Infancia migrante
Cuatro claves para seguir el debate sobre la reforma de la Ley de Extranjería

En los últimos años, el Gobierno Canario viene apelando a la solidaridad de las comunidades autónomas, señalando su incapacidad de dar respuesta a la llegada de personas migrantes a sus costas. Con más de 20.000 personas arribadas desde que empezó el año, en 2024 se ha marcado un nuevo récord en el incremento continuo de personas que eligen la ruta canaria a pesar de su peligrosidad ante la ausencia de vías legales y seguras y el cierre de otras rutas. Muchas de estas personas son niños, niñas y adolescentes que migran solos, o han llegado solos a territorio europeo,  cuyos derechos no están siendo garantizados dada la saturación de los centros de acogida en las islas.

Ante esta situación, el gobierno presentaba el pasado lunes 15 de julio su propuesta para una reforma de la Ley de Extranjería, y en concreto su artículo 35— que implica la recepción obligatoria de niños, niñas y adolescentes migrantes por parte de las Comunidades Autónomas cuando los territorios de llegada, Canarias, Ceuta y Melilla, vean superados en un 150% sus recursos de acogida. Durante la última semana se han sucedido las negociaciones entre las fuerzas políticas, llegando al día en el que se debe encarar la propuesta del gobierno en un ambiente de tensión y cierta incertidumbre.

El destino de 3.000 menores migrantes, que son los que, si se aprueba la reforma, deberían trasladarse a península, depende de la discusión de hoy en el Pleno del Congreso de los Diputados en el que se debatirá la toma a consideración de una Reforma de la Ley de Extranjería que ya parte con la negativa de Junts y Vox, y casi seguro, con la del PP. La jornada de hoy es un episodio más de un tira y afloja entre el gobierno, las comunidades autónomas y las formaciones políticas, que han protagonizado cambios en su posición, como ERC, quien se había manifestado previamente contra la reforma y que finalmente votaría a favor, dejando aún más una situación de suspense, al permitir que la abstención de Junts o la del PP, sean suficiente para que avance la propuesta.  

Han sido sobre todo los bandazos en la postura del Partido Popular, socio de gobierno de Coalición Canaria, los que han marcado la agenda mediática y política estas últimas semanas

Una cuestión de relato

Han sido sobre todo los bandazos en la postura del Partido Popular, socio de gobierno de Coalición Canaria, los que han marcado la agenda mediática y política estas últimas semanas. El partido liderado por Alberto Núñez Feijóo, que pasaba de asegurar que su formación aceptaba el reparto voluntario de menos de 400 migrantes —acordado semanas antes del debate sobre la Reforma— calificando a su partido de “solidario y coherente”,  a abonar bulos como que el gobierno “mete en aviones a menores migrantes” y luego “los deja en determinados barrios”, para acabar relacionando directamente a la infancia migrante con la inseguridad afirmando “los españoles tenemos derecho a salir tranquilos a la calle”, en la víspera del debate sobre la reforma. El PP canario, por su parte, pasaba de apoyar la propuesta de un mecanismo obligatorio de reparto en la Asamblea Regional a desvincularse de la iniciativa en los días previos al debate en el Congreso, aduciendo que la reforma es un proyecto de PSOE, Sumar y Coalición Canaria que le excluye.

La expectación ha llegado hasta las jornadas previas al debate: el pasado domingo se daban los últimos contactos entre el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres y Miguel Tellado, portavoz del Grupo Popular, no llegaron a ningún acercamiento.  Mientras el PP insistía el lunes en que el PSOE no había aceptado sus condiciones —que incluirían declarar la emergencia migratoria para todo el territorio nacional, reforzar el control de fronteras, más financiación a las comunidades autónomas, implicación del gobierno en la “gestión” de menores, o asegurar que todas las comunidades autónomas, con énfasis en Catalunya, deban recibir infancia migrante— Torres afirmaba que parte de las medidas ya estaban incluidas en la reforma, mientras que otras podrían debatirse en el periodo de tramitación de la ley.  El portavoz del PSOE, Patxi López, calificaba de “excusas”, los argumentos de los populares. “El PP no necesita a Vox para ser Vox, para hacer políticas de ultraderecha. Mañana lo va a demostrar una vez más votando en contra de la reforma de la ley de extranjería, así que ni partido de estado ni nada de nada”, afirmaba el político.

Las niñas, niños y adolescentes que migran solos, en el centro del último pulso partidista

Sarah Babiker

Infancia migrante

Fronteras Las niñas, niños y adolescentes que migran solos, en el centro del último pulso partidista

Sarah Babiker

Junts, PP y Vox se resisten a la reforma de la Ley de Extranjería que propone el gobierno para regular el “reparto” territorial de las personas menores no acompañadas que llegan a Canarias.

Juego de posiciones en las derechas

La decisión de Vox de romper con el PP allá donde gobernaban en coalición, a pesar de haber generado una crisis dentro del partido ultraderechista provocando el disenso de algunos de sus miembros, e incluso algunas salidas, ha servido al partido de ultraderecha, —abonado a la estigmatización de niños, niñas y adolescentes migrantes en un contexto en el que, según denunciaba el Observatorio contra el Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) este grupo de población es el objetivo predilecto de los discursos de odio online— para ondear la bandera de la coherencia y hacer de la criminalización de la infancia migrante el núcleo de su agenda. Estrategia ante la que cual el PP ha respondido abundando en el marco antimigración propuesto por sus hasta ahora socios.

Vox no se ha mostrado dispuesto a abandonar su principal activo. Un día antes de la votación daban por hecha la abstención del PP calificándola de “estafa” a sus votantes, en palabras de su portavoz  José Antonio Fúster. El “pique” entre ambos partidos les lleva incluso a disputarse a los votantes, mientras la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, invitaba a sumarse a su partido a los desencantados con la formación ultra, Fúster hacía lo mismo horas después, ofreciendo las filas de Vox a los votantes del PP “que se sientan estafados”.

