enmarcan una visión muy específica de la seguridad como el valor esencial que debe proteger y garantizar el Ayuntamiento —y a quienes la ponen en peligro, como el enemigo público número uno—.

La criminalización de las pobres

En primer lugar, estas políticas de securitización se basan en la criminalización de las pobres, las migrantes o las okupas, por la cual se producen activamente discursos que encuadran a las desposeídas como criminales y como no-humanas. Por ejemplo, las vecinas del edificio de la calle Real 1315 (en adelante 1315) fueron en numerosas ocasiones definidas por la propia alcaldesa como “delincuentes multirreincidentes”, “lacra” o “elementos” en lugar de personas o familias. De hecho, el Consistorio tiene como uno de sus principales lemas “fuera okupas de Collado Villalba”, generando así una amplia alerta social sobre una supuesta presencia desproporcionada de okupas en el municipio y achacándoles todos los males de la ciudad, reducidos a la inseguridad entendida como robos, delitos contra la propiedad, consumo o menudeo de drogas, etc.

Lo que se construye como el principal problema del municipio es la inseguridad definida en términos raciales y de clase, no de incapacidad de sostener la vida

De esta forma, desaparecen las discusiones sobre el incremento en los precios del alquiler y compra en un 7.1% y 17.6%, respectivamente, en relación con el pasado año; el deterioro de las escuelas infantiles públicas; la falta de urgencias extrahospitalarias;  o la falta de presupuesto en Servicios Sociales y los malos tratos denunciados por algunas de sus usuarias, según denuncia la Asamblea de Vivienda de Villalba. En su lugar, lo que se construye como el principal problema del municipio es la inseguridad definida en términos raciales y de clase, no de incapacidad de sostener la vida. Un problema para el que, además, el Ayuntamiento tiene una solución clara: odio, vigilancia, castigo y expulsión.

Más cámaras, menos casas

En esta línea, otro pilar de la securitización es el desarrollo de medidas puramente punitivas —y que sólo el Ayuntamiento, como parte del Estado y de su monopolio de la violencia, puede aplicar— orientadas a acabar con la inseguridad en Villalba. Estas medidas incluyen desalojos cautelares como el de la 1315, pero también el del antiguo Hostal Florida, en marzo de 2026, o el de la calle Trinidad 19, en septiembre de 2025. En todos los casos, las personas desalojadas fueron expulsadas sin alternativa habitacional ni apoyo de los Servicios Sociales del municipio. De hecho, una de las vecinas de Trinidad 19, Montse, falleció dos meses después de ser desahuciada y haber pasado semanas viviendo en la calle.

No obstante, las medidas punitivas del Ayuntamiento van mucho más allá de la cuestión de la vivienda. En los últimos siete meses, el Consistorio ha invertido casi dos millones de euros en tecnologías de “seguridad”, según sus propias comunicaciones, noticias en prensa local y la información disponible en el Portal de Contratación Pública. Sin embargo,la dispersión y opacidad de los datos hace que no sea posible establecer una cuantía exacta ni asegurar que no existan más inversiones.

Entre estas adquisiciones destacan los 154.000€ invertidos en abril de 2026 en tecnología y armamento, que en palabras de la alcaldesa “consolida la apuesta por un modelo de seguridad basado en tecnología avanzada, inteligencia operativa y respuesta inmediata”; cinco coches seminuevos para la policía local; o un plus de productividad de medio millón de euros para este cuerpo, vinculado a la imposición de sanciones.

Sin embargo, el plato estrella de este desembolso, alcanzando prácticamente el millón de euros, es la expansión del sistema de videovigilancia. En total, se prevé llegar a las 180 cámaras, entre las dedicadas a vigilancia del tráfico y a la “seguridad ciudadana”. En algunos casos, estas cámaras cuentan con sistemas de inteligencia artificial como lectores automáticos de matrícula o capacidad de detección de “metadatos humanos” (género, rango de edad, color de ropa, mochilas, máscaras, etc.), según la memoria justificativa del contrato.

