Memoria histórica
Vox y PP registran en Extremadura una Ley de Concordia que derogará la Ley de Memoria Histórica

Ayer, 27 de marzo, PP y Vox registraron conjuntamente su propuesta de Ley de Concordia, que vendría a sustituir la vigente Ley 1/2019, de 21 de enero, de memoria histórica y democrática de Extremadura. El anuncio fue hecho público por Ángel Pelayo Gordillo, portavoz de Vox en la Asamblea de Extremadura, en un gesto que ha sido interpretado como simbólico habida cuenta de que la derogación de la vigente legislación memorialista era una de las exigencias prioritarias iniciales de la extrema derecha para apoyar el gobierno del Partido Popular en la comunidad autonómica. Un ejecutivo presidido por María Guardiola en minoría y que, necesariamente, requiere del concurso de otras fuerzas para sacar adelante sus iniciativas en sede parlamentaria.

Roto el pasado verano el acuerdo de gobierno suscrito entre ambas fuerzas en 2023, el Partido Popular se ha visto en la necesidad de negociar acuerdos puntuales que, no obstante, no consiguieron sacar adelante los presupuestos de la región para 2025, abocando a Guardiola a presentar un paquete de medidas fiscales que desbloqueara la legislatura y que, finalmente, fue aprobado el pasado mes de febrero. El señalado decreto-ley incorporó siete enmiendas de Vox y, además, el compromiso explícito de derogación de la legislación referente a memoria histórica, aspecto este que quedaría finalmente cumplido con la propuesta registrada ayer.

El Partido Popular ya votó en contra, en su día, de la vigente Ley de memoria histórica y democrática aprobada en 2019. No obstante, los populares tampoco apoyaron a Vox cuando, el pasado enero, esta formación presentó su propia “ley de la concordia”, que fue reprochada desde el PP de unilateralismo.

PP y Vox sellan su reconciliación en Extremadura sacrificando la Ley de Memoria Histórica

Redacción El Salto Extremadura

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Acuerdo PP-Vox PP y Vox sellan su reconciliación en Extremadura sacrificando la Ley de Memoria Histórica

Redacción El Salto Extremadura

La aprobacion del decreto de medidas fiscales de Guardiola contó con los votos de Vox y desbloquea parcialmente una legislatura gobernada en minoría y sin Presupuestos Generales. Como moneda de cambio: la derogación de la Ley de Memoria Histórica.

Tras la recomposición de la mayoría parlamentaria, ya señaló Guardiola que no iba “a poner el retrovisor para echar nada en cara a Vox”. Efectivamente, todo indica que el “borrón y cuanta nueva” ha sido total. Tanto es así que Unidas por Extremadura ha afirmado, a través de Irene de Miguel, su portavoz, cómo “hace escasamente dos meses la señora Guardiola dijo que la Ley de Concordia de Vox era una ley infame y frentista. Y ahora resulta que dos meses después, solamente para poder sacar adelante sus medidas fiscales que además benefician a los rentistas y a los más ricos, pues aprueba la Ley de Concordia”. En idéntico sentido, De Miguel ha apuntado que “a Guardiola no se le puede creer ni una sola palabra”.

En parecido tono, Piedad Álvarez, del PSOE, ha afirmado que la norma registrada es un “capítulo más en el avance del Pacto del Ventorro a la extremeña” y que “ni siquiera se ha producido la votación de la Ley de Medidas Fiscales que tienen acordada conjuntamente y ya han hecho un registro de una nueva ley denominada Ley de Concordia. Parece que Vox tampoco se fía del Partido Popular. Y antes que nada, se va a cobrar el peaje”.

La llamada Ley de Concordia recoge, en lo esencial, el argumentario de Vox en relación a la memoria histórica y prácticamente todas las medidas reclamadas por la extrema derecha en este terreno

La llamada Ley de Concordia recoge, en lo esencial, el argumentario de Vox en relación a la memoria histórica y prácticamente todas las medidas reclamadas por la extrema derecha en este terreno. Elimina el término dictadura para referirse al periodo franquista, se retrotrae a 1931, paraliza los procedimientos exhumatorios no concluidos, no especifica financiación alguna (exclusivamente habla de “promover y facilitar”), acaba con la obligación de eliminar simbología de la dictadura franquista, elimina todos los organismos públicos creados con la vigente ley y, como telón de fondo argumental, sostiene que “nunca ha habido un relato consensuado sobre la segunda república, la guerra civil y el franquismo”. También añade la particularidad de reconocer “a todas las víctimas de la violencia social, política, del terrorismo o de la persecución ideológica, religiosa o de cualquier otra índole acaecidas en Extremadura durante el periodo histórico comprendido entre 1931 y nuestros días”, una polémica inclusión de las víctimas del terrorismo, teniendo en cuenta que estas ya disponen de su propia regulación, la Ley 2/2020 de de apoyo, asistencia y reconocimiento a las víctimas de terrorismo de Extremadura.

Duras críticas desde las asociaciones memorialistas

En la exposición de motivos de la citada Ley de Concordia se detalla como fundamento de la misma que “una reconciliación tiene su fundamentación en el reconocimiento de los errores de la sociedad de aquel entonces, en la necesidad de reparar el daño de todas las víctimas, de uno y otro bando, de reparar las injusticias y los agravios, sin causar otras injusticias y nuevos desagravios, y por eso apostamos en estos momentos por una Ley de Concordia”.

Las críticas de las organizaciones memorialistas (que se verán excluidas de la futura Comisión Técnica de Concordia que sustituirá al actual Consejo de Memoria Histórica) al fondo y articulado de la iniciativa legislativa no se han hecho esperar. Así, desde la ARMHEx (Asociación para la Recuperación de la Memoria histórica de Extremadura), a preguntas de El Salto Extremadura, se ha señalado tras conocer el registro de la nueva ley que “valoramos muy negativamente y un despropósito la derogación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura y su sustitución por una supuesta de ‘concordia’. El proyecto presentado es una copia de otros que la derecha y la extrema derecha han presentado en otras CCAA”.

“no condena a los golpistas que provocaron una guerra contra el gobierno democrático republicano y una sangrienta dictadura. Equipara a víctimas y verdugos. Luego, mete a las víctimas del terrorismo (que tienen su propia Ley y son casos totalmente diferentes al de las víctimas del franquismo)”

El citado colectivo, sumando críticas a la iniciativa de PP y Vox, añade también que esta “no condena a los golpistas que provocaron una guerra contra el gobierno democrático republicano y una sangrienta dictadura. Equipara a víctimas y verdugos. Luego, mete a las víctimas del terrorismo (que tienen su propia Ley y son casos totalmente diferentes al de las víctimas del franquismo). Somete la autorización de apertura de fosas a un organismo burocrático que se reúne cada tres meses y que luego se tiene que publicar en el DOE... dilatando y alargando todo el proceso y la inquietud de los familiares. Desaparecen las asociaciones de memoria histórica, con las que no se ha contado ni escuchado y que fueron las impulsoras de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura”.

ARMHEx concluye considerando el proyecto como “todo un despropósito y que no tiene en cuenta los parámetros marcados por la ONU con respecto a las víctimas de desapariciones forzadas. Por cierto el concepto de ‘concordia’ fue uno de los lemas más usados por los golpistas para justificar su acción, restablecer la ‘concordia entre los españoles’ que ya sabemos cómo acabó: con las cunetas llenas de víctimas y una sangrienta dictadura. Desde la Armhex hacemos un llamamiento a las demás asociaciones y a la sociedad extremeña para hacer frente ante el intento de la derecha y de la extrema derecha para acabar con la memoria histórica”.