Opinión
Cuando el odio llega al cementerio y fractura la memoria democrática

Los primeros días de septiembre de 1936 Extremadura lloró sangre en frío. Tras la primera oleada de crímenes fascistas a manos de legionarios, africanistas y vecinos de derechas con ansia de venganza y de rapiña, en un agosto ardiente que había visto subir desde el sur a la Columna de la Muerte al mando de criminales que nunca fueron ni serán juzgados, llegó la represión en frío, ideada y testimoniada en listas hechas en los cuarteles de la Guardia Civil o de Falange, los asesinatos en los grandes cementerios bajo la Luna.

Cabeza la Vaca, al sur de Badajoz, había sido ocupada el 25 de agosto por  el capitán de la Guardia Civil Ernesto Navarrete Alcal, tan activo como temible, en palabras de Francisco Espinosa. En este pueblo, tras el golpe de Estado del 17-18 de julio, ni tan siquiera se había detenido a ningún derechista. No hubo quema de iglesias, ni profanación de los santos, ni saqueos en la casa de los ricos. No hubo nada que pudiera justificar lo que vendría después.

Lo que sí hubo fue una masacre. En su cementerio se fusiló al anochecer o de amanecida a vecinos y vecinas no solo del mismo pueblo, sino también de los pueblos cercanos. Algunos de los asesinados, gente honrada, fueron  José Máximo Megías Santos, casado y concejal socialista en dos ocasiones, Eugenio Nevado Zapata, soltero y de 20 años de edad, Gumersindo Nicasio Baños Agudo, casado y de 58 años, Manuel Carrasco “Pitarra”, casado, y Manuel González Megías, casado y de 54 años de edad.

Los seis eran del cercano pueblo de Calera de León; los seis habían sido apresados primero y liberados después, gracias a que algunos vecinos se lo pidieron al entonces presidente de la Comisión Gestora, jefe a su vez de Falange; los seis fueron sacados de nuevo por la noche de sus casas, cuando Navarrete se enteró de que  andaban libres, a principios de septiembre, maniatados, montados en un camión y llevados al cementerio de Cabeza la Vaca, donde les pegaron cuatro tiros. En frío.

Nunca desaparecieron. Sus voces llamaban a gritos a la memoria. Hasta que los encontramos, gracias a gente como Fernando Fernández Balsera, de quien merece la pena contar brevemente aquí su historia.

“Nunca desaparecieron. Sus voces llamaban a gritos a la memoria. Hasta que los encontramos”

Todos y todas echamos de menos a Fernando. Abandonó este mundo, pero no nuestra memoria, hace apenas un par de años. Fernando era de La Calera, como a él le gustaba llamar a su pueblo. Tras un viaje que hizo a Polonia, a los campos de exterminio nazis, regresó con intención de averiguar qué pasó en aquellos días que acabaron con la muerte de tantos calereños. De aquello salió un libro maravilloso: Campanas mudas, con una dedicatoria que decía “A las personas asesinadas en La Calera por los sublevados de 1936, por las que las campanas optaron por enmudecer”.

El libro, profuso y veraz en datos, nombres y hechos, vino después de que Fernando tuviera que enfrentar los insultos y agresiones de algunos tipos del pueblo que no estaban porque se supiera la verdad de lo que sucedió. Tuvo que soportar que le cantaran el Cara al Sol al entrar en los bares y que le rajaran las ruedas del coche y algunos otros atentados contra sus propiedades y contra sí mismo. Nunca renunció a su labor y convicción. Fruto de su tesón por fin pudimos escuchar la voz de quienes habían sido asesinados y asesinadas. Encontramos su fosas y les dimos digno enterramiento. Para que no nos pudiera el olvido, levantamos un memorial.

Los memoriales no suelen ocupar portadas ni generar titulares estridentes. Son lugares discretos, muchas veces apartados, donde el tiempo parece transcurrir de otra manera. Sin embargo, su importancia social y democrática es inversamente proporcional a su visibilidad. En ellos se condensa una cuestión esencial: qué hace una sociedad con las víctimas de su propia historia.