Un desembolso que no deja de parecer desproporcionado, especialmente teniendo en cuenta que, de esta forma, Collado Villalba superará a Madrid capital en ratio de cámaras por habitante: 26 cámaras por cada 10.000 habitantes en Villalba frente a 1 por cada 10.000 habitantes en Madrid. La desproporción es evidente también si ponemos el foco en los Servicios Sociales del municipio, cuyo presupuesto por habitante es de los más bajos de la Comunidad de Madrid y su programa de vivienda, inexistente.

Es por tu bien: insalubridad y tecnocracia

Por último, otro elemento clave de estas políticas de  securitización consiste en la justificación de decisiones que tienen profundas consecuencias sobre las vidas de quienes las padecen mediante argumentos presentados como técnicos y objetivos. Así, se neutraliza cualquier cuestionamiento sobre su carácter eminentemente político. Este es, en efecto, el argumento utilizado para todos los desalojos cautelares realizados. En el caso particular de la 1315, se justificó el desalojo por supuestos “problemas estructurales“, a pesar de que un informe técnico encargado por la Asamblea de Vivienda de Villalba señaló que no existían estos problemas; por la ausencia de cédulas de habitabilidad; o por la existencia de basura en el edificio, argumento también usado en Trinidad 19.

El Ayuntamiento decide que es menos insalubre vivir en situación de calle que bajo un techo

Movilizando de esta forma una ya muy antigua equivalencia (pobre = sucio), el Ayuntamiento decide que es menos insalubre vivir en situación de calle que bajo un techo, se desentiende de las consecuencias de sus decisiones o exime su responsabilidad dirigiéndola a SAREB (también propietaria del edificio de Trinidad 19, y que se había negado a dar un alquiler social a la gran mayoría de vecinas tanto de Trinidad como de la 1315). No es que estén tratando de defender la propiedad privada por encima de todo, ni que para ellos unas vidas valgan más que otras, ni que el foco en la guerra contra la okupación sea fructífero electoralmente; se trata, simplemente, de que ciertos edificios no están en condiciones de ser habitados, que son insalubres. El Ayuntamiento utiliza una retórica neutral para justificar decisiones que serían intolerables bajo otra lógica: una donde la prioridad real fuera proteger la vida de las personas y no mantener un orden social injusto.

Ante su represión, apoyo mutuo

En un sistema cada vez más precario para cada vez más capas de población, el Estado y el capital deben convencer de su propia necesidad para mantener el orden social. Un orden que, desde esta perspectiva, aunque imperfecto, es el mejor posible: ¿cuál es la alternativa si no? Convierten a las expulsadas por el sistema en enemigos a combatir, desplazando la verdadera fuente de inseguridad para la mayor parte de la población (el capitalismo, el colonialismo, el patriarcado) al cuerpo de unos determinados “sujetos peligrosos”: el migrante, el MENA, la delincuente, el drogadicto, la okupa. Es, sin embargo, una inseguridad que se reproduce a sí misma: el Estado necesita un cierto nivel de delincuencia para seguir justificando su existencia y autoridad.

Convierten a las expulsadas por el sistema en enemigos a combatir, desplazando la verdadera fuente de inseguridad para la mayor parte de la población (el capitalismo, el colonialismo, el patriarcado) al cuerpo de unos determinados “sujetos peligrosos”

Frente a la verdadera inseguridad, la que nos expulsa de nuestras casas, la que nos obliga a aceptar condiciones de explotación laboral si queremos llegar a fin de mes, la que nos encierra en CIES y nos condena a vivir escondiéndonos de la policía, la que nos multa y encarcela por defender el derecho a una vida digna, no hay cámaras de videovigilancia que valgan. Desde el movimiento de vivienda sabemos que ante los procesos de securitización y ante el punitivismo de Estado, que se refuerza con los tambores de guerra y la crisis que los acompaña, se hace esencial visibilizar estas lógicas perversas y organizarse contra ellas, también en las periferias. Nos va, literalmente, la vida en ello.