Respecto a la disputa en las derechas se pronunciaba Sumar a través del ministro de Cultura Ernest Urtasun durante la jornada del lunes:  “Lamentamos que el PP no vaya a apoyar la reforma de la Ley de Extranjería. Estamos hablando de derechos fundamentales. El PP, entre España y el racismo de Vox, elige a Vox. Entre la petición de ayuda de Canarias y el racismo de Vox, elige a Vox”, afirmaba en la red social X.

Vox rompe con el PP y abandona los gobiernos autonómicos

Redacción El Salto

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Vox

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Los de Abascal cumplen con la amenaza y anuncian que “los acuerdos están rotos” con el partido de Núñez Feijóo.

Solidaridad y reparto

La norma que se debatirá hoy establece las plazas que tanto Canarias como Ceuta y Melilla deberán mantener disponibles una vez entrada la norma en vigor, fijando con ello a partir de qué número se rebasa la capacidad de los recursos de cada autonomía: así mientras el archipiélago cuenta con  2.000 plazas, el número de menores presentes en sus centros se acerca a los 6.000 por lo que son más de 3.000 los que dependen de la aprobación de la Reforma para ser trasladados. En cada una de las ciudades autónomas hay unos 400 niños, niñas y adolescentes aproximadamente, mientras las plazas se estipulan en 166 en Melilla y 88 en Ceuta, por lo que se habría alcanzado también la saturación (teniendo un límite de 146 en el primer caso y de 132 en el segundo).

La propuesta del mecanismo vinculante de reparto llega después de que en los pasados años, muchas comunidades autónomas no cumplieran con los compromisos voluntarios, tratándose de cifras que en muchas casos suponen solo decenas de niños, niñas y adolescentes migrantes. En 2023, por ejemplo, con una partida de 20 millones de euros para financiar la acogida en las comunidades, Andalucía recibió a 30 de los 36 menores comprometidos, Aragón 16 de los 24, Asturias 16 de 32, y el resto de comunidades autónomas ninguno, aún cuando la cifra de menores era muy modesta —siendo la mayor la de la Comunidad de Madrid, con 34 personas. 

“No son cromos”: colectivos piden que se respeten los derechos de los menores no acompañados en su reparto

Sara Plaza Casares

Ley de Extranjería

Migraciones “No son cromos”: colectivos piden que se respeten los derechos de los menores no acompañados en su reparto

Sara Plaza Casares

Mientras el Gobierno presentan una proposición de ley para repartir a los niños y niñas no acompañados que han llegado a las costas de Canarias, colectivos ven la medida como necesaria pero recuerdan que es solo un “parche”.

Parches en los derechos de la infancia

Pero los colectivos migrantes y las organizaciones de derechos humanos ponen el foco en que la reforma de la Ley de Extranjería, con su incidencia sobre el reparto, deja sin abordar por un lado la necesidad de vías legales y seguras, y por otro lado las condiciones de acogida, mientras que supone solo un respuesta parcial que no cuestiona los problemas estructurales que subyacen a la normativa migratoria, y deja al margen una apuesta mucho más ambiciosa que está en espera de su tramitación en el Congreso, la ILP para la regularización extraordinaria de las personas migrantes. 

En este sentido se manifestaba la plataforma Regularización Ya en las redes durante la jornada del lunes: “Ante cualquier intento de maquillar reforma tras reforma la maquinaria burocrática racista de la Ley de Extranjería, instamos al Gobierno más progresista de la democracia española a aprobar la ILP Regularización”. En el mismo mensaje en X el colectivo apuntaba a dos problemáticas enquistadas en las políticas migratorias que tienen carácter estructural y que impiden a las personas migrantes acceder a derechos contemplados por la ley, como son la faltas de citas para trámites migratorios, como la negativa ilegal de los municipios a empadronar a las personas, independientemente de su situación administrativa, lo que impide a miles de personas tanto a acceder a derechos sociales básicos como avanzar en sus procesos de regularización.  

📢 Ante cualquier intento de maquillar reforma tras reforma la maquinaria burocrática racista de la Ley de Extranjería, instamos al Gobierno más progresista de la democracia española a aprobar la #ILPRegularizacion#SinCitasNoHayDerechos#SinPadronNOHayDerechos#RegularizacionYa pic.twitter.com/wVJReFCj3R

— ✳️ RegularizacionYa Cuenta Oficial (@RegularizacionY) July 22, 2024

Bajo el hashtag #acogidadigna, desde Amnistía Internacional, reclamaban ayer a los grupos parlamentarios apoyar la reforma de la Ley de Extranjería, demanda a la que añadían la exigencia de que se establezcan “las salvaguardas que garanticen que se actúa siempre en base al principio del interés superior del menor y que, en ningún caso, se genere discriminación por razón de la nacionalidad en relación con el resto de menores tutelados”. 

En la centralidad del interés superior del menor, se enfocaba también a principios de mes la Plataforma de Organizaciones de Infancia, que recordaba que más allá de la reacción a una coyuntura urgente, “la respuesta ha de ir de la mano de un fortalecimiento de los sistemas de protección de manera estructural, trabajando en la prevención y en la capacidad de responder con celeridad ante situaciones de emergencia, garantizando la calidad de los recursos en todo el territorio de manera equitativa y corresponsable”. En este sentido, desde la Plataforma declaraban “es esencial que el órgano competente de la Administración General del Estado que decidirá sobre los traslados sea una administración cuya misión sea velar por los derechos de la infancia, por encima de cualquier otro interés, como el control de fronteras o la gestión de flujos migratorios”.