En municipios pequeños como Cabeza la Vaca, en el sur de Extremadura, esa pregunta no se formula en abstracto. La memoria tiene nombres concretos, apellidos conocidos: Manuela, Encarnación, Margarita, Marcelino, Manuel… son padres, madres, hermanos.... familias que aún existen. Durante décadas, la represión franquista fue una herida silenciada: vecinos asesinados, familias marcadas por el miedo y la imposibilidad de recordar en público. No hubo tumbas, ni nombres visibles, ni relato compartido. El olvido no fue una consecuencia inevitable del paso del tiempo, sino una imposición sostenida.

Desde 2006, un largo trabajo de investigación histórica y excavaciones arqueológicas en el cementerio municipal permitió localizar fosas comunes y recuperar los restos de al menos 19 personas asesinadas tras la ocupación franquista de agosto de 1936, entre ellas varias mujeres y vecinos de localidades próximas como Calera de León. Ese proceso, desarrollado durante años por familiares, asociaciones memorialistas y equipos técnicos, con el apoyo del ayuntamiento y otras instituciones, supuso una ruptura con décadas de silencio.

  “El olvido no fue una consecuencia inevitable del paso del tiempo, sino una imposición sostenida”

La construcción posterior del memorial fue mucho más que una intervención simbólica. Supuso devolver a esas víctimas lo que se les había negado durante más de ochenta años: un nombre, un lugar y un reconocimiento público. Donde antes había una fosa anónima, hoy había placas con identidades concretas. Donde hubo tierra removida y silencio, surgió un espacio de memoria democrática.

Ese es el sentido profundo de los memoriales. No buscan glorificar, sino reconocer. No pretenden reabrir heridas, sino cerrarlas con verdad y dignidad. Son lugares de duelo para las familias, pero también espacios cívicos que interpelan a la comunidad entera. Como escribió José Saramago, «somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos».

Por eso, la reciente destrucción de varias placas del memorial del cementerio de Cabeza la Vaca no puede entenderse como un simple acto vandálico. Las lápidas arrancadas y los nombres destrozados no eran objetos comunes sin sentido. Eran el resultado material de años de trabajo colectivo y la expresión tangible de un proceso de reparación. Su destrucción constituye una forma de violencia simbólica que intenta reinstalar el mensaje de que esas vidas siguen sin merecer respeto ni recuerdo.

Atacar un memorial no es un gesto neutro ni anecdótico. Supone agredir el esfuerzo de las familias, menospreciar el trabajo histórico realizado y reabrir una herida que apenas comenzaba a cerrarse. Pero, además, plantea una cuestión más amplia: qué protección real tienen hoy los lugares de memoria y qué mensaje se envía cuando esa protección se debilita.

En este sentido, no es ajeno el contexto político y normativo. La reciente aprobación en Extremadura de la denominada Ley de Concordia, que derogó la anterior Ley de Memoria Histórica y Democrática, eliminó, entre otras cuestiones, la protección específica de los lugares de memoria y la condena expresa de los actos de humillación a las víctimas. Ese cambio no es solo técnico o jurídico: tiene consecuencias simbólicas claras.

Cuando el marco institucional deja de reconocer y proteger estos espacios, la memoria se vuelve más vulnerable. Se transmite la idea de que los memoriales son prescindibles, discutibles o sometidos a vaivenes políticos. En ese contexto, ataques como el sufrido en el cementerio de Cabeza la Vaca dejan de ser hechos aislados para convertirse en síntomas de un clima de desprotección más amplio.

La memoria democrática no se sostiene únicamente con leyes, requiere un compromiso público claro, sostenido y compartido. Proteger los memoriales no significa imponer una lectura única del pasado, sino establecer un mínimo ético: el respeto a las víctimas de la violencia política y el rechazo a cualquier forma de humillación o negacionismo.

Cuando se rompen las placas de un memorial, no se destruye solo piedra. Se pone en cuestión un pacto cívico elemental. Se prueba la capacidad de una sociedad para mirar su pasado sin miedo y sin ambigüedad. La memoria, especialmente en lo local, es siempre frágil. Precisamente por eso, necesita ser cuidada.

Porque cuando se atacan los nombres grabados en un cementerio, lo que realmente está en juego no es el pasado, sino la calidad democrática del presente y la honestidad con la que una comunidad decide recordar.

Lo mismo que diría hoy día Fernando: Verdad, Justicia y Reparación.