Memoria histórica
Los lugares de memoria como símbolos de nuestra historia

El pasado 16 de febrero, más de 300 personas se concentraban en la Puerta del Sol de Madrid ante la antigua Dirección General de Seguridad (DGS), donde hoy se ubica el Gobierno de la Comunidad de Madrid, reclamando que sea declarado “lugar de memoria” y se signifique con una placa rememorativa. La DGS fue un centro de detención y torturas durante todo el franquismo y la transición, al que llevaban a las personas detenidas por motivos políticos y sociales, y era sede de la Brigada Político Social, policía política del franquismo, y de la Policía Armada.

Entre las participantes en la concentración, intervinieron detenidas, represaliadas y torturadas. Es el caso de Pepe Benito, integrante del PCE que relató su paso en repetidas ocasiones por los despachos y calabozos de la DGS; Nati Camacho, dirigente textil de CC OO detenida en varias ocasiones; Willy Meyer, de la Fundación Marcos Ana y querellante por torturas contra el policía Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño; y Kutxi Echegoyen, torturada por el mismo agente de régimen y cuya querella ha sido admitida en el Comité de Derechos Humanos de la ONU.

La antigua DGS fue un lugar de tortura y detención y, a la luz de la Ley de Memoria, ha de ser declarado como “lugar de memoria” a fin de avanzar en el proceso de memoria, verdad y justicia, y que represente una reparación para las personas represaliadas y sus familiares

El artículo 49 de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática afirma que es un lugar de memoria “aquel espacio, inmueble, paraje o patrimonio cultural inmaterial o intangible en el que se han desarrollado hechos de singular relevancia por su significación histórica, simbólica o por su repercusión en la memoria colectiva, vinculados a la memoria democrática, la lucha de la ciudadanía española por sus derechos y libertades, la memoria de las mujeres, así como con la represión y violencia sobre la población como consecuencia de la resistencia al golpe de Estado de julio de 1936, la Guerra, la Dictadura, el exilio y la lucha por la recuperación y profundización de los valores democráticos”.

La antigua DGS fue un lugar de tortura y detención y, a la luz de la Ley de Memoria, ha de ser declarado como “lugar de memoria” a fin de avanzar en el proceso de memoria, verdad y justicia, y que represente una reparación para las personas represaliadas y sus familiares. En el mismo sentido, en Barcelona se exige desde hace tiempo que la Jefatura Superior de Policía de Barcelona, más conocida como la comisaría de la Via Laietana, se cierre y sea declarada centro de memoria de la represión, por ser el escenario de torturas durante el franquismo. Esta iniciativa, impulsada desde movimientos de la sociedad civil a través de la campaña “Vía Laietana 43. Fem justicia, fem memoria”, ha sido llevada al Congreso de los Diputados a través de ERC y ha sido recientemente rechazada por el PSOE, afirmando el diputado Rafael José Vélez que “los tiempos de la represión de esta comisaría están superados”.

Sin duda, es preocupante que se adquieran y utilicen discursos como este, alentando posturas propias de la derecha y la extrema derecha, que pretenden negar la realidad histórica y obstaculizar la construcción de un proceso de memoria, verdad y justicia. Sin memoria, no hay historia, y es nuestra responsabilidad construirla —como se ha hecho en la mayoría de los países con procesos similares— como pueblo con las víctimas, sus familias y con la propia historia y salud democrática del Estado.

Entre algunas buenas prácticas que podemos encontrar en cuanto a políticas de memoria, de forma reciente, en Valencia, el Consell impulsaba un Plan de Memoria Histórica para promover los derechos de las víctimas. Este contenía objetivos y prioridades, además de establecer medidas específicas relativas a los trabajos de indagación, localización, exhumación e identificación de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo.7

El Estado español es una excepción entre muchos países que han convertido centros de represión y torturas como lugares de memoria

Este Plan, como explica Valencia Plaza, se estructura en seis ejes referidos a la exhumación e identificación de víctimas, con la previsión de la creación de un mapa de fosas y un banco de datos de ADN, incluyéndose también un plan específico de bebés robados para su identificación. En segundo lugar, se aborda la eliminación completa de vestigios contrarios a la memoria y a la dignidad de las víctimas en territorio valenciano. Igualmente, se desarrolla una política de exhibición del patrimonio relacionado con la II República, la Guerra Civil, la dictadura y la transición, siendo “El Terrer de Paterna” un lugar de memoria e instituyendo un memorial dedicado a las 2.238 personas que fueron asesinadas en ese lugar. Asimismo, se contempla la protección del patrimonio bélico, la construcción de monumentos y memoriales dedicados a las víctimas de la represión, un centro de interpretación de memoria y la creación de un fondo documental sobre memoria democrática.

El tercero de los ejes se refiere a la participación de la sociedad civil en la implementación de políticas de memoria y el cuarto aborda la reparación y el reconocimiento de las víctimas —y prevé la creación de oficinas de atención y ayuda a las víctimas, abordándose como propuesta el impulso de una iniciativa legislativa de modificación del Código Penal para introducir el delito de apología del franquismo, como se recoge el enaltecimiento del terrorismo en el art. 578 del Código Penal—.

Los lugares de memoria, como territorios, símbolos y marcas de la historia de la represión durante el franquismo, son una parte esencial para la construcción del proceso de memoria. El Estado español es una excepción entre muchos países que han convertido centros de represión y torturas como lugares de memoria. Entre ellos, y en suelo europeo, destacan en Portugal el Museo do Aljube, Resistencia e Liberdade; la Casa del Terror, en Hungría; o el Museo Estatal Auschwitz-Birkenau en Polonia.

