Memoria histórica
Líderes de Compromís sufren amenazas de la ultraderecha tras la retirada de una cruz franquista

“En el día de ayer y después de muchos contratiempos, se consiguió por fin retirar por parte del ayuntamiento de Castelló la Plana, la cruz franquista que está ubicada en el Parc Ribalta de la ciudad”. Así introduce Carles Mulet, senador de Compromís, las preguntas formuladas a la Cámara tras lo acontecido en la jornada de la retirada de la cruz, en la que un grupo de extrema derecha increpó a representantes políticos de Compromís en el acto de retirada del símbolo franquista en cumplimiento a la Ley de Memoria Histórica. 

Después de casi 80 años permaneciendo en esa ubicación y ahora devuelta al Obispado —que la reubicará en una parroquia—, la lucha por la retirada de este símbolo en la capital de Castelló se remonta hace tres años. Ruiz, concejala de Memoria Histórica en el Ayuntamiento de Castelló, mostraba ayer su satisfacción por la conclusión del acto, aunque estuvo cargado de tensiones: un grupo de ultras increpó a dirigentes de Compromís durante el evento.

Ya el 3 de enero Javier Torres, presidente de la Plataforma en defensa de la Cruz del Ribalta, fue identificado por la Policía Local tras acceder al recinto del parque con unas esposas con la intención de encadenarse al símbolo franquista para impedir su retirada. Este primer intento de entorpecer el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica fue continuado, ayer, por la mencionada concentración de un grupo de ultras que profirió numerosas agresiones verbales a representantes políticos que acudían al acto —entre ellos Verònica Ruiz, Carles Mulet y los tres concejales de la coalición— y se enfrentaron verbalmente con una concentración antifascista, que celebraba la retirada de la cruz.

“Desde nuestra llegada, tanto los cargos públicos como las personas demócratas, sufrimos todo tipo de insultos gravísimos y amenazas contra nuestra integridad física o directamente contra nuestra vida, todo ello mientras la Policía Nacional permanecía impasible”, expresa Mulet en su pregunta al Senado. “Fuimos diversos los ciudadanos que nos dirigimos a miembros de la Policía Nacional exigiendo que identificasen no solamente a estos sujetos por las graves amenazas proferidas, sino también por proclamas de exaltación fascista claramente prohibidos por la Ley de Memoria Democrática”. 

“Que os cuelguen de la soga, hijos de puta”, “os pasaremos por encima, pero como en el 36, cabrones”, “cuando no esté la policía me lo dices”, “ven aquí sin protección”, son algunas de las amenazas registradas en los vídeos del acto de ayer. Joan Baldoví, diputado de Compromís, ha mostrado su agradecimiento y apoyo a sus compañeros de partido y celebrado la retirada del símbolo franquista no sin antes subrayar que uno de los autores de estos insultos es Rafael Suay, a quien se puede encontrar en registros visuales acompañando como escolta a Carlos Fabra —expresidente de la Diputació Provincial de Castelló acusado de varios delitos de corrupción— a los juzgados. “Creo que el PP debe disculparse más allá de por haberse opuesto a retirar símbolos fascistas”, manifiesta el diputado en sus redes sociales.

Entre las preguntas registradas por Carles Mulet al senado, destaca el interrogante del representante político alrededor de la negativa de la Policía Nacional “a identificar a los fascistas que estaban amenazándonos gravemente a cargos públicos, autoridades y a demócratas”, las instrucciones de la Subdelegación del Gobierno “para dejar impunes estos delitos” o la permisividad hacia “expresiones fascistas y saludos fascistas por parte de la Policía Nacional que están expresamente prohibidos por la Ley de Memoria Democrática”. Ante el registro de estos hechos, desde la formación naranja también se anima a la Delegación del Gobierno a pedir la identificación “y poner en conocimiento de la justicia la vulneración consciente de la Ley de Memoria Democrática y la ley autonómica de Memoria Histórica”.

La retirada del símbolo fascista se había intentado paralizar judicialmente con recursos interpuestos por Vox y Abogados Cristianos, ambos desestimados. El partido de extrema derecha incluso denunció por prevaricación a la concejala, que celebró ayer la retirada del símbolo defendiendo que “es un día en el que cumplimos con la ley de memoria democrática”.

En concreto, el monumento, construido en 1944 con la leyenda “en honor a los caídos por Dios y por España” —en 1979 se modificó la misma por “A todas las víctimas de la violencia”— se considera un vestigio del franquismo según la Ley de Memoria Democrática y suele ser un punto de encuentro para enaltecer la dictadura en la ciudad los 20N. Tras la retirada de la cruz, el monumento a los caídos será retirado por completo en menos de dos meses.