En la Argentina, la memoria se sigue cuidando y construyendo, a través de la sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos

En América Latina, especialmente, en Argentina y Chile, se desarrollaron importantes procesos de construcción de memoria, verdad y justicia. Entre tantos centros de memoria se encuentra la Escuela de Mecánica Armada de Buenos Aires (ESMA), en la que 5.000 personas fueron secuestradas y torturadas entre 1976 y 1983. Además de este espacio, en la actualidad existen más de 200 lugares de represión que han sido señalizados como sitios, mientras que 34 experiencia de recuperación de espacios de memoria se despliegan en distintas localidades de Argentina, siendo “espacios públicos, abiertos, con entrada libre y gratuita, y con el compromiso de dar cuenta del pasado reciente, de investigar y reflexionar sobre la violencia estatal y las luchas sociales que esa violencia buscó acallar en distintos períodos de la historia”, según afirma el Ministerio de Cultura de Argentina.

Como apuntan desde el Parque de la Memoria, los espacios de memoria buscan reconstruir y visibilizar nuestro pasado reciente marcado por el accionar del Terrorismo de Estado. “Durante muchos años, luego de entrada la democracia, sectores ligados al poder político, económico y judicial expresaban que no se debía investigar lo sucedido durante la dictadura. Por esto, a través de la búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia, con los Organismos de Derechos Humanos a la cabeza, es que se continúa reconstruyendo qué sucedió con las personas desaparecidas, los bebés apropiados y en diversos sectores de la estructura social”, continúan.

Entre otros lugares de memoria también destacan Casa Mariani-Teruggi, ubicada en La Plata; el Archivo provincial de la Memoria (Córdoba), que fue uno de los centros clandestinos de detención más importantes que funcionaron; la Casa por la Memoria (Chaco); el Sitio de la Memoria El Chalet-Hospital Posadas (Buenos Aires); el Espacio para la Memoria Casa Grande, en Mendoza; o la Escuelita de Famaillá, ex centro clandestino de detención, en Tucumán.

Aprender de los procesos de memoria de otros lugares que han sufrido procesos dictatoriales para emprender el camino de la justicia, memoria y verdad es vital

En la Argentina, la memoria se sigue cuidando y construyendo, a través de la sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos, siguiendo el legado impulsado por Abuelas de Plaza de Mayo, Madres, Hijos y Nietes, organización esta úlitma de nietas y nietos de desaparecidos, asesinados, ex detenidos y exiliados. La memoria del pueblo argentino como proceso de transmisión intergeneracional se representa en la consecución histórica de organizaciones de familiares de personas detenidas, desaparecidas que siguen reclamando a día de hoy memoria, verdad y justicia.

En Chile, el Estadio Nacional recuerda que “un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro” y a través del proceso de memoria se han ido reconfigurando lugares de tortura como centros de memoria. El Estadio fue entre septiembre y noviembre de 1973 el centro de detención más grande del país, en él se torturaba y se realizaban simulacros de fusilamiento, y fue declarado Monumento Histórico en 2003. Villa Grimaldi, en el área metropolitana de Santiago, fue declarado en 2004 Monumento Nacional, por ser el centro clandestino de detención y tortura más importante, que funcionó desde 1974. Allí se sometía a las personas detenidas a sesiones de tortura y se les mantenía prisioneras a la espera de nuevos interrogatorios y de decidir qué hacer con ellos.

Los centros de detención y tortura del franquismo han de ser declarados lugares de memoria histórica, a tenor de la Ley de Memoria, y en aras de construir un proceso serio y consistente de memoria, verdad y justicia en el Estado

Destaca también, entre otros, el Estadio Víctor Jara, conocido previamente como Estado Chile, que fue utilizado como centro de detención y tortura, y hasta allí llegó el cantautor, detenido en la Universidad Técnica del Estado junto a otros militantes de izquierda. Hoy, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos busca dar a conocer a todo el pueblo la historia de lo que sucedió, para seguir construyendo memoria, verdad y justicia.

Aprender de los procesos de memoria de otros lugares que han sufrido procesos dictatoriales para emprender el camino de la justicia, memoria y verdad es vital. A este fin, seguir contribuyendo a la construcción de nuestra historia es esencial, y tarea de la que todas las personas somos responsables. Como afirman Ana Guglielmucci (Universidad de Buenos Aires- CONICET) y Loreto López (Uniersidad de Chile) en su artículo Restituir lo político: Los lugares de memoria en Argentina, Chile y Colombia, los espacios son una parte de una función restitutiva del ámbito de lo político y lo comunitario, en el proceso social e institucional de memorialización sobre experiencias vinculadas a pasados de violencia. A tenor de lo que afirman estas investigadoras, “la construcción de lugares de memoria es una de las formas en que se desarrolla la memorialización, entendida como esfuerzo colectivo por situar señales públicas de recuerdo en torno a acontecimientos y experiencias del pasado que resultan significativas para grupos o comunidades específicas, y que en tanto ejercicio público constituye una acción política en la cual se advierten diálogos y tensiones entre los sentidos atribuidos a los hechos recortados”. De tal modo, como afirma Estela Schindel, docente en el Instituto Latinoamericano de la Universidad Libre de Berlín, no solo es un proceso en el cual se “ejercen y plasman las memorias”, sino también “los conflictos asociados a ellas” en el presente.

Por todo ello, y como vienen reclamando —con mucho esfuerzo— durante muchos años las organizaciones de memoria histórica, además de organizaciones de víctimas y familiares del franquismo, los centros de detención y tortura del franquismo han de ser declarados lugares de memoria histórica, a tenor de la Ley de Memoria, y en aras de construir un proceso serio y consistente de memoria, verdad y justicia en el Estado. Estamos a tiempo.